Omaya Sosa Pascual y Patricia Mazzei
Centro de Periodismo Investigativo
Cuando el ojo del Huracán María entró a Puerto Rico por su pueblo, el alcalde de Maunabo Jorge Márquez creía que lo peor había pasado. Minutos después comenzó lo más difícil.
La virazón azotó con más fuerza y arrancó la puerta delantera de la casa de sus suegros, donde toda su familia había decidido pasar lo que sería la peor tormenta que arrasa a la isla en casi un siglo. Los nietos y mujeres salieron corriendo en pánico a resguardarse en la última habitación de la casa. Y él y los otros hombres agarraron la mesa del comedor, la pusieron en el hueco que quedó y pasaron las siguientes cuatro horas empujándola contra la furia de los vientos de 155 millas por hora.
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Una vez pararon las ráfagas, pudo salir a la calle a ver los daños. Y sólo pudo llorar.
“Todo lo que hemos construido en 16 años desapareció en un solo día”, dijo el martes pasado con la voz aún entrecortada.
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El pasado 20 de septiembre María se llevó todos los árboles y tendido eléctrico, buena parte de sus obras de gobierno, incluyendo el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, el único hospital del pueblo, y hasta la funeraria. También dejó sin techo a más de 700 casas de sus 12,000 constituyentes.
A un mes del paso del fenómeno, Maunabo solo ha recibido 58 toldos de FEMA.
Por allí no ha pasado el gobernador Ricardo Rosselló, o alguno de los jefes de sus 131 agencias, aseguró. Tampoco le han llamado.
El viernes se cumplieron 30 días de crisis continua en todo Puerto Rico luego de la devastación del Huracán María y el gobierno a todos los niveles -federal, estatal, y municipal- sigue apagando fuegos a diario para atender las necesidades más básicas todos los días: agua, comida, y salvar vida y propiedad.
El desastre permanente ha sido en gran medida por la lentitud e ineficiencia en el despliegue de la respuesta a la emergencia, debido a una combinación fatal entre la falta de liquidez del Gobierno de Puerto Rico y sus municipios, y la inacción del Gobierno Federal, según encontraron el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Miami Herald en entrevistas en profundidad a los responsables de la respuesta, y tras la revisión de datos y documentos.
El gobierno de Puerto Rico, en quiebra, que a penas salía de los esfuerzos de recuperación del huracán Irma y que opera desde el año pasado bajo el régimen de una Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso, tuvo que absorber todos los gastos de previsiones relacionados al huracán María en lo que la Casa Blanca hacía la declaración de desastre para Puerto Rico el 20 de septiembre.
El estado de Florida pudo empezar a pedir ayuda al organismo de ayuda mutua de los estados, el Emergency Mutual Aid Compact, seis días antes de que le llegara el azote de Irma.Pudo completar 99 peticiones. El número de peticiones completadas por Puerto Rico antes de la llegada de María: cero.
Alejandro De La Campa, director en FEMA de la División del Caribe, reconoció que a un mes del azote del fenómeno Puerto Rico se mantiene en un estado de emergencia diario debido a la generalizada falta de electricidad y no puede pasar a la fase de recuperación.
“Eso es la clave. Una vez se reestablezca el servicio eléctrico nosotros vamos a poder comenzar a avanzar. Ahí vamos a poder dejar de traer tanta agua, tanta comida”, indicó.
Por varios días, antes de la llegada de María, Rosselló –siguiendo la recomendación de FEMA a todos los norteamericanos que están expuestos a huracanes– alertó a los ciudadanos a que se prepararan para 72 horas de autosuficiencia.
“No va a haber luz cuando pase esto”, dijo, anticipando un “colapso general de las telecomunicaciones”. “Es posible que estemos un período significativo, de al menos tres o cuatro días, de blackout”.
No fueron tres, ni cuatro. Fueron muchos más
Anticipando los estragos que podía causar María, el Gobernador ordenó habilitar 500 refugios. El día antes del huracán había solo unas 300 personas en los refugios, pero una vez pasó el fenómeno y siguieron las lluvias ese número creció a 15,000.
El Huracán María no había terminado de arrasar cuando el gobernador Rosselló ya sabía, por la fuerza de los vientos que sintió desde La Fortaleza, el nivel de devastación que vería al salir por la puerta.
