Basta visitar las alcaldías, comandancias, y funerarias de los pueblos para encontrarlos. Los médicos también los reconocen, en privado. Pero el gobierno no los quiere ver. Se niega a documentarlos.
Pero en las últimas tres semanas el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha identificado 47 casos de muertes relacionadas al huracán María, adicionales a los 55 que ha informado el gobierno, mediante entrevistas a alcaldes, funcionarios de seguridad y manejo de emergencias de los municipios, entrevistas a familiares y revisión de certificados de defunción.
La investigación arroja que el estado ha revictimizado a los familiares de personas que han muerto por circunstancias vinculadas a la emergencia obligándoles a cumplir con requisitos burocráticos en momentos en que el propio gobierno incumplía con sus obligaciones y, como todo Puerto Rico, no estaba operando. Algunos de los familiares de estas víctimas fatales incluso tuvieron que pasar días con el cadáver de su ser querido descomponiéndose en la casa porque la Policía ni la Fiscalía acudían a levantar el cuerpo, según documentó el CPI.
Marta Rosa Colón, Ángel Luis Vázquez y su hija de 12 años además de perder la mitad de su casa durante el histórico ciclón perdieron al patriarca de la familia, don Teodoro Colón de 82 años. Colón, quien se recuperaba en el hogar de un derrame sufrido la semana anterior y dependía de oxígeno, falleció en plena tormenta la madrugada del 20 de septiembre en el cuarto donde se guarecía con su hija y su nieta en el barrio Damián Abajo de Orocovis. Ese mismo día cuando bajaron los vientos, su yerno se armó de valor y de un machete para ir a pie al pueblo a buscar ayuda. Tras caminar cuatro horas entre los derrumbes, la crecida del río y la maleza, llegó al cuartel de la Policía donde le dijeron que no podía mover el cadáver, y que tampoco lo podían ir a buscar porque las carreteras estaban incomunicadas. En la funeraria del pueblo, Orocovis Memorial, le dijeron que tampoco podían llegar a buscar el cuerpo.
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Vázquez tuvo que regresar a pie nuevamente, usar una planta eléctrica para prenderle el aire acondicionado al difunto, y mudar a toda la familia al cuartito contiguo, pues el segundo piso de la residencia quedó completamente destruido. Al día siguiente nadie llegó. Desesperado, volvió caminando al pueblo y se presentó en el Centro de Operaciones de Emergencia a clamar por ayuda y, pese a que no estaba la papelería legal requerida para mover un cadáver, los rescatistas municipales y el personal de la funeraria accedieron a auxiliarlo. Esa misma tarde un grupo de 10 hombres intentó llegar a buscar el cuerpo para sacarlo cargando del lugar, pero las lluvias les impidieron llegar a la residencia, contó el líder de los rescatistas Willie Colón, quien además era familiar del difunto.
Al tercer día los 10 hombres regresaron de madrugada y pudieron sacar el cuerpo ya en estado de descomposición, cargándolo y arrastrándolo entre derrumbes, árboles y la crecida del río para poderle dar sepultura. Nunca vino un policía, ni un fiscal a certificar la muerte. De hecho, la funeraria confirmó que aún no hay certificado de defunción pues el Registro Demográfico no estaba operando esos días.
Tampoco vino un médico, pese a que don Teodoro era paciente de hospicio del Hospital Menonita, en Aibonito. Al día de hoy la familia no sabe la causa del deceso y los tanques de oxígeno y equipos médicos, incluyendo la cama de posiciones, no han sido recogidos en su casa.
“Mi suegro no se merecía eso”, sostuvo molesto y afectado Vázquez. Marta Rosa escuchaba a su lado. No tenía palabras.
Su esposo tuvo que decirle a la funeraria que él se hacía responsable de cualquier problema que surgiera por mover el cuerpo sin seguir los procesos legales, pero que por favor sacaran ya el cadáver de su casa.
Carmen María Meléndez Aponte, de 84 años y residente de Utuado, tuvo peor suerte. Murió en su casa el 21 de septiembre y su cadáver estuvo nueve días en la cama por los problemas de acceso provocados por la tormenta.
