La propuesta de Plan Fiscal que someterá hoy el gobernador Ricardo Rosselló a la Junta de Control Fiscal (JCF) contempla una reducción en el tamaño del Gobierno Central que podría tener un impacto en aproximadamente 100 mil empleados públicos y se enfocaría además en la reforma contributiva y laboral que anunció el primer ejecutivo en días recientes.
“Algunas cosas son cuestiones estructurales, otras cosas son externalizaciones, pero en el personal related (lo relacionado a los empleados) lo que nosotros vamos a tener es un mecanismo para poder viabilizar la reducción de esa nómina”, dijo el gobernador durante una mesa redonda con la prensa en horas de la mañana.
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Rosselló explicó que como parte del nuevo plan propuesto, se estará diseñando un plan de transición voluntaria al sector privado específico para cada agencia “con objetivos de reducción en áreas particulares”. El plan comenzaría aplicándose en las agencias grandes, como el Departamento de Educación, Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Salud, para luego continuar hacia el resto de las dependencias del gobierno central. Como se había dicho en otros momentos, la proyección es reducir de 118 a 35 agencias.
“Van a tener un tiempo límite, van a tener unas consideraciones agresivas para permitir comenzar esa transición de reducciones en el personal en áreas que son pertinentes en cada una de esas agencias”, explicó, al tiempo que descartó que las medidas se traduzca en el despido de empleados públicos.
“Van a tener un tiempo límite, van a tener unas consideraciones agresivas para permitir comenzar esa transición de reducciones en el personal en áreas que son pertinentes en cada una de esas agencias”, explicó, al tiempo que descartó que las medidas se traduzcan en el despido de empleados públicos.
Los programas que se diseñarán para cada agencia podrían incluir un pago de separación del empleo con la continuidad de ciertos beneficios marginales como el plan médico. También permitiría la opción de transición a otras agencias, explicó Christian Sobrino, representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, al tiempo que aseguró que estas medidas permitirán cumplir con las metas del Plan Fiscal.
“La alternativa que se nos presentó de parte de los asesores de la Junta era despido de empleados, nosotros estamos proveyendo mecanismos de eficiencia gubernamental, de consolidación de operaciones y de programas de transición voluntaria que permiten que el empleado tenga alternativas para evitar un despido”, afirmó Sobrino, en la misma dirección del primer ejecutivo. “La Junta tiene que determinar si lo quiere es tener un power point o un plan ejecutable”, añadió.
El gobierno ya había aplicado una primera fase de transición voluntaria, una ventana con fecha límite del pasado 15 de marzo y a la cual se acogieron unos 2 mil empleados públicos, según los datos discutidos en la mesa.
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“Esto sigue la misma línea del Plan Certificado de marzo, donde nuestro enfoque en achicar o hacer esta reingeniería del ente gubernamental está basado en eficiencias operacionales, no está basado en despidos”, afirmó por su parte Gerardo Portela, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
El nuevo Plan Fiscal que propone Rosselló, se enfoca además en la autorización del empleador único y busca “rellenar las plazas que sean de envergadura” con empleados del mismo gobierno.
Con el nuevo plan propuesto, proyectan ahorros ascendentes a $1.45 mil millones al 2023 en el renglón de reducción del tamaño del gobierno, explicó el gobernador en respuestas a Metro. Se tiene previsto que el próximo lunes la JCF certifique un nuevo plan fiscal.
Intocables las pensiones
Rosselló indicó que las propuestas que someterá no contempla algunas peticiones de la Junta que calificó como “filosóficas”, como por ejemplo, las pensiones de los empleados públicos retirados.
“Uno de los asuntos filosóficos principales es el de las pensiones. Nuestra posición, y nosotros hemos estudiado el asunto, es que como política pública queremos velar a los sectores más vulnerables de la sociedad y los pensionados son uno de ellos, y la posición de la Junta por lo menos en el pasado ha sido una reducción de más del 10.6 por ciento (en el pago de pensiones)”, apuntó.