El ciclón estaba aún por Corozal en el momento en que el ejecutivo empezó a hacer llamadas por teléfono fijo para atender lo que podía. La primera de ellas fue a la Casa Blanca para pedir una Declaración de Desastre Mayor para los primeros 54 municipios azotados. El presidente Donald Trump la aprobó ese mismo día.
Lo que Rosselló no sabía era la cadena de desastres que se producirían en las siguientes 72 horas, y luego prácticamente todos los días, durante un mes.
La primera dificultad para la respuesta rápida fue lograr que las figuras clave pudieran movilizarse al Centro de Operaciones de Emergencia alterno en el Centro de Convenciones de Miramar, porque el original, ubicado en Caguas, colapsó por inundaciones. El secretario de Seguridad Pública y funcionario a cargo de todas las agencias puertorriqueñas de respuesta a la emergencia, Héctor Pesquera, tuvo que salir de su casa a pie, maletín en mano y linterna en la boca, porque su calle estaba completamente atravesada por árboles. La única llamada que logró hacer antes de perder la comunicación fue a un policía que pudo recogerlo en la vía principal.
Ricardo Ramos, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), pasó el huracán en la sede de la corporación pública en Miramar viendo en los monitores cómo la isla entera se iba quedando sin servicio eléctrico hasta que el fenómeno le tumbó los servidores dejando al hombre a cargo de mantener a luz prendida, a oscuras.
“Nuestra planta de emergencia falló. Las oficinas técnicas perdieron las computadoras y se inundaron. Las oficinas ahora están llenas de ratones”, contó.
Una de las plantas de la AEE ubicada en Arecibo, por donde el ojo de María salió de la isla, se inundó tanto que los empleados tuvieron que treparse por la chimenea para salvar sus vidas. La incomunicación tras la tormenta fue de tal magnitud que al día siguiente Ramos tuvo que sobrevolar las oficinas y plantas destruidas de la AEE por todo Puerto Rico para poder ver si sus empleados estaban bien.
En San Juan, esa mañana Rosselló haría su primer vuelo de reconocimiento por la isla, pero cuando el Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Isabelo Rivera, fue a buscar el helicóptero para el recorrido, la nave también había sido destruida al igual que las dos principales instalaciones del cuerpo militar en Puerto Rico: su sede en Puerta de Tierra y el Campamento Santiago en Salinas. Los pilotos de la Guardia Nacional (GN), la única presencia militar en las primeras 48 horas después de la emergencia, se embarcaron en un viaje terrestre por las carreteras bloqueadas hasta el extremo oeste de Puerto Rico para buscar el helicóptero alterno que estaba en Aguadilla. El gobernador Rosselló finalmente pudo sobrevolar Puerto Rico y ver la magnitud del desastre. Era viernes, 2:00 p.m.
Nueve horas después, una llamada desde Washington y una llamada de una periodista alertaron a Rosselló sobre la inundación extrema en Toa Baja, causada por la apertura de las compuertas de la represa La Plata, que lo llevaron a pasar la noche del viernes y madrugada del sábadoen una operación de rescate de 2,000 personas, muchos de los cuales esperaban en los techos de sus casas. Ocho personas murieron. No se escucharon las alarmas que debieron alertar a la población, denunció el alcalde Bernardo “Betito” Márquez.
El día después, Rosselló tuvo que movilizarse al noroeste a ver la ruptura de la represa Guajataca. Unos días más tarde, trascendió en los medios la crisis creada por la falta de electricidad en los 69 hospitales de la isla, donde un número todavía indeterminado murió por falta de oxígeno, diálisis y otros servicios esenciales, e inició el caos por la falta de combustible y por el ataponamiento de mercancía en los puertos.
“Lo que para mí es importante que entiendan allá (en Estados Unidos) es que esta situación es dinámica, si no se trabaja podemos caer en la misma situación o peor”, puntualizó Rosselló en entrevista sobre las emergencias que han seguido surgiendo a diario tras el paso de María.
Buena parte de los 78 alcaldes de Puerto Rico han tenido críticas tanto al gobierno central como al gobierno federal.