Su hijo, Juan Santiago Meléndez relató que ese día mientras comía, al parecer, le dio un ataque cardiaco. Él cree que su muerte fue provocada por la impresión que vivió con el huracán. Meléndez confesó que estuvo a punto de enterrarla en el patio, pero fue disuadido por la Policía y por el personal del Centro de Operaciones de Emergencia de Utuado. En vez, envolvió a su madre en sábanas, la sujetó con unas cintas, y la puso en la cama a esperar a que la buscaran. La funeraria finamente la recogió cuando hubo paso.
El certificado de defunción indica como primera causa de muerte cardiopatía isquémica y luego enfermedad de Alzheimer. El documento no menciona nada sobre las circunstancias extraordinarias experimentadas por doña Carmen María debido a la destrucción de su entorno por el huracán.
Ese mismo día 21 en Carolina, Salvador Rosa Montañez, de 72 años, también sufría las consecuencias de la tormenta. El compositor, periodista y relacionista, era paciente de Parkison y tenía que seguir una dieta estricta y licuada, pero tras María tenían que majarle la comida a mano porque no tenían electricidad, ni planta, y no tragaba bien, contó su hija Myriam. La familia notó que don Salvador comenzó a desmejorar y llamaron desesperados al 911 para que lo buscara una ambulancia, pero nadie contestaba. Cuando finalmente llegó la ambulancia, el paramédico les dijo que Don Salvador estaba infartando y que a donde único lo podían llevar era al Hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Allí le dijeron que no tenían los recursos para atenderlo adecuadamente, y que había que transferirlo a otro hospital, pero que no tenían ambulancia para transportarlo y los hospitales que podían atenderlo no estaban aceptando transferencias por estar llenos a capacidad.
Trataron que el Hospital de Veteranos en San Juan lo aceptara —después de todo su papá era veterano— pero le dijeron que tampoco podían atenderlo.
Las estampas de terror que Myriam vio en el hospital, con personas tiradas por todos lados en los pasillos del hospital hacinado, sangrando, baleadas, dice, eran como sacadas de una película. Aún así dejó a su padre estable en la “esquinita” que denominaban “intensivo”, y se fue esa noche porque el personal le dijo que no podía quedarse.
Al día siguiente, cuando lo fue a visitar, corrió la cortina que separaba a los demás enfermos de su papá, y encontró la camilla vacía. Salvador había muerto y nadie le había dicho.
El cuerpo fue cremado, por lo que figura entre las 911 cremaciones autorizadas por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) tras María que, según Pesquera, no tuvieron vinculación alguna al huracán.
“Me dio mucho coraje cuando estaba viendo la conferencia de prensa y Donald Trump dijo la barbaridad que dijo y el Gobernador le dice que sí, que son 16 (muertes por María). Me sentí ofendido porque a mi papá no lo están contando como una persona que murió por la emergencia”, dijo desde Boston su otro hijo, Mario, sobre la cifra oficial de muertes que el gobierno mantuvo inamovible durante las primeras dos semanas tras el huracán.
Durante su visita a Puerto Rico, Trump citó la “baja” cifra como prueba de la alegada efectividad de la respuesta del gobierno de Ricardo Rosselló y del gobierno federal a la emergencia. Una semana antes, una investigación del CPI había revelado que había decenas muertes no contabilizadas, y que posiblemente habría cientos de muertes adicionales.
El 2 de octubre Rubén Ramos, del Viejo San Juan, tuvo una experiencia de horror en el Hospital Pavía de Santurce. Tres días antes, su madre Elizabeth Colón, profesora universitaria de 60 años, comenzó a sentir dolores de estómago tras haber compartido comida con los vecinos después del huracán. Al día siguiente tuvo fiebre, y después, los dolores arreciaron, por lo que corrieron al hospital. Lo que Ramos encontró allí fue “inhumano”.
“Yo quiero ser lo más justo con la situación que está pasando el país. Yo soy una persona justa, pero el trato era el de una carnicería”, dijo al relatar que los pacientes estaban tirados en camillas en los pasillos y la institución, a su juicio, no contaba con los recursos para atenderlos.
Su madre, ingeniera eléctrica quien gozaba de buena salud, estaba muerta cuatro días después. Minutos antes del fallecimiento, la doctora le dijo a Rubén que su madre tenía Leptospirosis.
El joven, quien se define como patriota, dijo que la experiencia y la forma en que el gobierno ha manejado el desastre, “sepultando” y “manipulando” información, ha destruido sus esperanzas en Puerto Rico.
