A 44 días del paso del huracán María por Puerto Rico, cada mañana se suman comunidades escolares a los portones de los planteles para reclamar acceso a la educación. Aunque se habla de las certificaciones del Cuerpo de Ingenieros (USACE, por sus siglas en inglés), en la ecuación que mantiene 978 escuelas cerradas está una empresa con contratos millonarios en el Gobierno: CSA Architects and Engineers.
Esta firma es la responsable de las inspecciones a los planteles en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros. La secretaria de Educación, Julia Keleher, dijo que no sabe quién contrató a CSA ni a cuánto asciende su contrato. Fuentes de Metro aseguran que el acuerdo se hizo a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Al cuestionársele a la funcionaria si cree que CSA ha hecho un buen trabajo, se limitó a decir: “Tengo una situación, porque estoy en el medio de que los papás quieren que se les abra la escuela, y estoy dependiendo de información que ha sido un poco cuesta arriba conseguir. Si tú me preguntaras si quisiera estar en esta posición, [respondería] pues no”.
Mientras, el Cuerpo de Ingenieros dice que la información del contrato hay que solicitarla al Departamento de Educación. “El Departamento de Educación envía las órdenes directamente a CSA, al igual que a FEMA. FEMA luego le envía las órdenes de tareas a USACE para apoyar al contratista. El Cuerpo hace las evaluaciones y luego le envía reportes a FEMA, quien a su vez le envía los datos al contratista CSA. USACE no toma decisiones ni tiene autoridad alguna en el proceso”, explicó por escrito Edward Rivera, portavoz del Cuerpo de Ingenieros.
Hermético el Gobierno
Metro solicitó al Gobierno detalles de los contratos de CSA para la emergencia, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta concreta ni de La Fortaleza ni de la OGP ni del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), donde fuimos referidos por la Mansión Ejecutiva. Tampoco prosperó una llamada a la firma para indagar sobre su contratación. Desde la emergencia, la Oficina de la Contralora ha registrado poco más de 2,000 contratos de todo el Gobierno y los municipios, pero al momento solo aparece uno de CSA con la AAA por $750,000 con fecha del 30 de octubre. La contraloría ofreció una moratoria en la radicación de contratos, por lo que muchas de las contrataciones de emergencia aún no están disponibles para analizarse.
Caras conocidas
La firma, especializada en consultoría en áreas de infraestructura y propuestas federales, fue contratada por la administración de Ricardo Rosselló para manejar prácticamente todos los temas de reclamaciones e inspecciones del Gobierno en esta emergencia. Sus rostros en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) no son ajenos a Gobiernos novoprogresistas. Se trata del exsecretario de Vivienda bajo la administración de Pedro Rosselló, Carlos Vivoni, y el expresidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz. Los principales oficiales de la firma son Jesús Suárez y Frederik Riefkhol.
“Quieren cogerlo todo y no pueden”
Dos fuentes consultadas por Metro afirmaron que el problema con CSA es que no tiene los recursos necesarios para todos los contratos que han tomado, a pesar de contar con pericia en el área de infraestructura. “CSA es el Whitefish local. No tiene la capacidad de hacer todo lo que le están pidiendo que haga. La diferencia con Whitefish es que son muy profesionales y capacitados, pero son unos comelones. Quieren cogerlo todo y no pueden”, aseguró una de las fuentes ligadas a la industria de la infraestructura. Según dijo, CSA fue contratada para trabajar con toda la documentación de evaluación de daños y reclamaciones a la Agencia Federal de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) de todo el Gobierno. Además, los contrataron para inspeccionar todas las escuelas. Esto encima de que ya contaban con múltiples contratos en la AAA y en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), donde evalúan todos los componentes de diseño.
“Van a tener que subcontratar”, afirmó una de las fuentes, quien de paso cuestionó si en este tipo de contratación hubo competencia, ya que en la isla existen varias firmas con la capacidad para haber dividido el trabajo.
Otra de las fuentes vinculó la contratación de CSA con la salida del director de la Agencia de Manejo de Emergencias y Desastres (AEMED), Abner Gómez, del cargo de representante autorizado del gobernador (GAR). Gómez está de vacaciones hace dos semanas.
Maestros piden investigación
La segunda fuente coincidió con la primera en que CSA no tiene el personal para todos los contratos que se están agenciando. Recordó que, en la administración de Luis Fortuño, la firma manejó todos los fondos ARRA, precisamente los que se utilizaron para desarrollar las escuelas del siglo XXI. Este punto lo trajo a la atención pública la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, al cuestionar cómo se le dio el contrato de inspección a una compañía que estuvo a cargo de construir escuelas. “Queremos que den a conocer ese contrato y que los releven del proceso, porque si construyen y remodelan escuelas tendrían conflictos de intereses y no podrían participar de la reconstrucción de escuelas que han señalado como afectadas”, requirió Díaz en una conferencia de prensa reciente. Y agregó: “Estamos reclamando que si fue el Cuerpo de Ingenieros, o si fue OGP o quien haya sido quien contrató a este grupo, que den a conocer este contrato y que se haga lo que se hizo con Whitefish, porque queremos que los investiguen”.
Una de las fuentes también apuntó a que CSA estuvo detrás del proyecto de ley para crear la Oficina Central de Reconstrucción de Puerto Rico. Precisamente ayer, el representante popular Rafael “Tatito” Hernández demandó al gobernador, Ricardo Rosselló por la creación de esta oficina mediante Orden Ejecutiva. “No podemos permitir que, en medio del escándalo de Whitefish, la respuesta del Ejecutivo sea la creación de un cuarto oscuro donde se oculte la impunidad de la corrupción gubernamental. Después del reclamo a gritos por transparencia, tanto en los foros locales como internacionales, es una total contradicción que la nueva entidad (cuarto oscuro) creada mediante decreto sea eximida unilateralmente por el Ejecutivo de la política pública de auditorías, rendición de cuentas, y de presentar informes”, sentenció Hernández Montañez.
¿Transparencia?
Cuando se cumplió un mes del paso del huracán María, Metro preguntó directamente al gobernador sobre si crearía algún portal para consultar los contratos otorgados en la emergencia en aras de la transparencia. Esta fue su respuesta: “Vamos a trabajar los mecanismos de transparencia. También vamos a trabajar las estructuras gubernamentales para que puedan fluir estos recursos y que, obviamente, se utilicen de la manera más efectiva. Hay varios componentes ahí, transparencia pública y contabilidad interna de lo que está ocurriendo, porque si no, se pierde mucho del capital. Saber lo que uno puede hacer y ejecutarlo. Con todos estos fondos que vienen de distintas áreas, va a haber muchos estándares de rigurosidad para el uso de esos recursos”.
Según los registros del Contralor, en lo que va de 2017, CSA ha obtenido siete contratos con la AAA ascendentes a $3,430,607. Los contratos con la ACT no están detallados, ya que son extensiones de contratos de los años 2015, 2016 y 2017. Este año, también tuvieron contratos con la Universidad de Puerto Rico por $794,125.
Los lazos de CSA con distintas administraciones de gobierno constan en el récord público. En 2002, se le requirió información sobre el Superacueducto durante la investigación federal del proyecto. La empresa no fue señalada en aquel esquema. En 2012, el Partido Popular Democrático destacó sus vínculos con la administración de Luis Fortuño, y en 2016, se publicó en la prensa un posible conflicto de intereses por sus contratos en la AAA. Funcionarios de diversas administraciones —novoprogresistas y populares— han laborado o tenido contratos en la firma.
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