Respuesta inmediata
En gran medida, la respuesta inmediata se centró en salvar vidas. FEMA activó 16 equipos de búsqueda y rescate urbano. Pesquera envió policías, bomberos y paramédicos a los pueblos a medida que llegaban anécdotas de boca en boca sobre las inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y daños. Cataño. Toa Baja. Canóvanas. Nadie en el gobierno tenía una idea abarcadora de lo mal que estaban las cosas. Antes de solicitar ayuda federal, Puerto Ricodepende de los gobiernos municipales para informar los daños. Pero la mayoría de los alcaldes solo tenían walkie-talkies, y teléfonos satélite viejos, que con suerte solo generaban llamadas, para comunicarse.
“Me sorprendió que no pudieran recabar los recursos necesarios para abordar el problema con mayor rapidez. Pensé que era una respuesta inadecuada”, dijo el teniente general retirado del ejército P.K. “Ken” Keen, general de tres estrellas que lideró la respuesta militar al terremoto de Haití 2010.
Sugirió que las comunicaciones podrían haber sido, al menos en parte, culpables de lo ocurrido: “Las torres de telefonía no se destruyeron durante el terremoto, lo cual fue una suerte. No perdimos nuestra electricidad en la medida en que sucedió en Puerto Rico, y las torres celulares volvieron esa noche. Así que pudimos comenzar a usar nuestros teléfonos celulares, que en realidad fueron nuestros principales medios de comunicación en gran medida”.
Las líneas de aviación comercial no podían volar porque la Administración Federal de Aviación no había despejado el espacio para el tráfico aéreo.
De La Campa, quien pasó tres días viviendo en el almacén de FEMA en Caguas y no llegó a su casa o a ver a su familia durante cinco días, dijo que se dio cuenta de lo mal que estaba todo tras María solo después de la tormenta: salió al exterior una vez que los vientos más fuertes cedieron y vio postes de energía de hormigón -los más resistentes de todos- desplomados, que se extendían sobre las carreteras principales que conducen a San Juan.
“Ahí es que uno se percata de lo catastrófico que fue el evento”, dijo.
Algunos como el alcalde de Maunabo evalúan la respuesta al desastre como otro “desastre”. La ayuda de FEMA en términos de comida y agua comenzó a llegar con los militares hace dos semanas, pero la entrega de toldos ha sido lenta e insuficiente y tanto residentes como comerciantes han continuado sumando a las pérdidas del 20 de septiembre, daños adicionales cada vez que llueve.
Las vías están limpias gracias a la entrega e ingenio de los 400 empleados y contratistas municipales, y de los propios maunabeños, así como a la maquinaria que consiguió “fiá” ya que las finanzas municipales no dan para pagar. Márquez está confiado en que luego FEMA pagará la cuenta, según su experiencia con desastres anteriores. Esta situación se replicó por todo Puerto Rico, pues los mismos ciudadanos y los empleados públicos de las agencias locales de primera respuesta salieron a las calles a abrir paso.
Aunque Trump autorizó la declaración de desastre inmediatamente para que FEMA pudiese comenzar a desembolsar fondos, el sistema de reembolso y su requerimiento de que dichas instrumentalidades aporten el 25% de los costos, hizo esta ayuda prácticamente inoperante dada la falta de efectivo en caja del Gobierno de Puerto Rico. No fue sino hasta seis días después que el presidente firmó la autorización para eliminar el requisito del pareo del 25% que los fondos comenzaron a fluir.
Dicha declaración inicial fue solo para sus denominadas categorías A y B, que se refiere a ayuda de emergencia y remoción de escombros para agencias y municipios para todo Puerto Rico. La ayuda a individuos afectados sólo se aprobó para los 54 municipios iniciales, y no fue sino hasta 12 días más tarde que el administrador de FEMA, Brock Long, aprobó la enmienda para incluir a los 24 municipios restantes, según consta en el tracto de los documentos que la agencia federal mantiene en línea.
Las categorías C a la G, que incluyen fondos para reconstrucción, aún no han sido aprobadas para Puerto Rico.
FEMA no estaba preparada para la magnitud del desastre. Solo tenía en Puerto Rico 20,000 toldos livianos, 500,000 comidas y 700,000 litros de agua, cantidad de suministros que usualmente almacena. Estos suministros probaron ser insuficientes para una población de 3.4 millones que fue afectada en su totalidad por la caída del 100% de los sistemas eléctricos y de comunicaciones, y del 80% del sistema de agua potable.
