Si bien la nueva propuesta de reforma laboral que anunció el gobernador Ricardo Rosselló parece responder a peticiones públicas de la Junta de Control Fiscal (JCF), el primer ejecutivo sostuvo ayer que los recortes en beneficios a los empleados del sector privado no fueron negociados con el ente federal ni garantizan que dicho cuerpo certifique el próximo lunes el plan fiscal presentado por el Gobierno.
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“No se ha negociado nada, no se ha negociado nada en ese contexto, y yo no sé qué es lo que se va a certificar o no”, apuntó el gobernador, en respuesta a los medios.
Con esto el mandatario desmintió las declaraciones del secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, quien dijo ayer que la nueva reforma laboral fue un acuerdo de la JCF a cambio de poder aumentar el salario mínimo.
Rosselló defendió su propuesta de reforma laboral —la segunda en menos de un año y medio— e insistió en que el “bono al trabajo” y otras propuestas anunciadas el miércoles, sopesan la reducción de beneficios de los trabajadores.
“La sustitución (del bono de Navidad por el bono de trabajo) representa más dinero para la gran mayoría de los trabajadores, particularmente, los más vulnerables”, apuntó.
Dijo también que estaba considerando la posibilidad de que el contribuyente sea quien decida cuándo quiere que se le dé “ese dinero”, aunque aún no queda claro cómo funcionará la compensación, como un crédito contributivo o un bono tal cual funciona el de Navidad en la actualidad.
Estas y otras interrogantes no quedaron ayer claras y los periodistas no tuvieron oportunidad de cuestionarlas, luego de que la secretaria de Prensa de Fortaleza, Yennifer Álvarez, negara turnos de preguntas de seguimiento, alegando que el gobernador tenía “una agenda programada”.
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“El contribuyente va a tener la oportunidad de escoger ese dinero, como se le da ahora — bono de Navidad—, que se le divida en partes; una parte como reintegro y otra parte en Navidad, o completo en verano”, expuso el gobernador sobre la propuesta.
El gobernador sostuvo que, el hecho de que los pequeños y medianos comerciantes, así como las grandes compañías, hayan tenido que pagar el bono de Navidad, limita el potencial de que empresas se establezcan en la isla e, incluso, permanezcan las que ya están aquí. “Al día de hoy, 21 % de los pequeños y medianos comercios y de las compañías no pagan el bono, no lo pagan. Pidieron exención porque no tenían el dinero para poder hacerlo y eso ha ido en ascenso”, aseguró.
La propuesta de Rosselló también reduce las licencias de vacaciones y enfermedad de los trabajadores a siete días respectivamente. Además, se elimina el pago por concepto de despido injustificado. Se le cuestionó al gobernador sobre los señalamientos de que estas medidas podrían aumentar la migración de puertorriqueños a otras jurisdicciones, a lo que respondió: “Texas y Florida no tienen por virtud de ley ni bono de Navidad, no tienen días de vacaciones y no tienen un análogo a la Ley 80, no lo tienen”, en referencia a dos de los estados en donde más boricuas se han restablecido. “La premisa de que, entonces, la gente se va estar yendo por virtud de ese cambio hacia otras jurisdicciones donde el estado derecho es mucho más limitado que el que estaría en Puerto Rico, pues no me hace sentido”, defendió.
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