Líderes opositores venezolanos responsabilizaron el lunes al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte de un concejal que estaba detenido en una cárcel de la policía política en el estado sureño de Apure. Según dijeron, falleció por no recibir la atención médica apropiada tras sufrir recientemente un accidente cerebro-vascular.
Carlos Andrés García, miembro del concejo municipal de Guasdualito en Apure, murió la noche del domingo mientras se encontraba encarcelado en la sede regional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). García, de 43 años, tuvo el percance en agosto y “lo trasladaron a un hospital cuando ya no había nada que hacer por él”, declaró a la prensa el diputado opositor Tomás Guanipa, quien destacó que tampoco se ejecutó una medida de arresto domiciliario otorgada a su favor por un juez.
“No hubo juicio, nunca quedó claro los cargos en su contra, no hubo atención médica”, añadió.
García figuraba en la lista de los llamados “presos políticos”, que la oposición ha pedido liberar, y fue detenido en diciembre de 2016 después de que agentes de la policía política allanaran su casa tras una protesta antigubernamental en Guasdualito.
El mismo lunes, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó en Twitter la “flagrante violación” de los derechos humanos “por parte del régimen de #Venezuela causante de la muerte de Concejal Andrés García”.
Organizaciones de derechos humanos, varios gobiernos de la región y de Europa han hecho señalamientos sobre la situación en el país, mientras Estados Unidos ha sancionado algunos altos funcionarios venezolanos por la represión de las protestas que entre abril y julio dejaron más de 120 muertos, 2,000 heridos y centenares de detenidos.
Más tarde, a través de un comunicado, el Tribunal Supremo de Justicia negó que el político haya carecido de una oportuna asistencia médica sin mencionar la fecha en que se reportó inicialmente su padecimiento. El documento precisaba que García fue recluido en un hospital el 18 de agosto luego de presentar un cuadro de hipertensión arterial y que estudios médicos revelaron que padecía de una enfermedad infecciosa inmunodeficiente que pudo complicar la patología del político, quien estaba involucrado en delitos de instigación pública, hurto e incendio relacionados con actos vandálicos y saqueos ocurridos en Guasdualito en diciembre de 2016.
La muerte de García se produjo tres días después de que —por iniciativa del presidente Danilo Medina— se realizaran en República Dominicana dos encuentros entre delegados del gobierno y la oposición de Venezuela a fin de explorar la posibilidad de un diálogo con miras a resolver la severa crisis económica y política que agobia a los venezolanos.
La oposición insiste en que las reuniones, convocadas también por el exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, fueron “exploratorias” y advirtió que la realización de un próximo encuentro el 27 de septiembre dependerá que se concreten “garantías democráticas” como el cese de las inhabilitaciones de los opositores para ejercer cargos públicos y los “presos políticos”, entre otras demandas.
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