Las comidas y el agua se acabaron en dos días; los toldos inmediatamente, reconoció De La Campa.
El gobierno de Puerto Rico estimó que 250,000 residencias fueron severamente afectadas por María, y un mes más tarde, se han repartido solo 40,000 toldos livianos. O sea, se ha atendido solo el 16% de la necesidad en este renglón, y parcialmente, pues los toldos entregados miden 20 x 25 pies y no logran cubrir la totalidad de un techo. La excusa dada por FEMA es que se agotaron las reservas de toldos en Estados Unidos por los huracanes Harvey e Irma, y las fábricas no tenían más producto disponible.
Los toldos pesados llamados Operación Techo Azul, que cubren la totalidad de un techo, están disponibles, pero a un mes sólo se han podido instalar 439 de los 4,245 autorizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, o sea solo un 10% de los que el gobierno federal reconoce que son necesarios. FEMA no pudo proveer la cifra de cuántas solicitudes de Techo Azul ha recibido al momento.
En este caso, la razón para la demora citada tanto por FEMA como por el Gobierno de Puerto Rico es que los mismos tienen que ser instalados por el mismo Cuerpo de Ingenieros y no cuentan con personal para ir a un paso más acelerado.
De La Campa anticipó que la semana próxima estará recibiendo 500,000 toldos para poder lidiar con la necesidad expresada por el gobierno y por los alcaldes, y dejar reabastecimiento en almacén.
En el reglón de comida y agua, después de la escasez de suministros inicial, en la tercera semana FEMA había repartido 10.5 millones de comidas y 10 millones de litros de agua, informó la agencia.
En total al presente FEMA ha desembolsado $430 millones en ayudas a agencias, municipios e individuos, $270 millones de estos para la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados.
Los costos estimados de daños causados por María a Puerto Rico fluctúa entre los $20,000 millones y los $95,000 millones. Esta última cifra fue la ofrecida por el gobernador e incluye la pérdida de productividad de la economía.
Aún queda mucho por conocer sobre las fallas que hubo en la respuesta y recuperación a la emergencia del histórico huracán, el desastre que ha requerido la mayor cantidad distribución de comida y agua de FEMA en la historia de los Estados Unidos. Pero algunas de las figuras responsables del proceso ya reconocen que tendrán que revisar y cambiar sus planes de respuesta.
De La Campa, quien hasta el 10 de octubre fue el Oficial Federal a Cargo de la respuesta (FCO, por sus siglas en inglés), recomendará duplicar la cantidad de suministros que FEMA tiene en sus almacenes en Puerto Rico para que haya suplidos para una semana.
“Habrá que repensar muchas de las acciones que nosotros tomamos”, admitió.
El talón de Aquiles de Puerto Rico: la energía eléctrica
María agarró a la AEE en su peor momento histórico: con décadas de falta de mantenimiento, sin flujo de efectivo, con menos de la mitad de sus usuales 3,500 empleados técnicos en nómina, y con el pleito judicial de los bonistas encima. Ramos sabía que iba a necesitar ayuda para restaurar el servicio eléctrico, por lo que antes de la llegada de María, solicitó propuestas de emergencia.
Dos contratistas respondieron, pero uno -que Ramos no quiso identificar- requirió un depósito de $25 millones como garantía de pago. El otro, una pequeña e inexperta compañía Winsconsin, Whitefish Energy Holdings, no puso esa traba. Ramos dijo que por eso contrató a Whitefish para lo que sería la monumental tarea de restaurar la energía eléctrica en Puerto Rico después de María.
La AEE no pidió ayuda la Asociación Americana de Electricidad Pública (APPA por sus siglas en inglés), una reconocida entidad de mutua ayuda a los estados en infraestructura eléctrica, a pesar de que otras compañías eléctricas hubiesen estado dispuestas a venir a ayudar porque hubiese tenido que negociar acuerdos financieros con ellas. La Autoridad de Energía Eléctrica de Nueva York mandó sus brigadas en base a una petición de ayuda directa al estado.
“La Autoridad no tiene la liquidez para correr con todos los gastos”, dijo Ramos. “Tengo que pagarlos para después pedir reembolso. Es un problema de flujo de caja”, agregó.
