Por: Denis Márquez Lebrón
En la pasada campaña electoral, previo y tras la aprobación de la Ley Promesa y la imposición colonial de la Junta de Control Fiscal, el Partido que represento advirtió sobre las monstruosidades que realizarían para garantizar el pago a los bonistas por encima del interés de las y los puertorriqueños.
Luego del “paquetazo” de leyes aprobadas por la Legislatura y el actual Gobierno desde principios del cuatrienio —ordenadas por la Junta— y tras una aparente calma debido al paso del huracán, la bestia embiste nuevamente con cuatro propuestas energéticas que, si se aprueban, sentarán un precedente nefasto para el futuro del país. Se trata de la reproducción en Puerto Rico de la visión republicana —al estilo Donald Trump—, que pretende perpetuar la dependencia en los combustibles fósiles e introducir tecnologías que han sido descartadas.
Una de las propuestas, el proyecto de incineración de basura Energy Answers en Arecibo, ha sido abiertamente rechazado en este país por amplios sectores y comunidades que han dado y continúan dando batallas en diversos frentes para detener tan funesto proyecto. Incluso, pretenden utilizar los mecanismos de la nueva ley de permisos para acelerar la obra. Esas iniciativas, diz que estratégicas, son parte de un esquema para favorecer a empresas que buscan llevarse una tajada de los $1,500 millones —al estilo Whitefish— que costarían estos proyectos.
El noviembre desarrollé, desde mi oficina legislativa, un foro energético en el que participaron expertos del país en potencia eléctrica, todos doctorados en ingeniería eléctrica y catedráticos del Recinto de Mayagüez de la UPR, y cuyas presentaciones delinearon un mapa radicalmente opuesto a lo que el coordinador de revitalización y la Junta de Control proponen que se apruebe. De igual forma, en octubre del año pasado radiqué la Resolución de la Cámara 563 para ordenar una investigación sobre el enfoque de política pública energética que debe adoptar Puerto Rico. A esta no se le ha dado paso. En lugar de ello insisten en volver a instalar en lugares sensibles, desde el punto de vista ecológico, los controvertibles molinos de vientos, incluso a sabiendas de que los instalados en la zona este del país no resistieron los vientos huracanados de María y, que los instalados en Santa Isabel, no generan la electricidad proyectada.
Proponen, además, añadir capacidad generatriz a las ya obsoletas centrales termoeléctricas de la AEE, condenándonos durante décadas adicionales a la quema de combustibles fósiles. Desde luego, en el PIP continuaremos insistiendo en un enfoque para utilizar al máximo las fuentes renovables aceptables por los científicos, profesionales del tema, comunidades y defensores del medioambiente cuya base es la descentralización, la creación de microredes, la eficiencia en la generación, transmisión y distribución y el uso intensivo de la energía solar como fuente verdaderamente estratégica, tanto para el sector gubernamental como para el sector privado y para nuestras comunidades.
Invito a todos los sectores a combatir la existencia de la Junta y a oponerse a los proyectos propuestos para defender el derecho de los puertorriqueños a articular un futuro energético autónomo. Luego del paso del huracán María y la devastación del sistema eléctrico, tenemos la obligación, si realmente queremos transformar el país, de formular un nuevo modelo energético, un nuevo pensamiento, acorde con nuestras necesidades y a nuestro futuro.
