El Proyecto de Reforma Educativa sometido ante la Asamblea Legislativa por la administración de Ricardo Rosselló no contiene un tope para la entrega de becas que sufragarían los estudios de alumnos de escasos recursos en colegios privados, un hecho que podría redundar en el cierre de escuelas públicas y el despido de maestros según comentó en una vista pública el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.
En la primera deposición sobre el ahora Proyecto 1441, el legislador del Partido Nuevo Progresista también pidió un informe sobre el impacto económico del llamado Programa para la Libre Selección de Escuelas, en aras de auscultar si el Departamento de Educación tendrá el dinero para sustentarlo.
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“Es importante si tiene algún tope, porque si entran 200,000 estudiantes a los vales bajo los criterios que se establezcan, eso podría representar que 200,000 estudiantes entran a las escuelas privadas de Puerto Rico, donde ahora mismo hay espacio para ellos. ¿Cómo vamos a mantener el sistema público?”, indicó durante su alocución Rodríguez Aguiló.
“Nos tiene que ofrecer a nosotros información para poder tomar una decisión. ¿Cuál sería el impacto de esos vales? Porque tenemos que saber si el Departamento de Educación va a tener el dinero suficiente para pagar los vales y para pagar también a los empleados docentes y no docentes de las escuelas, y que eso no represente más cierres de escuelas públicas y despidos”, agregó mientras se dirigía a la secretaria de Educación Julia Keleher.
Por su parte, a las afueras del Capitolio, Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros, concordó con la premisa del representante. Añadió que además de los vales educativos, la creación de las escuelas chárters es otro factor que podría representar una merma de empleos para los maestros del territorio. Y es que, al tampoco haber un tope para la cantidad de las también llamadas Escuelas Alianza, se reducirían los espacios para trasladar a los maestros, aun cuando la pieza legislativa contiene una disposición que asegura que no despedirá a los empleados de la agencia una vez aprobada la reforma educativa.
“¿Qué limitaciones hay para las Escuelas Alianza si no dice cantidad? A dónde van a ir los maestros si ahora mismo hay exceso? Si las convierten en [Escuelas] Alianza, públicas no van a quedar”, soltó Díaz en un aparte con Metro.
Mientras, durante la vista pública, Keleher indicó que no es preciso poner un tope de dinero a la iniciativa del programa de vales educativos en este momento.
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“Dependería según el presupuesto y la población. La población es la que determina la cantidad de fondos federales que voy a recibir. Eso es algo dinámico. No creo que deberíamos ponerle un número para poder llegar, porque quien sabe en alguna ocasión si el dinero no puede dar”, sostuvo la secretaria.
Empero, a pesar de los reparos de la funcionaria, el presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes, Guillermo Miranda, dio un plazo de diez días al Departamento de Educación para entregar los datos requeridos por Rodríguez Aguiló.
Sobre los empleos, Keleher reiteró que la reforma educativa propuesta permite que soliciten una licencia de dos años para ingresar a trabajar en las Escuelas Alianza. Antes de la culminación de dicho periodo, los docentes podrán regresar al Departamento de Educación si ese es su interés. No obstante, la secretaria indicó durante la vista que el propósito de la medida es asegurar la calidad de la enseñanza de los alumnos, no el trabajo de los funcionarios.
“Mi meta principal no es asegurarle el trabajo a nadie. Mi meta es asegurar que el sistema cuenta con los recursos que van dirigidos hacia los estudiantes y sus intereses. Yo espero que se pueda apoyar una reforma que tiene como el norte el bienestar de los estudiantes, si no estamos diciendo que preferiríamos enfocarnos en lo que es el empleado”, acotó Keleher.
Defienden constitucionalidad
Para el Departamento de Justicia, el Programa de Libre selección de Escuelas es constitucional, aunque una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció lo contrario en el 1994. La carta magna del territorio, en su Artículo II sección cinco, indica que no se utilizarán fondos públicos para el sostenimiento de escuelas privadas.
Sin embargo, para la secretaria Wanda Vázquez, el programa de becas que permitiría a estudiantes de bajos recursos ingresar a escuelas privadas no significa que el Gobierno está sosteniendo a los colegios.
“Los que los propulsores de nuestra Constitución quisieron prohibir fue la ayuda directa a las escuelas privadas, de cuyo cumplimiento dependen tales instituciones para su existencia. Entendemos que no está prohibido y no significa sostenimiento, el hecho de que el Estado otorgue becas y vales a estudiantes para que tengan la opción de seleccionar escuelas privadas, siempre y cuando esas ayudan no vayan dirigidas a sustituir el sistema público de educación”, leyó la secretaria de Justicia en la vista pública.
La funcionaria, además, defendió que un ente externo al Departamento de Educación sea el responsable de certificar y autorizar a las escuelas chárters, como establece la legislación presentada por el gobernador.
“No se trata de delegar la formulación de la política pública, si no que se delega la concreción o puesta en vigor de la misma según delineada por el ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Se mantiene, pues, el balance debido y requerido por la doctrina de separación de poderes”, detalló.
