El Senado solicitó mediante carta al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, que en un término máximo de cinco días laborables entregue copia de los contratos suscritos con la empresa General Electric y Weston Solutions.
La carta fue firmada por el vicepresidente Larry Seilhamer Rodríguez.
Más recientemente, ha sido controversia el contrato de $300 millones entre Whitefish y la AEE. El Senado no solicitó copia de ese contrato.
Por otra parte, el Alto Cuerpo aprobó hoy un proyecto legislativo que promueve la colaboración entre la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Departamento de Educación (DE).
El Proyecto del Senado 512, de la autoría del senador Miguel Romero, obligaría al DE a darle prioridad en los contratos de tutorías, adiestramientos y consultorías, que vengan requeridos a ofrecer bajo el Programa de Servicios Educativos Suplementarios, a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en sus once recintos y otras instituciones de educación superior pública debidamente acreditadas como el Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño. El proyecto senatorial pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.
Dentro de lo que el proyecto define como servicio suplementario se incluye ofrecer servicios de tutorías, mentoría, coaching, adiestramiento y cualquier otro tipo de Servicios Educativos Complementarios. Estos servicios actualmente lo proveen compañías privadas. El gobierno federal financia la ayuda.
La creación de esta Ley para fortalecer los Servicios Suplementarios al estudiante puertorriqueño “será el mecanismo para eliminar las irregularidades masivas que han sido observadas en el proceso de contratación de servicios privados de tutoría y una oportunidad de trabajo y estudio para los futuros profesionales del País”, se indica en el informe de la medida.
De ser convertida en ley, a partir del próximo año fiscal tanto el Secretario de Hacienda con la de Educación deberán certificar conjuntamente la cantidad de fondos presupuestados y serán remitidos a las instituciones de educación superior públicas para la preparación de las propuestas de servicios. Asimismo, en caso de que las estas no puedan proveer los servicios, mediante una certificación que lo constate, entonces instituciones privadas serán considerados par la concesión de contratos.
Educación, por su parte, realizará anualmente evaluaciones formativas sobre el desempeño de los programas y rendirá a la Asamblea Legislativa otro indicando las acciones tomadas y objetivos alcanzados bajo la Ley.
En el debate de la medida, el senador popular Eduardo Bathia Gautier indicó tener objeción con el proyecto y adelantó que votaría en su contra, por entender que es una preferencia que no hace sentido “si la UPR quiere los contratos de Educación que compita y se los gane,” dijo.
Luego de sus expresiones y escuchar a miembros de su delegación, el senador informó que votaría a favor de la medida con un voto explicativo.
Vargas Vidot recordó que este proyecto recoge cabalmente la iniciativa de los estudiantes de la UPR los cuales pedían lograr esta ley como punto clave para poner fin a la pasada huelga.
“Nosotros somos un Senado que insistimos en la participación ciudadana, en este caso de la comunidad universitaria, no olvidemos que fueron lo estudiantes lo que inicialmente presentaron esta iniciativa de poder ver la universidad desde el punto de vista de gestor,” destacó el Senador.
