MADRID — Seis legisladores catalanes declaraban el jueves ante un juez español por las acusaciones de que ignoraron las órdenes del Tribunal Constitucional español y permitieron una votación sobre la independencia de Cataluña en el parlamento regional.
La presidenta de la cámara autonómica, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la mesa de parlamento catalán afrontan posibles cargos de rebelión, sedición y malversación, lo que podría suponer penas de prisión de varias décadas.
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Un juez del Tribunal Supremo tendrá que decidir tras tomarles declaración si se decretan medidas cautelares _incluida la prisión preventiva_ mientras prosigue la investigación.
La declaración de independencia del 27 de octubre en el parlamento catalán fue boicoteada por la mayoría de los legisladores de oposición, pero se celebró pese a órdenes judiciales previas. El texto se aprobó por 70 votos a favor y 10 en contra en la cámara de 135 escaños.
Las autoridades centrales españolas adoptaron la medida sin precedentes de intervenir la acomodada región poco después, la primera vez en cuatro décadas de democracia que una de las 17 comunidades autónomas españolas pierde temporalmente su capacidad de autogobierno.
España destituyó al gobierno regional, disolvió el parlamento catalán y convocó nuevas elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
El expresidente regional Carles Puigdemont y cuatro exmiembros de su destituido gobierno huyeron a Bruselas, donde tratan de evitar órdenes españolas de arresto y extradición.
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También intentan ganar apoyos para su causa en Europa. Aunque ningún país se ha puesto de su lado públicamente, su presencia en la capital belga está sembrando divisiones en la clase política.
Dos activistas y ocho miembros del destituido gobierno catalán están ya en prisión, mientras la Audiencia Nacional española estudia posibles cargos de rebelión y sedición en su contra. Otro exconsejero catalán fue liberado bajo fianza, aunque sigue bajo investigación.
Forcadell sigue siendo la presidenta del parlamento regional y lidera una comisión de dos docenas de legisladores durante el periodo de transición hasta los comicios del mes que viene.
El Tribunal Supremo demoró las declaraciones durante más de una semana después de que los abogados de la defensa alegaran que no había tenido tiempo suficiente para prepararse.
Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, supone en torno a un quinto del producto interno bruto de España. Los sondeos muestran que su población está dividida aproximadamente a la mitad en la cuestión de la independencia.
