Algunos alcaldes tomaron con pinzas un nuevo proyecto que se aprobó en la Cámara de Representantes que les permitiría participar de la reparación del sistema eléctrico y de agua luego del impacto de un huracán o terremoto.
Sucede que, aunque la medida 1380, que ahora está ante la consideración del Senado, tiene una buena intención, pero no cumple con las expectativas de ciertos ejecutivos municipales, quienes demandan iniciativas “que realmente atiendan las emergencias” generadas por los fenómenos atmosféricos.
“Hay que ver porque, por ejemplo, si se deja al monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a cargo de hacer un convenio, eso no significa que podamos atender la situación rápidamente. En una emergencia, tú tienes que actuar y tienes que ser ágil. Nosotros estuvimos casi un mes sin buena comunicación con el Gobierno central, así que el acuerdo tendría que hacerse antes [del huracán o terremoto]”, indicó Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián.
Para el ejecutivo, quien recientemente fue exaltado públicamente por haber tomado la energización de su municipio en sus manos luego del paso del huracán María, el Gobierno central debe establecer acuerdos de flexibilización durante las emergencias.
El funcionario del Partido Nuevo Progresista, además, se mostró de acuerdo con la privatización del sistema eléctrico porque considera que es la mejor solución para la inyección de capital ante la falta de liquidez de la AEE para poder modernizar el sistema.
Por su parte, el alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, sostuvo que “el proyecto es para las gradas”. Lo que necesitan los municipios, según este mandatario municipal del Partido Popular Democrático, es que la AEE flexibilice la capacidad de los pueblos de contratar retirados y peritos electricistas, no necesariamente empresas privadas.
Sobre la privatización del servicio de energía eléctrica, el mandatario sentenció: “Esa transacción no es sencilla y hay muchos elementos que evaluar. Hay infraestructura de la AEE en los municipios y la compañía tendría que pagarles a los municipios por los terrenos y la servidumbre de paso”.
