En México se presentaron 92,4 denuncias por delitos sexuales al día en el primer semestre del 2017, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del país.
No obstante, a pesar de la gran cifra, los parlamentarios del estado de Michoacán decidieron aprobar el cobro de estudios que comprueban que mujeres fueron violentadas.
La decisión, tomada en el marco del presupuesto de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, establece que cada mujer debe pagar por un certificado de violencia física, uno de violencia psicológica y un estudio de visita domiciliaria para comprobar el delito.
Cada documento, necesarios para dar continuidad a una denuncia penal, cuesta 472 pesos mexicanos ($24.00) según el dictamen, explican medios locales.
En México el sueldo mínimo es de 2,650 pesos mexicanos ($136.00), es decir, estos exámenes corresponderían a más de la mitad del monto mínimo. A esto se suma la violencia económica que enfrentan las víctimas de violencia.
“Entonces, si la mujer va a ir a demandar y quiere que se le dé continuidad a su caso, tendrá que pagar alrededor de 1.500 pesos mexicanos ($76.98) cuando una de las cosas que nosotras hemos demandado de la violencia de género es el asunto de la opresión económica a la que se enfrentan las víctimas”, señaló la diputada local Brenda Fraga, de acuerdo con La Vanguardia Mx.
Fraga agregó que este sistema contribuye a la discriminación contra las mujeres violentadas e inhibe la posibilidad de que denuncien.
Además, esta decisión va en contra de la Alerta de Género, medida que insta a tomar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, y que podría llevar a Michoacán a estar en la lista de estados en alerta.