“El dolor personal es tanto que yo de verdad me he rendido ante el aparato del país. Decir ‘terrible’ y ‘maldad’ se queda corto. El nivel de perversidad con el que ellos han manejado esto es increíble. Ellos no tienen la capacidad de gobierno que este momento necesita. Esto es una falta de respeto. Yo de verdad estoy convencido que después de esto yo me voy (de Puerto Rico). Esto a mí me robó a mi madre y con ello cualquier confianza que yo pueda tener en este país”, dijo notablemente afectado.
La semana pasada el gobierno finalmente dio a conocer las cifras de muerte para septiembre y las mismas registran 427 más que en el 2016. Así mismo muestran que en los 10 días que siguieron a María se registró un aumento de 43% en el promedio diario de muertes en Puerto Rico.
No obstante, el gobierno no relaciona este aumento significativo en las muertes al huracán y mantiene la cifra oficial de muertes vinculadas a la emergencia en 55. Las cifras de octubre, cuando la emergencia continuaba en todo su apogeo, aún no han sido informadas, ni las de noviembre, cuando aún la mayoría de la población continúa sin electricidad.
El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, ha insistido en que no hay anomalía en el aumento de muertes registrado y en que se deben a “causas naturales”.
El CPI apenas ha logrado visitar siete municipios para documentar los 47 casos adicionales, lo que anticipa un conteo final muy distinto al que proyecta el gobierno.
En la Región de Utuado de la Policía de Puerto Rico -que incluye Adjuntas, Lares, Utuado y Jayuya- hay 15 muertes vinculadas al huracán, informó la oficial de prensa de la Comandancia, Graciela Margolla, al CPI. La funeraria Utuado Memorial ha registrado un aumento del doble de los sepelios usuales desde el huracán, y la dueña, Olga Sureda, sostuvo que son relacionadas a la emergencia porque los propios familiares le comparten las circunstancias bajo las que murieron los difuntos.
Dijo que en los 19 años que lleva trabajando en la industria de las funerarias nunca ha visto nada igual.
En Orocovis, el alcalde Jesús “Gardy” Colón reportó cuatro casos y el CPI encontró uno adicional, todos vinculados a interrupciones en los servicios de salud por el huracán y la falta de electricidad. Ninguna de estas muertes figura en la lista del gobierno. En Toa Baja, el alcalde Bernardo “Betito” Márquez también dio cuenta de cuatro casos. Solo uno está en la lista del gobierno. Por su parte, el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, dijo al CPI que contabilizó 12 muertes que se dieron en circunstancias relacionadas a la emergencia en la semana posterior al azote de María, y en la lista oficial no hay ningún caso en este pueblo.
“Nuestro hospital de área quedó sin el servicio eléctrico y en dos ocasiones colapsó su generador eléctrico. FEMA tuvo que venir a nuestra ciudad, tomar posesión del hospital y hacer unos traslados”, admitió Torres. Indicó además que las 12 muertes de su pueblo hasta el momento han sido certificadas como naturales, pero que no fueron evaluadas científicamente.
Existen métodos probados a nivel mundial para documentar de manera científica las muertes causadas por desastres y emergencias, que incluyen el estudio de las distintas variables que influyeron en todas las muertes ocurridas durante la duración de la emergencia. Pero Puerto Rico ha decidido hacerlo a su manera: sin estructura, sin metodología científica y sin rigor.
En vez de asignar la tarea al responsable constitucional del estudio científico de las causas de muerte en la isla, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, o de reclutar a los epidemiólogos del Centro para el Control y Protección de Enfermedades (CDC), principales expertos en esta materia en el sistema federal, el gobernador Ricardo Rosselló dejó el asunto en manos del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, quien sostiene que en la mayoría de los casos solo se mirarán los certificados de defunción de las muertes para hacer la adjudicación del vínculo a la emergencia. Esto, pese a que desde hace más de un mes el mismo Pesquera reconoció al CPI que los médicos no han estado haciendo anotación alguna relacionada al huracán María en dichos documentos, donde solo indican la razón clínica del fallecimiento. Rosselló no contestó las preguntas que el CPI le envió por correo electrónico sobre las decisiones que ha tomado en torno al manejo de las muertes relacionadas a la emergencia.
