La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como lo conocemos hoy dejará de existir, pues el gobierno de Ricardo Rosselló venderá activos de la corporación pública, según anunció él mismo a través de un mensaje televisivo.
Esta decisión se da en medio de la devastación que sufrió la corporación pública por el paso de los huracanes Irma y María y con tan solo 67.58% de abonados con luz, a cuatro meses del paso de los ciclones. En dos días, además, se supone que la AEE entregue un nuevo plan fiscal a la Junta de Control Fiscal, que estaba pautado para ser presentado el 10 de enero, pero el Gobierno pidió una prorroga.
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“La Autoridad de Energía Eléctrica dejará de existir como deficientemente hoy opera. Durante los próximos días comenzará el proceso donde se venderán activos de la AEE a empresas que transformarán el sistema de generación en uno moderno, eficiente y menos costoso para el pueblo”, afirmó el primer ejecutivo.
El proceso, de acuerdo a lo que mencionó el mandatario, se llevará a cabo en 18 meses y será a través de tres fases. En la primera fase el ejecutivo someterá un proyecto de ley para definir el marco legal que permitirá la privatización. También se abrirá una convocatoria para las empresas interesadas en participar y se auscultará el mercado.
Pero a pesar de esta primera fase anunciada ayer por Rosselló, el Centro de Periodismo Investigativo publicó el pasado 17 de enero que cuatro empresas ya estaban interesadas en la compra de la corporación pública. Quien confirmó la información a este medio fue Francisco Rullán, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (Oeppe). El funcionario, de acuerdo al artículo, no quiso revelar los nombres de las compañías, porque alega que aún están en negociaciones para dar servicios al gobierno.
En una segunda fase, Rosselló dijo que recibirán las ofertas de las empresas y se procederá con su evaluación técnica, económica y financiera. Finalmente, se negociarán los términos de adjudicación y contratación de las empresas seleccionadas que cumplan con los requisitos para la “transformación y modernización” de la AEE.
Según el gobernador, privatizará la generación de energía, que en su mayoría se produce en el sur de la isla, y por un término definido hará una concesión de la distribución y la transmisión.
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Parte de los ingresos que se generen por la venta de los activos de la AEE se utilizarán, de acuerdo al primer ejecutivo, para capitalizar los fondos de retiro de los empleados. Agregó que, los trabajadores “tendrán participación y formarán parte de su transformación. Ese es mi compromiso”. No obstante, en su corta intervención televisiva no explicó cómo participaran en la venta los empleados de la corporación pública.
Describió, además, que los abonados son “rehenes” de la AEE y que tras la privatización “tendrás el poder de escoger entre varias opciones, la mejor que te sirva”.
Reaccionan los políticos
Luego del mensaje del primer mandatario, las reacciones no se hicieron esperar, y políticos de todos los partidos del territorio comentaron sobre la nueva política pública de la presente administración.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, afirmó que estarán en espera del borrador de Ley que presentará el ejecutivo, para asegurarse de que los elementos que mencionó en su mensaje se cumplan.
“Quiero verlo, queremos ver cómo se van a proteger a los trabajadores, como se va a proteger el sistema eléctrico y que el saldo neto sea energía limpia, energía barata”, indicó en una conferencia de prensa en Fortaleza.
Carlos “Johny” Méndez, presidente de la Cámara, acotó que apoya la medida. “Nosotros respaldamos esta propuesta y me encararé que la Cámara de Representantes respalde esta iniciativa del señor Gobernador para traer a Puerto Rico un sistema energético mucho más limpio, mucho más adecuado, a tenor con los tiempos y que haga que Puerto Rico sea competitivo a nivel mundial”.
Pero para Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular Democrático, puso en duda la capacidad de la corporación pública para negociar una privatización, luego de la otorgación de contratos controversiales como el de la pequeña firma de Montana, Whitefish Energy Holdings.
¿Y qué pasa con la quiebra?
El Título III en el que está inmerso la AEE no sería una dificultad para su privatización, según el abogado experto en quiebras John Mudd. El letrado explicó que “la sección 363 de Quiebras no fue adoptada en PROMESA. Esa provee para que el Tribunal permita la venta. Por lo tanto, en el procedimiento ordinario del negocio, la AEE tiene, en mi opinión, y especialmente si la Junta está de acuerdo, la autoridad para vender. Obviamente como dice el Gobernador hay que hacer legislación, pero yo entiendo que se puede hacer sin ningún problema”.
El experto manifestó que entiende que se desaten críticas y protestas. “De hecho la unión tiene una demanda en contra del plan fiscal, eso obviamente cuando venga el plan fiscal mañana (hoy), hablará sobre eso, veremos con más detalle lo que se hace. En última instancia yo entiendo que se va a lograr”, opinó.
De igual forma, Mudd sostuvo que “obviamente cualquier dinero que venga de esa venta los bonistas van a decir ‘ese dinero es mío’”. Sin embargo, el abogado comentó que la corporación pública no podrá ser vendida por el valor de su deuda, que asciende a $9,000 millones.
“Los bonistas entienden que tienen lo que se llama revenue bond, se paga de la entrada de dinero a la Autoridad. Hay dos tipos de revenue bonds, están los que son netos y los que son brutos”, contó a Metro. Finalmente, Mudd agregó que los bonistas entienden que todo el dinero que entra les pertenece, mientras que la Junta de Control Fiscal expone que luego de pagar los gastos se le paga a los bonistas.
La periodista Miladys Soto colaboró en esta historia.