Whitefish a su vez ha subcontratado a otras entidades locales y estadounidenses para la tarea. Entre ellas, JEA de Jacksonville, y la Autoridad de Energía de Kissimmee
Ramos también le dio luz verde a 32 de sus contratistas para uso de Whitefish, y tiene un equipo propio disponible para ayudar a la empresa si se lo pide.
Cuando Irma azotó a Florida, dejó al 60% de sus 6.7 millones de abonados sin electricidad, pero a los 10 días ya el 98% tenían el servicio de vuelta. En Puerto Rico, 30 días después, todavía el 82% de los puertorriqueños estaban si este servicio esencial.
El deteriorado y anticuado estado de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico es harto conocido así como las caídas que ocurren en el sistema cuando huracanes pasan por la isla. Cuando Irma peinó el noreste de Puerto Rico, dos semanas antes de la llegada de María, el 70% de los abonados perdieron el servicio, y en 15 días el 97% lo había recuperado.
Sin embargo, la furia de María devastó el deteriorado sistema, entero. Ramos dijo que los equipos más recientes de la AEE son de la década de los setentas, y que buena parte de ellos son de los sesentas y de los cincuentas. La vida útil de estos equipos se supone que sea 30 años. Además, desde el 2014 la corporación pública ha perdido 2,100 de sus empleados técnicos que han renunciado aceptando mejores oportunidades de empleo ante las medidas de austeridad implementadas por gobierno. El éxodo los dejó con solo 1,393 empleados de brigada para atender la monumental emergencia.
Ante este cuadro y la anticipada devastación de María, la AEE reclutó además a 60 contratistas locales, pero no tenían suficientes celadores y obreros de línea ni camiones, ni tenían recursos para mantener brigadas que viniesen del exterior a ayudar. El gobierno no tenía gasolina, comida ni alojamiento para brindarles.
La Guardia Nacional de Puerto Rico mandó sus soldados al auxilio pero, según indicó el General Rivera, la AEE no tenía suficientes postes disponibles. Ahora la agencia espera un embarque con los 60,000 postes que necesita para la reconstrucción, dijo Ramos.
Compleja la cadena de mando en la emergencia
Los planes de respuesta a emergencias de Estados Unidos y Puerto Rico ubican al gobernador del estado -en este caso, del territorio- como la persona a cargo y responsable de la totalidad de la respuesta en una especie de triunvirato con dos dos posiciones adicionales que se activan: un “oficial de coordinación estatal” y un “oficial de coordinación federal”. El primer puesto, oficialmente ocupado por el director ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres, Abner Gómez, pero de facto ocupado por el secretario Pesquera, es la persona a cargo de servir de comunicar todas las peticiones del gobernador Rosselló a FEMA. El segundo, inicialmente ocupado por De La Campa, y luego por Mike Byrne, quien lideró la recuperación en Texas después del huracán Harvey, es el encargado de canalizar las peticiones para aprobación final al administrador de FEMA, Long, y de luego distribuir los trabajos con todas las agencias federales y los cuerpos militares activadas para la emergencia.
Las peticiones mayores de fondos para la respuesta y reconstrucción tienen que ser hechas por el Presidente al Congreso y aprobadas por ese cuerpo.
En el caso de la milicia, el complejo entramado establece en papel que el funcionario a cargo es el Ayudante General de la Guardia Nacional, en este caso Rivera, quien responde directamente al Gobernador, dado que es un esfuerzo civil y no de guerra. Bajo su mando se activa la figura del Comandante de Estatus Dual (Dual Status Commander, en inglés) que vela por el desempeño de todas las ramas del Ejército, incluyendo a los soldados activos. Rivera responde directamente a Rosselló. Sin embargo, en la práctica, el asunto se vuelve confuso y académico, pues FEMA, y no el gobernador, es el que pide directamente al representante del Ejército designado lo que quiere. Por otra parte, es el Comando Norte, bajo el mando del Secretario de la Defensa de los Estados Unidos, quien emite oficialmente la orden militar de trabajo y quien tiene la autoridad de supervisar y fiscalizar los trabajos de los militares activos.
El esfuerzo militar estuvo inicialmente a cargo de la Marina y del Almirante Jeff Hughes, que estaba ya a cargo desde Irma porque el Comando Norte decidió que la respuesta al fenómeno en las islas, Puerto Rico e Islas Vírgenes, sería por mar ya que las fuerzas terrestres habían sido destacadas a la Florida.
