La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, el Comité Timón de Educación Especial y comunidades escolares radicaron este martes en el Tribunal Superior de San Juan un recurso de mandamus contra el Departamento de Educación y la Secretaria Julia Keleher para ordenarles que cumplan con su deber ministerial y brinden a los niños y niñas del país el servicio educativo a que tienen derecho.
Al presente han abierto unos 837 planteles de un total de 1, 132.
“La mayoría de las 295 escuelas que faltan por abrir están listas y la Secretaria Keleher mantiene una espada de Damocles sobre ellas. La funcionaria ha expresado que busca cerrar más de 200 escuelas y que no descarta imponer el modelo privatizador de las escuelas chárter que ha fracasado en Estados Unidos”, señaló Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.
La licenciada Sandra Otero y el licenciado Osvaldo Burgos son los abogados a cargo del recurso. El mandamus pide al Tribunal que ordene al Departamento de Educación y a la Secretaria Keleher “a cumplir inmediatamente con su deber ministerial en este caso, particularmente a la apertura de las escuelas y el restablecimiento con los servicios de educación especial”.
Los demandantes atribuyeron a la presión y denuncia de las comunidades escolares el que el Departamento de Educación haya acelerado la apertura de escuelas.
“El país ha salido a defender sus escuelas y la Secretaria Keleher ha tenido que apretar el paso, pero aún no ha alcanzado el 80% escuelas abiertas que anunció hace más de una semana”, dijo Martínez Padilla.
“No hay razón para seguir privando a más de 80,000 niños y niñas de su derecho a estudiar que no sea el intento de la Secretaria Keleher de cerrar permanentemente cientos de escuelas, despedir sobre 2,000 maestros transitorios adicionales, trasladar forzosamente a miles de estudiantes y privatizar planteles. Las comunidades escolares no lo van a permitir”, añadió.
Por su parte, Larry Emil Alicea Rodríguez, Presidente del CPTSPR, indicó que la entidad que preside tiene especial interés en que se reabran las escuelas no solo porque 1,489 trabajadores sociales dan servicio como empleados del Departamento de Educación, sino porque los niños y niñas enfrentan “un importante proceso de sanación poshuracán y les urge reinsertarse a la vida académica”.
El Colegio de Trabajadores Sociales, según lee el recurso incoado “representa los integrantes del profesión del Trabajo Social en Puerto Rico con la visión de mantener una actitud de alerta hacia todos los asuntos que amenacen su integridad, así como en la defensa de sus derechos y de las poblaciones diversas y excluidas a las cuales se prestan servicios”.
Alicea Rodríguez cuestionó la actitud del Departamento de Educación de negarse a buscar formas de comunicación con los maestros y comunidades escolares que luchan porque se abran sus escuelas. “En momentos donde el país atraviesa por una crisis sin antecedentes y los diversos sectores buscan espacios de comunicación, lo menos que podía hacer la Secretaria Keleher es plantear vías de diálogo que beneficien a los y las estudiantes en nuestras escuelas públicas”, añadió.
Uno de los sectores más afectados por la lentitud en reanudar las clases en las escuelas públicas son los niños y niñas de Educación Especial. El recurso presentado señala que las leyes establecen “la obligación del gobierno para que los jóvenes con diversidad funcional reciban una educación pública y apropiada que haga énfasis en proveerles la educación especial y los servicios relacionados diseñados para atender sus necesidades particulares; se prepare a éstos para trabajar y llevar una vida independiente y; se asegure que se protejan los derechos de estos niños y niñas y los de sus padres o guardianes”.
“La educación es un derecho y corresponde a todos, padres, madres y encargados la responsabilidad de reclamar el cumplimiento y obligación del gobierno de ofrecerla.Exigimos la apertura de las escuelas del país. Cada día que pase que a nuestros hijos e hijas, los que tienen necesidades especiales y los que no, se les siga privando de los servicios educativos y relacionados, que en la mayoría de los casos se ofrecen en las escuelas, representa regresión y daño irreparable, maltrato y abuso de los que están llamados a proveerlo”, afirmó Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Padres y Madres de Niños de Educación Especial.
“Es un atentado contra la vida y la seguridad, y la garantía constitucional a una educación pública, gratuita y apropiada. Por lo que nos unimos a este reclamo por la inmediata apertura de las escuelas y el ofrecimiento de todas las garantías que procedan. Son muchos los casos reportados por padres y madres, que nos refieren sus testimonios de angustia y tristeza , de menores que han perdido sus hogares, sus juguetes, pertenencias, sus amigos, que se han mudado, y se suma a sus preocupaciones su escuelas, compañeros y maestros. Reclamamos el cese del maltrato a los menores y sus familias que lo que piden es su derecho a la educación”, dijo Warren.
“Defenderemos el derecho constitucional de nuestros niños y niñas a una educación pública adecuada y esperamos que el tribunal le ordene al Departamento de Educación y su Secretaria cumplir con su deber”, concluyó Mercedes Martínez Padilla.
