Que se convoque de inmediato una cumbre anticrimen en la que se le sometan recomendaciones específica para atender el problema de asesinatos, robos, escalamientos y carjackings, ese fue el reclamo que le lanzó hoy el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz al gobernador Ricardo Rosselló.
Ortiz sostuvo que “en ese grupo de trabajo debe incluirse a los jefes de agencias de seguridad pública, expertos en el tema de seguridad dentro y fuera del gobierno, la academia, fiscales, las agencias federales, legisladores y todos los pasados superintendentes de la Policía, los exsecretarios de Justicia y Corrección, así como alcaldes y comisionados de seguridad municipales”.
“Se acabó el tiempo y la paciencia del pueblo. El incremento desmedido de los delitos evidencia que estamos ante una ola criminal que mantiene en peligro a los ciudadanos y pone de manifiesto la ausencia de un plan anticrimen efectivo. Es hora de escuchar otras voces que puedan aportar en este esfuerzo, particularmente, si han tenido éxito implantando sus ideas”, indicó el legislador.
El portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad Pública indicó que ese grupo de trabajo debe someterle al primer ejecutivo recomendaciones inmediatas para detener los delitos de violencia en los lugares públicos y comunidades. Ortiz enumeró varias iniciativas que podrían ser evaluadas por el gobernador para atender la crítica situación.
Entre esas medidas se destacan: activar la Guardia Nacional, aumentar los efectivos en los Task Force federales de armas, sacar a la calle a los efectivos de las Unidades de Operaciones Tácticas, SWAT; y Seguridad y Protección -que suman unos 250 efectivos y que permanecen acuartelados la mayoría del tiempo- para reforzar la vigilancia preventiva en áreas de alta incidencia.
Asimismo, el representante del PPD propuso que la Administración de Vivienda Pública le exija a toda compañía privatizadora que establezca planes de vigilancia y contrate seguridad privada para el entorno residencial, las zonas comunales, y las escuelas que estén dentro de sus respectivos perímetros.
El legislador adelantó que presentará legislación para que las solicitudes de controles de acceso a las urbanizaciones se evalúen de forma expedita y fortalecer los consejos de seguridad vecinal.
Además, propuso revisar los sistemas de vigilancia electrónica a los acusados de delitos violentos que estén bajo fianza, que se refuerce la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal (SAIC) “que está prácticamente paralizada y se reactiven las academias de fiscales para aumentar el esclarecimiento de casos criminales”.
El legislador del PPD indicó que como segundo paso deben examinarse posibles enmiendas a la ley de armas, las Reglas de Procedimiento Criminal sobre el uso de grilletes electrónicos, la necesidad de aumentar los técnicos de balística y con ello mejorar los procesos del Instituto de Ciencias Forenses; y examinar opciones para mejorar las condiciones de trabajo de los policías.
Ortiz recordó que entre 2013 y 2016 “se registró la reducción más grande de los delitos Tipo 1 en tres décadas, por la ejecución de un plan anticrimen exitoso. Los delitos Tipo 1 bajaron de 62,612 en el 2012 a 40,635 en el 2016, una reducción de 21,977 delitos o un 35% menos”.
“Esas cifras incluyen además reducción de los asesinatos a las cifras más bajas en 22 años y los escalamientos a las cifras más bajas en 16 años”, apuntó.
“En aquel momento, los que se negaban a reconocer ese éxito señalaban demagógicamente que las bajas en el crimen eran cíclicas y sólo se debían a la reducción poblacional. Sin embargo, la realidad actual demuestra que esos argumentos eran falsos, porque al presente tenemos una cifra alarmante en los asesinatos, escalamientos y 115 carjackings más que el pasado año, a pesar de que tenemos 400 mil habitantes menos que en el 2017”, indicó.
Ortiz recordó que en el 2013, se aprobó una amnistía de armas de fuego y municiones, se enmendó la ley de armas para eliminar las alegaciones pre-acordadas para delitos de armas ilegales sin cumplir cárcel.
“Eso permitió sacar de la calle a más de 200 convictos por ley de armas, muchos de ellos con record criminal. Igualmente, se estableció el sistema de detección de disparos, que redujo en un 40% los incidentes de detonaciones, se aumentaron los esclarecimientos a un 71% y las convicciones a un 94 por ciento”, argumentó.
Además, dijo que “se crearon protocolos de manejo de evidencia, se reactivó la unidad de vigilancia de los aeropuertos que duplicó las confiscaciones y se logró una reducción significativa en la reincidencia mediante programas de rehabilitación”.
“Un plan anticrimen efectivo no puede descansar en una sola persona ni una sola estrategia. Depende de la unión de recursos e ideas que conlleve la integración de estrategias en la prevención, el procesamiento y la rehabilitación. Por eso esperamos que nuestro llamado respetuoso al gobernador reciba la respuesta que el país necesita”, sentenció.