La JCF ha pedido públicamente que los pensiones mayores de $1,000 se reduzcan en un 25%. En esa línea, Sobrino argumentó que las propuestas del gobierno contrastan con las de la Junta.
“Para dar algunos ejemplos, [la Junta recomienda] recortar pensiones a un nivel donde esencialmente muchos de los empleados van a estar exactamente en el nivel de pobreza, reducción de días de vacaciones a cero, reducción de días de enfermedad a cero, eliminación de la Ley 80 de un día para otro, eliminación de licencia de maternidad, se ha hablado de reducción de personal gubernamental de un día para otro, ese es el contraste”, dijo el también presidente del BancoGubernamental de Fomento (BGF).
El gobernador señaló, además, que hay otros componentes de ejecución, en referencia a que la Junta debe reconocer que hay áreas que son de “política pública” en las que es el gobierno quien toma la determinación y aunque pudieran tener un impacto fiscal, “termina siendo una decisión del gobierno, vis-a-vis una decisión de la Junta”
En término de la reforma laboral, la propuesta de Rosselló reduce las licencias de vacaciones y enfermedad de los trabajadores a siete días respectivamente y elimina el pago compulsorio del bono de Navidad. Además, se elimina el pago por concepto de despido injustificado, según se anunció el pasado miércoles.
“He sentido la respuesta de varios sectores ante algunas de estas propuestas y como gobernador lo que quiero es, siendo esto un asunto de política pública, aunque tiene un efecto fiscal a largo plazo, es un asunto primordialmente de política pública, quiere tener el espacio para discutir con la ciudadanía”, afirmó el primer ejecutivo.
La reforma laboral también propone destinar $200 millones para otorgar un Bono por Trabajo de entre $300 y $2,000 por contribuyente y un aumento al salario mínimo llegaría hasta $8.25 por hora en el 2021.
Sobre la reforma contributiva, reiteró su plan de aumentar de $9,000 a $12,500 los ingresos que no tributarán, al tiempo que baja de 7% a 1% la tasa de contribuciones de los ingresos hasta $21,000, entre otros propuestas anunciadas esta semana.
Aplicarían reducción en créditos contributivos
Aplicando las reformas que propone el gobierno, se refleja un decrecimiento económico de 10.8% para este año fiscal 2018, pero en adelanto proyectan crecimiento, durante los próximos cinco años que contempla el plan: 7.9% en el 2019, 2.8% en el 2020, 2.3% en el 2021, 1.9% en el 2022 y 1.8% en el 2023.
Para ese año, además, el plan –que considera también una reducción poblacional de 11% al 2023– proyecta un sobrante de $5.5 mil millones en caja, una cantidad superior a los $3.4 mil millones que proyectaron en el anterior plan sometido el pasado 12 de febrero y que fue revisado por la JCF.
Para ello también consideran aplicar una reducción significativa en créditos contributivos. Aunque no se especificó de cuánto sería esa reducción proyectada, Rosselló explicó que al momento el gobierno otorga unos $600 millones en créditos y cash grants.
“La idea en su mayoría es rectificar lo que eran los incentivos que no producían para el pueblo de Puerto Rico, medirlo de manera objetiva (que ha tenido validación externa) para ver si por cada dólar que se invierte hay un retorno mayor o un retorno menor. A base de eso es que se van estar tomando esas decisiones”, dijo el primer ejecutivo.
El nuevo código mantendría los créditos que tengan un retorno positivo a la economía de Puerto Rico, basado en “métricas científicas objetivas”.
“Son créditos que al final del día terminan dando un impacto negativo en la caja del gobierno pero no redundan en un ingreso o un beneficio neto fiscal. […] Esta reforma lo que busca es simplificar, tumbamos el crédito pero también atendemos el costo operacional”, añadió por su parte Christian Sobrino, representante del gobernador ante la JCF.
Rosselló anuncio que esta tarde, además, se publicarán los planes fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec). Sin embargo, el Plan Fiscal propuesto para el BGF no será publicado aún.