Estos casos equivalen al 80% de las defunciones en Puerto Rico, las cuales en su mayoría no serán analizadas bajo el proceso que ha seguido Pesquera y su equipo. No se entrevistará a los familiares de estas personas, porque sus agencias no tienen el personal para hacerlo, dijo el funcionario en entrevista con el CPI.
Los únicos casos que están siendo investigados mediante autopsias, exámenes externos o entrevistas a familiares son apenas una porción de los que llegan al ICF, que desde el 20 de septiembre hasta 30 de octubre fueron 338, aún cuando las muertes ocurridas en Puerto Rico en septiembre y octubre que han podido ser entradas en sistema van casi por 5,000. Y aun así, dueños de funerarias informan que el ICF está despachando los casos con una premura atípica, en tres o cuatro días, cuando antes del huracán tomaban una semana, prácticamente el doble del tiempo con menos volumen.
En general, el proceso para contabilizar y dar a conocer las muertes relacionadas al huracán María ha estado marcado por declaraciones que han resultado ser falsas, y por un continuo entorpecimiento del acceso a la información sobre el tema por parte del gobierno. Por ejemplo, Pesquera afirmó la semana pasada que que “el CDC es el que decide” la causa final de muerte en Puerto Rico. Sin embargo, en realidad según la Ley 24 de 1931 el responsable de esta tarea en la isla es el estado a través del Departamento de Salud y su Registro Demográfico.
Así es en todos los estados, aseguró en entrevista el director de emergencias del Departamento de Salud federal para la Región de Nueva York, a la que está adscrita Puerto Rico, Murad Raheem.
La isla utilizaba desde antes de María el apoyo del CDC para el procesamiento electrónico de los datos de los certificados de defunción, pero el gobierno no ha solicitado ayuda específica del equipo de epidemiólogos de esa agencia para documentar las muertes vinculadas al huracán pese a que el servicio es gratuito, confirmó el funcionario.
Además de no entregar a la prensa la información sobre las muertes que se iban registrando tras la emergencia y la información demográfica completa que permitiría hacer un análisis sobre el tema. El gobierno nunca anunció públicamente o a la prensa la instauración del “Procedimiento Temporero para la Disposición de Cadáveres en los Hospitales”, un asunto que afectaba a cientos de familias, mientras sí hacía anuncios diarios de otros asuntos, como el protocolo de disposición de animales muertos. El CPI consiguió el protocolo por otras fuentes.
El CPI supo que el Departamento de Justicia emitió dicho protocolo el 3 de octubre ante la crisis en las morgues de los hospitales que estaban llenas a capacidad. Según copia del breve documento, el propósito era facilitar el manejo de cuerpos “cuando no se cuente con certificación médica y/o se ha podido coordinar transportación” delegando la coordinación de la transportación en el ICF. Además, para los casos de cremaciones y de muertes en égidas se designaron dos fiscales a la sede del ICF solo para expedir las boletas “de manera más ágil”.
Los hospitales fueron y serán un factor clave en las muertes relacionadas al huracán porque buena parte de la población fue a parar a estas facilidades ante la pérdida de energía eléctrica. Pero esas instituciones también estaban seriamente afectadas por el mismo problema, y por la falta de medicamentos y personal. A seis días del paso de María, el secretario Rodríguez Mercado declaró al CPI que sólo 18 hospitales o el 70% de los 69 hospitales de la isla estaban abiertos, que las morgues estaban llenas, y que las circunstancias que atravesaban las instituciones estaban siendo un factor en las muertes.
Fue la última vez que habló públicamente sobre el tema de las muertes tras María, pese a que el CPI ha solicitado entrevista con el galeno insistentemente por el pasado mes. Desde entonces, el tema le fue delegado a Pesquera.
La epidemióloga del Estado, la Dra. Carmen De Seda no ha intervenido en el tema o en conferencias de prensa.
“Relacionado al huracán (hay) 19 muertes hasta este momento, que lo reportó el Gobernador, pero también han hecho fosas comunes. A nosotros se nos informó que hay gente han enterrado a sus familiares porque están en sitios que todavía no se ha llegado. Nos han reportado como seis a siete casos así. Recuérdate que mucha gente han muerto por problemas médicos que no pudieron llegar a tiempo los servicios médicos, terminaron aislados, y cada rato se están dando informes de personas que están en sitios aislados, entonces van y los rescatan. Recuérdate que esto ha sido algo bien desastroso y hay que decir la verdad tal y como es”, dijo en aquel momento Rodríguez Mercado.
