La jueza Laura Taylor Swain autorizó hoy, miércoles, el pago de honorarios y reembolsos a los bufetes de abogados y asesores financieros que litigan en los casos de Título III de Promesa.
El pago autorizado es por la suma de $48.5 millones, tal cual recomendó el oficial examinador designado por la corte, Brady Williamson, de la firma Godfrey & Kahn, quien tenía a su cargo verificar las facturas y recibos reclamados por las firmas ante la corte.
Cabe destacar que en su reporte Williamson explicó que la tarifa por hora del abogado promedio en las aplicaciones de las firmas con sede en Puerto Rico es de $245. Mientras, la tarifa por hora promedio para las empresas con sede fuera de Puerto Rico (la mayoría, pero no todas, en la ciudad de Nueva York) es entre $775 y $1,425.
“Diversos factores explican las diferencias, pero se resumen en una frase: ‘las tasas de mercado’”, indicó el examinador.
“Más allá de las tasas, muchos de los problemas u omisiones en las aplicaciones no son infrecuentes en los principales procedimientos de capítulo 11, pero dos son de especial interés: duplicación de esfuerzos y relacionados, el número de profesionales que asisten a las audiencias y actuaciones”, explicó Williamson.
Esta preocupación se extiende a las sesiones de mediación que muchos creen que represente una mayor probabilidad de un resultado equitativo dentro de un plazo más cercano, explicó el examinador.
“Con respecto a las audiencias, muchas firmas están enviando muchos profesionales a asistir — por casi cualquier norma — con importantes gastos de viajes y por cada hora. Las sesiones de mediación próximas proporcionan una oportunidad de moderación en este sentido”, añadió.
Las facturas superan los $77 millones. La jueza, además, acogió las recomendaciones del examinador y advirtió a las firmas que deben evitar la duplicidad de tareas y el número de profesionales que asisten a las audiencias –lo que se traduce en más gastos de honorarios y reembolsos–, o tomaría medidas al respecto.
