El director ejecutivo de la Autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, indicó esta noche que los bonistas agrupados bajo un Grupo Ad Hoc intentan nuevamente “interferir” con el trabajo del gobierno y la Junta de Control Fiscal para desarrollar y certificar un plan fiscal que provea un camino hacia la recuperación financiera de la isla.
En declaraciones escritas luego de revelarse una carta de los bonistas Ad Hoc al gobernador con fuertes críticas al proceso, Portela defendió las gestiones de gobierno y las relaciones con la Junta, también atacada por los bonistas.
Indicó que los acreedores “falsamente acusan al gobierno de retener información pertinente” y se sirven con la cuchara grande en sus críticas, que son contradichas por los hechos.
Dijo que en múltiples sesiones han obtenido de los acreedores su parecer. Dijo que la carta del Grupo Ad Hoc enviada al gobernador hoy no solamente ignora los esferzos de gobierno, si no que falla en darle peso a la gran cantidad de información que el gobierno y sus asesores han hecho disponible a ellos a través de diversos canales.
“La carta de los acreedores es simplemente el último intento para inyectar un innecesario retraso y confrontación en el más importante trabajo de reconstrucción de la economía de Puerto Rico”, dijo Portela en declaraciones escritas suministradas en la noche a la prensa.
En esta semana, dijo, la corte sostuvo que los acreedores no muestran una buena causa para buscar esa clase de información y sus constantes demandas para que se libere información que es parte del aun no certificado plan fiscal requiere trabajo innecesario.
“El estado Libre Asociado esta comprometido con trabajar con los acreedores y otros tenedores de la deuda de una manera constructiva, pero no vamos a permitir demandas obstruccionistas que interfieran con el trabajo importante de dirigir la emergencia fiscal. El gobernador responderá en detalle los requerimientos de los acreedores en los próximos días”, sostuvo Portela.
El Grupo Ad Hoc de los Bonistas de las Obligaciones Generales de Puerto Rico le indicó al gobierno que retiene información en los planes que ha sometido a la Junta de Control Fiscal.
En una carta enviada hoy mediante correo electrónico por el consejero legal del grupo David Prager al gobernador Ricardo Rosselló, se expone el tracto de los planes fiscales de las corporaciones de Energía Eléctrica y Acueductos y Alcantarillados.
Los firmantes de la carta del Grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales son The Mutual Fund Group; Assured Guaranty Corp. y Assured Guaranty Municipal Corp.; Ambac Assurance Corporation; y Syncora Guarantee Inc.
Se indica que el borrador de plan fiscal de enero 26, determinó el Grupo, solo fue una compilación de varias estadísticas que hacen imposible evaluar el plan sin tener la información que la Agencia fiscal y asesoramiento financiero (Afaaf) tiene para su propuesto plan fiscal.
Incluso, se agrega, el congresista Rob Bishop declaró que “es imperativo que la Junta de Control Fiscal y el gobernador integren totalmente a los deudores en el desarrollo del plan fiscal” y de este modo se garantice la precisión y transparencia del proceso.
Los deudores estuvieron de acuerdo y a su vez insistieron en que el público en general merece dicha transparencia.
En ese sentido, solicitaron que los propuestos planes fiscales sean “inmediatamente” revelados públicamente para que los tenedores de la deuda lo evalúen y comenten.
Indicaron que esta solicitud fue rechazada por Afaaf el 19 de febrero pasado pues aun se elaboraban los planes y hasta que no se certificasen esos planes por la Junta y, sospecha el Grupo, algún tipo de información podría haber estado suministrándose a ciertos deudores, pero no a todos ni al público.
“Su administración y la Junta de Control Fiscal continúan reteniendo para el público virtualmente toda la información” necesaria para proveer la colaboración, se denunció.
Dentro y fuera de la corte, insistieron (en el proceso de quiebras) el gobierno y la Junta han derrotado la transparencia, se insistió en la carta, en orden de lograr la restructuración negociada de la deuda.
“Le hacemos un llamado como gobernador para que se asegure que la información requerida sea inmediatamente hecha pública. Es tiempo de que su administración y la Junta de Control Fiscal traigan transparencia y responsabilidad al gobierno de Puerto Rico”, se afirmó.