El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, sostuvo que es falso que 51 hospitales hubiesen cerrado tras María, pero no pudo ofrecer una cifra de cuántos estaban operando el día después del huracán.
“Esa cifra es dinámica”, respondió la tercera vez que se le hizo la pregunta.
Esa misma semana Pesquera dijo al CPI que era falso que las morgues de los hospitales estuvieran llenas.
En la conferencia de prensa celebrada la semana pasada Pesquera culpó a los médicos y a los familiares por las fallas en la contabilidad de las muertes indicando que es su responsabilidad asegurar que cualquier circunstancia vinculada al huracán, que haya contribuido al deceso, sea incluida en los certificados de defunción que el CDC procesa automáticamente. En esta ocasión, dijo que en el país había 29,000 médicos, cuando en realidad hay alrededor de 8,000.
Plá aseguró en entrevista con el CPI que él no ha dado instrucciones a los hospitales, ni a los médicos del país sobre la forma en que deben de llenar los certificados de defunción post-María. Médicos entrevistados confirman la versión de que nadie les ha informado que llenen los certificados de una forma diferente por el evento.
“Los diagnósticos por los cuales alguien muere no incluyen María. Las personas mueren por algún diagnóstico específico: un ataque al corazón, un stroke, un fallo cardíaco, fallo respiratorio, una embolia… Y el médico no puede hacer una determinación de que eso quien se lo causó fue María. Por lo tanto, yo no puedo, que es lo que siempre le he dicho a todo el mundo, plantear cuántas víctimas de María nosotros tuvimos directamente. Podemos pensar que mucha gente se afectaron con María, pero no podemos decir cuántas muertes hubo porque el diagnóstico oficial es un diagnóstico médico no un diagnóstico de un evento. No es el mismo caso de una guerra, donde se contabilizan los muertos por la balacera que hubo y los cadáveres que recogieron, así que puedo pensar que sí hubo personas que el mismo evento atmosférico creó una circunstancia donde ellos pudieron haber fallecido, pero los diagnósticos son otros. Así que yo no puedo realmente decir cuántas muertes podemos relacionar a María”, dijo Plá.
Esto explica por qué solo tres de los certificados de defunción que el CDC ha analizado dicen la palabra “huracán”, cifra que fue provista la semana pasada por la directora de Calidad y Estadísticas del Registro Demográfico, María Juiz.
“Responsablemente desde el punto de vista de los hospitales, no puedo pedirle a los hospitales que tomen una determinación de que el diagnóstico de muerte tenía relación con otra cosa que no sea un asunto médico, porque esa es la manera en que siempre se ha trabajado”, sostuvo Plá.
Tanto Pesquera como la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet, han afirmado que enviaron a la Asociación de Hospitales las Guías del CDC para completar certificados de defunción en casos de desastres y huracanes. Llovet incluso proveyó copia del correo electrónico en el que envió el documento a la Asociación, a Plá, y a la Asociación de Funerarios de Puerto Rico.
Plá dijo al CPI que no recuerda haber visto el documento, pero que unas guías no cambian la ley y que si el gobierno quería implementar un nuevo protocolo para modificar la forma en que se completan los certificados de defunción durante la emergencia, tenía que haber hablado antes con el Departamento de Justicia, y que el gobernador Rosselló tenía que emitir una Orden Ejecutiva o legislación que cambiase el estado de derecho.
“Con relación a cualquier directriz que el gobierno quiera que una institución de salud, como nosotros los hospitales, cumpla, nosotros necesitamos tener directamente del gobierno, de la institución que sea, específicamente qué es lo que quiere y cuáles son los pasos que se llevan a cabo para eso. Tiene que haber una directriz de por qué está cambiando el protocolo. Si se está cambiando el protocolo, tiene que haber una evidencia de cómo se va a bregar, debe decir exactamente qué es lo que quieren que se haga, y deben de haber unas circunstancias donde si es o una orden ejecutiva o es una directriz o es un cambio en la ley, porque la mayor parte de los hospitales lo que se rigen es por la legislación que haya vigente, por los reglamentos que se han establecido y por los protocolos que se han estado utilizando. Si usted quiere cambiar la ley, los procedimientos o el protocolo, tiene que haber una justificación especial de cómo se hace, pero no lo pueden inventar los hospitales de momento”, sentenció.
