La secretaria de Educación, Julia Keleher y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, tendrán cinco días para comparecer por escrito ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para justificar por qué el juez Anthony Cuevas Ramos no debe emitir una orden de injunction preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria, luego de una demanda de la Organización de Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico (ONDEPR).
Y es que, para la ONDEPR, la evaluación que realiza el Departamento de Educación a los directores escolares es contraria a la Ley Orgánica de la agencia, aprobada en el 1999 por la Asamblea Legislativa.
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“El Departamento de Educación está implementando un sistema de evaluación a los directores violando su Ley Orgánica. Esto solo representa una muestra de los atropellos a los que han sometido a los directores y a las Escuelas de la Comunidad por los pasados 18 años. Atropellos que han llevado al sistema educativo al estado de deterioro en que se encuentra y quieren legalizarlos mediante los alegados proyectos de Reforma Educativa presentados en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico”, manifestó Jorge Soto Díaz, presidente de la ONDEPR.
Soto indicó en declaraciones escritas que la Ley 149 ha sido constantemente “violentada” desde su creación por todos los secretarios, específicamente las disposiciones sobre la evaluación de los directores de escuelas.
Bajo la actual Ley Orgánica –continúa el comunicado de prensa de la entidad– la evaluación de los directores está a cargo del secretario y del Consejo Escolar. “Por lo tanto no pueden ser los facilitadores a quienes se les delegue este proceso y eso es lo que está aconteciendo desde el pasado mes de febrero. Según el Artículo 5.03, que delimita las funciones y responsabilidades del secretario, no puede delegar la facultad de evaluar a los directores en los superintendentes o funcionarios del Distrito Escolar, ni de la Región Educativa, por tanto están violando la Ley”.
“Keleher ha dado un golpe de estado al sistema de educación al implementar un nuevo sistema estructural de Oficinas Regionales Educativas, conocidas como “LEA” (Local Education Agencies) la cual elimina los distritos escolares y le delega ilegalmente las autonomías conferidas a la escuelas por la Ley 149. Han montado una cacería de brujas contra los directores realizando evaluaciones de forma atropellada y otorgando puntuaciones negativas a la gran mayoría de ellos”, comentó Soto Díaz.
La secretaria de Educación, continuó diciendo Soto, “y el gobierno del país vislumbran la aprobación de una Reforma Educativa que pone en desventaja a la escuela de la comunidad frente a las escuelas chárteres, al despojarlas de sus autonomías que no le han permitido ejercer”.
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En la demanda, la ONDEPR le indica al Tribunal que se han agotado los remedios administrativos para que Keleher deje sin efecto las evaluaciones a los directores “por ser contrarias a la Ley”, pero el acto no ha dado resultado.
Si los directores se niegan a ser evaluados pueden aplicarse medidas disciplinarias, que incluyen hasta una posible destitución.
“Le indicamos al Tribunal que la ONDEPR no tiene otro remedio que acudir al auxilio de su jurisdicción porque los directores recibirán daños irreparables de no concederse lo solicitado”, agregó.
