MOSUL, Irak — En 2014, Abdulrahman Saad fue sacado de su casa en Mosul por combatientes del grupo Estado Islámico, dejando a su familia en el limbo.
Preguntaron a funcionarios de seguridad del EI y a jueces: ¿Dónde está nuestro esposo y padre? No hubo respuesta. Cuando la operación para recuperar Mosul inició, la familia se enteró que él se hallaba cautivo en la zona occidental de la ciudad, junto a otros cientos de prisioneros. Pero cuando el área fue liberada, no hallaron rastros de Saad, un hombre de 59 años propietario de una tienda de alimentos al mayoreo.
“La vida sin mi padre es difícil“, aseveró su hijo, Rami. Sin él, la familia Saad batalla para salir adelante, y su esposa llora su ausencia.
En su miserable condición, tienen compañía. Desde que Mosul fue declarada zona liberada en julio, sus habitantes han presentado más de 3,000 reportes de personas desaparecidas al concejo provincial de Nineveh, de acuerdo con Ali Khoudier, un integrante del concejo. La mayoría de ellos son hombres o adolescentes. Algunos fueron arrestados por el grupo Estado Islámico, mientras que otros fueron detenidos por fuerzas de seguridad bajo sospecha de tener lazos con el grupo extremista.
Pese a ello, la burocracia, la ineficiencia y la negligencia del gobierno iraquí han dejado a miles de familias en el limbo mientras las autoridades del país celebran la derrota del grupo Estado Islámico.
En un pequeño jardín en el exterior de una corte de Mosul, decenas de personas permanecen a la espera de noticias de los investigadores sobre sus familiares desaparecidos. Se aferran a gruesos expedientes: documentos de identidad, formatos oficiales, fotografías familiares y anuncios de “persona desaparecida” publicados por un periódico local. Es poco probable que reciban buenas noticias.
“Pasarán años antes que estas personas sepan exactamente qué la sucedió a sus parientes“, declaró un investigador, mientras familiares desesperados golpean por la ventana detrás de su escritorio y se congregan frente a la puerta de su oficina.
El investigador, que habló a condición de mantener el anonimato, dijo que el gobierno iraquí no cuenta con los suficientes expertos forenses para exhumar las decenas de fosas comunes descubiertas cuando el territorio era recuperado del grupo Estado Islámico. Y el sistema judicial del país no está equipado para procesar eficientemente los miles de detenidos por las fuerzas de seguridad.
Cerca de 20,000 personas permanecen en los centros de detención de todo Irak bajo sospecha de tener vínculos con el grupo Estado Islámico, de acuerdo con un reporte de Human Rights Watch de este mes.
En la provincia de Anbar, donde la victoria fue declarada en las ciudades de Ramadi y Faluyá hace más de un año, más de 2,900 personas siguen desaparecidas, aseguró Mohammed Karbouli, un miembro del comité parlamentario de Irak sobre defensa y seguridad para la provincia de Anbar. Karbouli agregó que tales desaparecidos en Anbar se han convertido en un símbolo de la falta de confianza entre los habitantes de Anbarm, en su mayoría suníes, y el gobierno central dominado por chiíes en Bagdad.
Cuando los padres desconocen el destino de sus hijos, advirtió, “surgen las tensiones”.
