La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko informó el miércoles, que notificó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a la Legislatura de Puerto Rico que la Certificación de Cumplimiento emitida por el Gobierno de Puerto Rico el primero de agosto de 2017 con relación a la recientemente aprobada Ley 47, no contiene el requerido estimado formal sobre el impacto fiscal de la ley.
Jaresko apuntó que su análisis preliminar la lleva a concluir que la Ley 47 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico, añadiendo que “en base a la información disponible al presente, parece irrealista esperar que la Ley 47 no vaya a aumentar los costos médicos”, lee la carta de JCF. Se trata de la ley que faculta al Procurador del Paciente a intervenir en disputas entre pacientes y los planes médicos. La medida es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y contó con el endoso de las minorías legislativas y del Colegio de Médicos y Cirujanos.
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“La significativa pérdida de fondos federales para salud que experimentará la Isla hacen tanto más urgente reformar el sistema mediante el cual se le provee el tan necesario cuidado de salud al Pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, la Junta estima que la Ley 47 probablemente aumentará los costos del cuidado de salud e impedirá la capacidad del Gobierno de desarrollar modelos efectivos de cuidado de salud que cumplan con los objetivos de ahorros en salud que requiere el Plan Fiscal certificado para alcanzar la recuperación de Puerto Rico”, dijo Jaresko, en declaraciones escritas.
“Con los costos de cuidado de salud aumentando a un ritmo tres veces mayor que la inflación, una reforma total del sistema público de cuidado de salud es una necesidad tanto social como económica. El Gobierno de Puerto Rico está trabajando diligentemente en un nuevo modelo que contenga la curva ascendente de los costos y cumpla con el requisito de una reducción de casi 30 por ciento en los gastos de cuidado de salud establecido en el Plan Fiscal. La implementación de reformas costo-eficientes que cambien la forma en que operan en la Isla tanto aseguradores como proveedores es esencial para alcanzar el balance estructural y restaurar el crecimiento”, añadió.
La Junta señaló que la Sección 204(a)(2)(A) de PROMESA dispone que una certificación de cumplimiento deberá incluir un “estimado formal… del impacto, si alguno, que la ley habrá de tener sobre gastos e ingresos”.
Por tanto, la Junta requirió al gobierno que provea un estimado formal sobre el impacto que la implementación de la ley tendrá sobre los gastos de servicios de salud públicos.