Si Washington estaba o no consciente de la devastación total causada en Puerto Rico por María inmediatamente después del azote sigue siendo un misterio. Fuentes federales aseguraron que la Casa Blanca estaba directamente envuelta en la respuesta, pero Trump pasó ese fin de semana jugado golf en Nueva Jersey y tuiteando sobre la protesta de los jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano, desviando la atención de la situación de gravedad que atravesaba la isla incomunicada.
No fue sino hasta el 25 de septiembre que Long y el asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Tom Bossert, sonaron la alarma en Washington después de visitar y sobrevolar los estragos en Puerto Rico. Fue en ese momento que comenzaron a tener receptividad, en privado, a las críticas de líderes del territorio sobre la lentitud de la respuesta.
En público Rosselló predecía que si no se actuaba rápido Puerto Rico tendría “una crisis humanitaria” que llevaría a un éxodo masivo de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. A un mes de María el gobernador sigue repitiendo la misma advertencia y se estima que ya, solo a la Florida, han llegado 60,000 puertorriqueños por la emergencia.
“María estuvo a una milla de ser un huracán categoría 5, pero es lo peor que ha azotado a Puerto Rico. Es muy complejo para nosotros responder desde el punto de vista logístico de la isla”, reconoció Long en una conferencia de prensa a su regreso a Washington.
A los siete días del paso de María, comenzaron los cambios en la cúpula de mando a cargo de la respuesta. Algunos calladamente otros con amplio despliegue mediático. El primero fue el 27 de septiembre cuando la jefa del Comando Norte, la Generala Lori Robinson, decidió poner al Ejército, en vez de a la Marina, a cargo del esfuerzo militar y nombró al teniente general tres estrellas Jeffrey Buchanan al mando de la respuesta. Buchanan se encontraba en California liderando la respuesta a la emergencia causada por los fuegos forestales llegó a Puerto Rico dos días después.
Diez días después de María, Gómez fue oficialmente reemplazado por Pesquera y desapareció del ojo público. Pesquera había sido nombrado de dedo desde el primer día Comandante de Incidentes a cargo de asegurar que las 131 agencias del gobierno local ejecutaran la política pública del Gobernador en torno a la respuesta. Con ambas posiciones Pesquera se convirtió en el hombre más poderoso del gobierno de Puerto Rico después de Rosselló.
Veinte días después, De La Campa fue relevado de su posición como FCO y reemplazado por Byrne. FEMA dijo que la sustitución respondía a “expansión” de su equipo de liderado en los trabajos de respuesta y liberó a De La Campa para que continúe en sus labores regulares como Director de FEMA para el Caribe a cargo de los asuntos locales de Puerto Rico e Islas Vírgenes. De La Campa dijo en entrevista que dicho cambio ya estaba planificado desde el principio del evento, que la agencia federal le había pedido que ocupara el puesto temporalmente.
Los puertorriqueños frustrados con el poco avance en la compleja situación que se vive, y algunos críticos de FEMA dentro de la administración Rosselló, vieron el cambio de mando como una aceptación de los fallos en la respuesta por parte de la agencia federal.
El mismo día que Long visitó Puerto Rico, también vino por su lado el senador republicano por Florida, Marco Rubio, quien abogó temprano por la asistencia militar a la Isla.
“A ninguna entidad de gobierno le gusta admitir que sus necesidades rebasan sus capacidades”, dijo Rubio al CPI/Herald. “El mismo gobierno (de Puerto Rico) se volvió otra víctima de la tormenta en muchas maneras… Su capacidad logística fue comprometida”, acotó.
Con la llegada de Buchanan, siguieron los cambios. La Guardia Nacional de Puerto Rico reemplazó calladamente en el puesto de Comandante de Estatus Dual al Teniente Coronel Narciso Cruz, quien había coordinado eficientemente los esfuerzos militares desde Irma, por el General de Brigada José Reyes. El cambio fue provocado por asuntos relacionados a la jerarquía de rangos y estrellas en la milicia, de modo que con un oficial de mayor rango, el cuerpo militar boricua pudiera tener comunicación efectiva con el nuevo general tres estrellas, explicó el Ayudante General Rivera.
Buchanan, quien estuvo a cargo de la respuesta militar en los huracanes Harvey e Irma tiene amplia experiencia en escenarios internacionales de desastre, dijo: “Esto es lo peor que yo he visto”.
