La Contraloría de Puerto Rico consignó hoy, lunes, que el Departamento de Educación (DE) invirtió 3.3 millones de dólares en sistema de 1,682 cámaras de vigilancia que no se utiliza desde 2010.
La información está contenida en una auditoría sobre la compra de “emergencia” realizada para adquirir un sistema de vídeo vigilancia por cámaras, y sobre los controles sobre la propiedad relacionados con los equipos computadorizados de la Oficina de Sistemas de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia del Departamento de Educación.
El informe revela que se invirtieron 3.3 millones de dólares en un sistema de vídeo vigilancia para la seguridad y protección de los relojes ponchadores biométricos.
El sistema de ponchadores, que se había contratado en 2006 por 15 millones, había reportado 850 incidentes casi todos por actos vandálicos y destrucción.
A tales efectos, y para proteger la información sensitiva de los maestros y del personal no docente, en 2009 se realizó y certificó el proyecto de protección y vigilancia de los terminales biométricos mediante 1,682 cámaras instaladas.
Sin embargo, nuestro examen reveló que este sistema de vídeo vigilancia no se utiliza desde el 2010.
La auditoría de cinco hallazgos, señala que se pagó un servicio de instalación y configuración de 2,000 cámaras de seguridad cuando en realidad quedaron 224 de estas cámaras sin instalar en la bóveda del Centro de Cómputos.
Además, no se localizaron dos sistemas de almacenaje, 12 servidores no estaban marcados con número de propiedad, se verificaron números de serie duplicados en tabletas y múltiples faltas de control que aumentan el riesgo de pérdida y uso indebido de la propiedad.
A su vez, los auditores identificaron que en la contratación de una compañía para realizar un inventario físico de los activos fijos del DE en 2011, no incluyó en las facturas, el detalle del inventario realizado en 72 escuelas, siete regiones educativas y un distrito escolar.
Tampoco la compañía presentó un informe detallado de la cantidad de activos fijos que encontró sin identificar y que fueron rotulados, como disponía el contrato.
El informe cubre el periodo del 12 de junio de 2013 al 29 de mayo de 2015.
