MADRID — El futuro de una polémica votación sobre la independencia de Cataluña estaba en el aire el viernes, después de que el Tribunal Constitucional español emitiera una orden de suspensión preliminar de la consulta, y líderes regionales prometieran seguir adelante en desafío a Madrid.
La fiscalía estudiaba presentar cargos de desobediencia, abuso de poder y malversación contra miembros de la Generalitat, el gobierno regional catalán, con sede en Barcelona.
El máximo tribunal del país había determinado antes que sólo el gobierno nacional puede convocar un referéndum sobre la independencia, y que todos los españoles deberían poder participar.
Por otro lado, el gobierno del presidente, Mariano Rajoy inició los procedimientos para anular una ley aprobada durante la noche por legisladores independentistas catalanes. Si el voto a favor de la independencia ganara la consulta, sin importar la participación, la nueva ley pretende convertirse en el marco legal o mini constitución catalana en su transición para pasar de ser una región en el nordeste de España a una república independiente.