Según dijo, aunque según su experiencia sabía el gran nivel de devastación que encontraría, no esperaba encontrar la situación crítica en los hospitales de la isla debido a que dependían de plantas eléctricas de diesel. En los estados, los hospitales grandes usualmente funcionan con plantas termoeléctricas durante los apagones las cuáles les dan estabilidad.
Mientras tanto, el Presidente Trump seguía tuiteando frases que menospreciaban la gravedad de la situación en Puerto Rico, dando a entender que el caos en la isla responde a que los puertorriqueños quienes han estado abriendo las carreteras con sierras eléctricas y machetes, son vagos.
“Ellos (los puertorriqueños) quieren que hagamos todo por ellos cuando esto debe de ser un esfuerzo de la comunidad. 10,000 trabajadores están en la isla al momento haciendo una gran labor”, tuitueó el 30 de septiembre.
El Presidente finalmente visitó Puerto Rico el 3 de octubre por cuatro horas, en vez de las cinco horas originalmente anunciadas, pero continuó minimizando la el estado de situación indicando que el huracán María no era “una catástrofe real” como el huracán Katrina en Nueva Orleans y tirando alegremente rollos de papel toalla a un grupo de refugiados que lo recibió en Guaynabo.
Dos semanas más tarde, Trump dijo en conferencia de prensa con Rosselló en Washington que María había sido peor que Katrina.
Mirando atrás, Buchanan aceptó en entrevista con el CPI/Herald cierto grado de validez en las críticas a la respuesta a María.
“Si estás aquí esperando por la ayuda, no tienes paciencia y no deberías tenerla”, dijo.
Sin embargo, se defendió de los críticos que han planteado que el Ejército, y no la Marina, debió de haber tomado el control de la operación más temprano en el proceso.
“Uno no sabe lo que va a pasar con una tormenta hasta después que pasa, así es que nosotros estábamos preparados, teníamos todo listo para entrar en acción, teníamos los recursos correctos”, sostuvo. “Pero después de María la devastación era tal que supimos que iba a requerir mucho de las fuerzas militares el poder ayudar”, agregó.
Dos semanas después de su nombramiento, el número de tropas destacadas a Puerto Rico aumentaron de 4,100 a 13,400 y la semana pasada llegaron al tope proyectado por Buchanan de 14,500.
La cantidad de helicópteros se triplicó de los 25 iniciales a 72. La Marina trajo el buque hospital USNS Comfort y el Ejército trajo tres hospitales militares completamente autosuficientes que estableció en Aguadilla, Caguas, y Humacao.
Buchanan fue nombrado a cargo de la respuesta militar a María, pero fue nombrado a cargo de la totalidad de la respuesta a la emergencia como ocurrió en New Orleans después de la respuesta ineficaz de FEMA, el gobierno estatal y los gobiernos locales. Este hecho ha sido duramente criticado precisamente por el teniente general que ocupó dicho puesto en Katrina, Russel Honoré, quien ha señalado que el despliegue de la misión en Puerto Rico ha sido muy pequeño.
“Si la gente comienza a morir, ¿quién diablos será el responsable?”, cuestionó al ser entrevistado.
Las 14,500 tropas activadas para la emergencia citadas por Buchanan, incluyen a los 4,500 Guardias Nacionales de Puerto Rico que estuvieron disponibles para ser activados para la emergencia. Los restantes 2,500 son empleados de las agencias de primera respuesta y se decidió dejarlos en dichas funciones, y soldados que han migrado a Estados Unidos por el desempleo que arropa a la Isla. Aún los guardias nacionales boricuas disponibles se tardaron una semana en reportarse en su totalidad porque muchos perdieron sus residencias en la tormenta o no podían llegar a la base porque las vías aún estaban incomunicadas.
“Maria nos trató a todos igual”, explicó el general Rivera. “Regresar al estatus en el que que estábamos antes de la tormenta va a tomar más de seis meses”, agregó el jefe de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
Este es el tiempo que Rosselló y Ramos estimaron inicialmente que tomaría restablecer la energía eléctrica al 100% en Puerto Rico. Sin embargo, bajo fuego de los ciudadanos y los empresarios desesperados por la situación, el pasado 14 de octubre Rosselló dijo que el estimado era inaceptable y se comprometió con una agenda más agresiva: 95% de los abonados con luz al 15 de diciembre.