El Dr. Cham Dallas, director del Instituto de Desastres de la Universidad de Georgia, sostuvo que lamentablemente la política usualmente influencia la forma en que se cuantifican las muertes y se hace pública la información durante las catástrofes en todos los lugares que ha estudiado.
“No quiero decir que el gobierno quiere esconder los números, pero diría que quiere mirarlos por un largo tiempo antes de darlos a conocer. Esta es la razón por la cual necesitan científicos a cargo y estudios, no políticos y policías. Esta situación no es exclusiva de Puerto Rico, es un problema común en lugares que experimentan desastres. Siempre hay un problema político. No importa a dónde vas, conseguir los datos (de las muertes) siempre es un gran problema”, sostuvo al recordar el caso del huracán Katrina en Nueva Orleans. Katrina azotó el estado de Luisiana en el 2005 causando inundaciones masivas después de que el huracán pasó y el dique de la ciudad se rompió. El evento provocó sobre 1,000 muertes, según la mayoría de los estudios, y el desplazamiento de más de 250,000 residentes.
“Eventualmente la verdad casi siempre sale a flote”, agregó pausadamente, con la tranquilidad del que conoce la dinámica porque la ha visto repetirse.
El experto, profesor de salud pública en desastres y de medicina de emergencia en la Universidad de Georgia, así como profesor de epidemiología de la Universidad de Emory, sostuvo que determinar con precisión las cifras de muerte relacionadas a los desastres es difícil pero viable, y algo que se hace continuamente alrededor del mundo por la importancia que tiene esta información para detener más muertes y prevenir muertes en eventos similares en el futuro.
Según indicó, los epidemiólogos son los únicos profesionales preparados para esta tarea que implica considerar variables en todas las muertes que ocurran en el lugar del desastre hasta que la emergencia termine, lo que a su juicio en el caso de Puerto Rico continuará por lo menos hasta que se restablezca el servicio de energía eléctrica. A cada variable se le da un peso en la fórmula para determinar la vinculación o no de una muerte a un estado de emergencia.
Según dijo en entrevista con el CPI, aunque los científicos difieren en cuanto al peso que se debe de dar a cada variable, como es usual en la ciencia, coinciden en las variables que tienen que ser tomadas en consideración. Entre ellas, las más importantes son el historial médico completo de cada individuo -tanto el inmediato como el histórico-, el historial de salud de la población y su tasa usual de muerte, las condiciones de vida y del entorno del difunto previo a la catástrofe y cómo cambiaron, cambios en la temperatura y la humedad del ambiente, el nivel socio económico de la persona, y el nivel de estrés provocado por la emergencia en esa persona.
“El estrés es un factor enorme. Esperar en fila para comida, esperar en fila para combustible, toda esta espera en filas es muy estresante y algunas personas manejan el estrés mejor que otras”, dijo al explicar que en las muertes de los pacientes cardíacos, por ejemplo, este es uno de los factores más fáciles de cuantificar.
La violencia también es un factor, porque si los asesinatos se duplican tras el desastre como ocurrió en Katrina, hubo un cambio significativo en lo que era la norma en la ciudad de Nueva Orleans que respondió a la emergencia en la vida de la población.
“Todos los problemas que las personas tienen en sus vidas, sea en su matrimonio o su trabajo, se empeoran en estas circunstancias y empujan a la gente por el precipicio”, apuntó.
Asimismo, detalló que la situación económica de las personas es determinante en las emergencias porque “los ricos se pueden ir y los pobres no”.
“Hay que mirar estos segmentos por separado. Hay que mirar cómo contrastan (las fatalidades de) los ricos versus los pobres”, señaló.
Otros segmentos que deben de ser analizados de manera segmentada son los viejos, los niños y las madres con niños pequeños, particularmente las solteras que han probado ser particularmente vulnerables en los desastres alrededor del mundo.
En Puerto Rico, una variable determinante en la pérdida de vidas será la falta de electricidad, anticipó el Dr. Dallas.
Si estuviese a cargo del estudio, ¿cómo lo haría?, se le preguntó a Dallas.
