La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, informó que refirió el caso de los contratos de la Autoridad de Puertos a la Oficina de Investigaciones y Procesamiento, luego de que trascendieran posibles conflictos de interés con su director ejecutivo, Omar Marrero.
“La situación fue referida al área de investigaciones de la Oficina. Porque tan pronto veo cuáles son las alegaciones que se están haciendo la oficina tiene la obligación de investigar. Eso está referido desde el día de hoy al Área de Investigaciones y Procesamiento para que ellos entonces comiencen su proceso de evaluación y pueden en efecto determinar si hubo algún tipo de violación a la Ley de Ética”, dijo Rosario a Metro.
Ayer trascendieron en un diario local los tres contratos que fueron otorgados a la firma de consultoría energética Gvelop LLC, que tuvo a Marrero como agente residente.
Según la Oficina del Contralor, el pasado 25 de septiembre se otorgó un contrato por la cantidad de $120,650 a Gvelop LLC por concepto de servicios profesionales. Dicha empresa fue incorporada en 2011 por Marrero. En la oficina del Contralor también se detallan otros dos contratos otorgados a la mencionada empresa, esta vez por parte de la Autoridad del Distrito de Convenciones. Uno de $59,650 con fecha del 24 de febrero de 2017 y otro de $120,000 con fecha de 21 de julio de 2017.
La directora de Ética Gubernamental sostuvo que el hecho de que una persona funja como agente residente o incorpore a una empresa “no necesariamente implica que tú vas a tener un beneficio y lo haces socio, o que va a recibir dividendos, ni nada de eso”. Sin embargo, esta precisó que solo la investigación determinará si hubo conflicto de interés o no en el caso de Marrero.
“Omar dice que solamente fue un agente residente, fue el abogado que ayudó a la compañía a incorporarla. La impresión que se da es que él tiene interés en la compañía, eso ya se va a saber cuando hagamos la investigación”, manifestó.
Sin fecha para el resultado de la investigación
La funcionaria no precisó cuándo se sabrá el resultado de esa investigación, porque el Área de Investigaciones y Procesamiento tiene unas 1,300 investigaciones pendientes y solo nueve abogados para procesarlas.
“Yo diría que el orden debe ser por orden de llegada porque hay investigaciones más viejas que esta. Por otro lado, te tengo que decir que la situación amerita y aparte de haberlo referido le voy a pedir a la directora del área que le de a este asunto a uno de los abogado que tal vez tenga menos caso, que pueda trabajar esto de la forma más acelerada posible”.