Aunque el anuncio pareció reflejar molestia e inconformidad de Rosselló con la gestión de restablecimiento del sistema eléctrico del jefe de la AEE, Ramos dijo en entrevista que el anuncio había sido preacordado en una reunión el día antes con Rosselló, quien le garantizó que tendría finalmente los recursos para acelerar el proceso.
El anuncio también se dio después de que FEMA acordara hacer una excepción al sistema de reembolso y le adelantara la AEE $128 millones para trabajos de emergencia. La agencia federal ya le había dado $213 millones a la corporación pública bajo el sistema de reembolso.
“Esa ayuda es muy bienvenida por la cuestión de liquidez” dijo Ramos.
No obstante, era insuficiente y la AEE, a la espera del contrato mayor que daría el Cuerpo de Ingenieros para la reconstrucción del sistema, decidió traer al contratista Power Secure para agilizar los trabajos.
“El Cuerpo de Ingenieros tiene un proceso lento”, afirmó.
De La Campa excusó el retraso en avalar el adelanto señalando que hay que FEMA tiene que justificar de manera minuciosa las peticiones de fondos ante los contribuyentes estadounidenses previo a autorizar desembolsos de tal magnitud.
“Estamos hablando de mucho dinero. Hay que tener una responsabilidad fiscal también por parte de nuestra agencia”, sentenció.
El lunes 16 de octubre, 26 días después de la tormenta el fondo de emergencia de $100 millones de la AEE se había agotado ya y Ramos no sabía cuánto, ni cuándo comenzaría a entrar dinero nuevamente a las arcas de la corporación pública.
Al preguntársele sobre cómo María afectará el plan de reestructuración sometido por la AEE a la Junta de Control Fiscal y a la corte en el pleito con los bonistas, no pensó un segundo la respuesta. “No sé nada de los bonistas. Nos encargaremos de los bonistas cuando todo esté de vuelta a la normalidad. María ha destruido nuestra infraestructura. No tenemos los fondos para hacer lo que quisiéramos hacer”, dijo Ramos.
Todas las amenazas inmediatas que permanecen sobre la población puertorriqueña aún en estos momentos tienen su raíz la falta de energía eléctrica en toda la isla. Sin luz aún en la mitad de los hospitales, cientos de pacientes están en riesgo a diario. Sin luz, buena parte de las plantas de agua potable no funcionan, y los ciudadanos se ven forzados a tomar agua hasta de los manantiales o fuentes contaminadas, provocando potenciales epidemias de salud como la leptospirosis, que ya ha cobrado cuatro vidas según fuentes oficiales. Sin luz, ni siquiera se puede disponer adecuadamente de los cadáveres de las personas que siguen muriendo de forma natural o por situaciones relacionadas a la emergencia.
Mientras tanto la mayoría de los puertorriqueños, como los maunabeños, siguen apagando fuegos como el primer día.
En el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Maunabo se atienden a diario entre 20 y 25 personas en una sala de emergencias improvisada, mientras al frente, el dueño de la funeraria del pueblo puso una sala provisional para velar muertos en un edificio baldío.
“ESTAMOS ABIERTOS,” lee el rótulo recién impreso.
En el complejo deportivo, convertido en centro de acopio, soldados llevan aún todas las madrugadas agua y comida que traen desde su centro de distribución en Ceiba. Empleados y voluntarios comienzan la distribución a cientos de residentes de Maunabo y de pueblos colindantes. Todo se acaba cerca del mediodía. La comida es lo que se termina primero y el martes pasado ya se había agotado a las 10 a.m.
“La gente pide pan. Y fórmula para bebé. Y pampers de adulto,” dijo el vicealcalde Luis Lafuente, al señalar apenado que con frecuencia no tiene para darles.
Según dijo, son los artículos que más están pidiendo en estos momentos y los que menos le llegan.
El día 30, en Puerto Rico había aún 113 personas desaparecidas, 48 muertes oficiales relacionadas a la emergencia y cientos proyectadas aún no contabilizadas, el nivel de población sin electricidad cayó a un 89%, y falló la planta eléctrica del Centro Médico, principal centro hospitalario de la colonia estadounidense.
Puerto Rico seguía en modo de emergencia.