“Es fácil dejar de contar víctimas en una crisis. Dejar de contar a los que se fueron, dejar de contar a las personas olvidadas y vulnerables, a aquellos que no tienen a nadie que se ocupe de ellos”, dijo. La primera pregunta que se haría a sí mismo para diseñar el estudio sería ¿faltan víctimas por contar? Así identificaría los segmentos que necesitan atención en la investigación.
Por su parte, el exsecretario de Salud y epidemiólogo, Johnny Rullán, quien ha trabajado con el CDC en el pasado y participó de las evaluaciones de las muertes vinculadas a los huracanes Hugo y Georges, dijo que también hay que segmentar y analizar las muertes que ocurren antes, durante y después del evento. Debido a Hugo, no hubo muertes antes, dos veleristas murieron durante, y hubo 10 después, casi todos electrocutados, dijo.
“Se hizo una investigación completa, y entonces cambiamos la ley para que no pudieran prender un generador sin apagar el switch central de tu casa”, indicó.
En Georges la mayoría de las muertes fueron después también, pero por monóxido de carbono generado por generadores mal puestos.
“Aquí se han mezclado las cincuenta y pico de muertes que ellos dicen que hay, todas en un mismo bonche, y no se sabe cuáles fueron antes, cuáles fueron durante y cuáles fueron después”, dijo y señaló que las categorías establecidas por el gobierno actual de muertes directas e indirectas son “un invento”.
“Secretarios de Seguridad o de Asuntos Públicos hablando de las muertes y diciendo cuántas son, eso es completamente… está fuera de departamento. Eso le corresponde, en mi opinión, al Secretario de Salud con un estudio epidemiológico completo”, agregó Rullán.
“Aquí tiene que haber mucho más muertes. Esos desaparecidos tienen que haber muerto, muchos de ellos sin que se sepa. La leptospira es como un catarro y como un dengue, que tú piensas que no te va a pasar nada y de repente te mueres. Yo no sé cuántas muertes ha habido por leptospira, pero el número tiene que ser mayor del siete, según mi criterio”, sostuvo el epidemiólogo.
“Para mí, no estábamos preparados para un grupo de gabinete de gente sin experiencia. Yo llevo años ya viendo esto, y a los funcionarios que le damos el poder no les requerimos ningún tipo de adiestramiento. De hecho, esas muertes que ocurrieron, en mi opinión, la mayoría son demandables, porque le mandaron la prueba a Estados Unidos, que toma ocho días, y todo el mundo sabe que el 10 por ciento de la gente que le da el leptospira fulminante, que se mueren, se mueren en unos cuatro días. O sea que tú no puedes esperar un resultado en ocho días si te mueres en cuatro”, concluyó.
Otro caso que hay que investigar en profundidad, dijo, son las inundaciones en Toa Baja y sus consecuencias ya que abrieron las compuertas del Lago La Plata sin avisar a nadie en momentos que llovía y bajaban las escorrentías relacionadas al huracán. El alcalde Márquez, confirmó al CPI que las alarmas no sonaron y que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tampoco les avisó. Allí murieron tres personas sólo el día del huracán, según los casos que tiene documentados el funcionario.
“En la parte de las muertes, ya yo hubiese tenido el grupo de desastres del CDC, hace tiempo, analizando con todos los patólogos de todos los hospitales todas las muertes y poniéndole lógica a cómo murió, antes, durante o después. Uno lo hace con gente que viene del CDC, que conocen porque estuvieron en lo de Nueva York, gente que se especializa en desastres y utilizan las muertes para prevenir las próximas”, argumentó.
Según dijo Dallas, es crucial estudiar lo que constituye ya el apagón más largo en la historia de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Precisamente en este momento, el científico trabaja en un estudio para proyectar cómo aumentaría la tasa de muerte por falta de energía eléctrica si se desatara una guerra nuclear con Corea del Norte.
“Nunca hemos visto algo así. Esto es importante y la razón por la cual tenemos que investigar lo que ocurre es porque volverá a ocurrir en Puerto Rico y podría ocurrir en los Estados Unidos también”, sentenció.
Esta historia es posible en alianza con Futuro Media Group con el respaldo de Ford Foundation. Metro la publica en alianza al Centro de Periodismo Investigativo
