Además de vivir con la angustia de saber que perdió el lugar donde residía, se suma la incertidumbre que se debe sentir al no conocer si podrá reconstruirla.
Así es la realidad de Beatriz Vázquez, quien perdió la mayor parte de su residencia en el Camino Los Romeros en Caimito, a raíz de la devastación del huracán María y hoy, más de 85 días después, aún espera por la respuesta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, siglas en inglés) casi resignada a no recibir dinero para la estructura debido a que no cuenta con un título de propiedad.
“Esas casas ninguna tienen escrituras porque eran del papá de mis hijos, con él yo viví 22 años hasta que nos divorciamos y las casas se quedaron sin escrituras. Yo no tengo escrituras y el hijo mío no tiene porque él no se las dejó tampoco”, dijo Vázquez, quien cumplió años el mismo día del huracán. La retirada de Comedores Escolares indicó a Metro que vive alquilada en una residencia cerca de donde ubica su casa. Pese a que en la estructura destruida hay servicio de energía eléctrica, en la casa que alquila no tiene por lo que ella y su pareja sobreviven con un generador eléctrico.
El estado de su residencia no la afecta solo a ella, sino que al estar ubicada en unos altos, su nieta Denise González –que vive en la parte de abajo- también se ha visto afectada pues tiene filtraciones, que cree tampoco son cubiertas por FEMA.
La situación de Vázquez es tan solo uno de los múltiples casos de construcciones informales que hay en Puerto Rico. Esto debido a que en muchos municipios tienen sectores donde hay terrenos heredados por familiares, de los cuales nunca se hizo una separación oficial de tierras, o bien otros son lugares invadidos de los cuáles no existen títulos de propiedad.
Uno de los requisitos que solicita FEMA al momento de las reclamaciones es evidencia de la titularidad del hogar, por lo que las familias que no tienen no pueden cumplir con ese requerimiento. Hasta la fecha, FEMA indicó que ha recibido 1,083,493 solicitudes de ayuda. De esas, se han aprobado 338,112 para las que se han aprobado $609,124,825.83 en el Programa de Asistencia a Individuos y Familias. Se ha determinado que 210,604 solicitudes son inelegibles. No obstante, el número de las que fueron consideradas “inelegibles” puede fluctuar constantemente pues cuando un solicitante recibe la carta con la determinación, esta va acompañada de las instrucciones para apelar la decisión.
Según confirmó el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, las “personas que no tengan un estatus propietario certificado no tienen acceso a servicio de FEMA lo que consideramos es injusto porque no darle acceso a esas familias a los servicios de FEMA los pone en estado de precariedad”. A juicio de Ortiz, el gobierno estatal debería ofrecer recursos y alternativas en caso de que FEMA no pudiese resolver.
“Si los municipios no estuviéramos tan severamente impactados de las decisiones del gobierno central pudiésemos ayudar”, expresó Ortiz, quien estima que muchas áreas rulares de la isla son construcciones de este tipo a lo que se suma que mucha gente está bajo el nivel de pobreza y los trámites para legalizar son “lentos, burocráticos y costosos”.
El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, indicó recientemente que en su municipio comenzaron a ofrecer ayudas con fondos municipales para construir el techo de las personas que FEMA no les cubre la reparación.
Son miles sin escrituras
De acuerdo con el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, David Carrasquillo, aunque no existen cifras oficiales, estiman que un 20 % de las unidades de vivienda en Puerto Rico no tienen escrituras por ser construcciones invadidas. Hay un total de 1,300,000 residencias en Puerto Rico, por lo que se estima que 260,000 de ellas son construcciones irregulares.
Carrasquillo explicó que en las zonas urbanas estas áreas son más fácil de localizar, como el caso de San Juan donde se encuentran Caimito, Cupey, algunas en la Península de Cantera, el Caño Martín Peña, sin embargo, en el interior de la isla es son más difícil de identificar.
Para obtener títulos de propiedad en terrenos invadidos, el presidente de la entidad detalló que se le deja a los alcaldes por lo que el llamado es a que las comunidades se organicen y exijan un compromiso de parte de los ejecutivos municipales.
Sobre las ayudas gubernamentales, Carrasquillo señaló que “aunque no cualifiquen, deberían solicitar para que a FEMA les conste la cantidad tan abrumadora de personas en esa situación”.
