La Junta de Control Fiscal (JCF) envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló en la que pide enmiendas al plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para su certificación, entre ellas un aumento mayor a la matrícula.
“A menos que el Plan propuesto identifique suficientes medidas de reducción de gastos adicionales, la Junta reitera su firme convicción de que es probable que se requieran aumentos adicionales y más inmediatos del costo por crédito para lograr el equilibrio fiscal”, sentenció el ente creado por la Ley PROMESA. Estos indicaron que entienden que la matrícula pude aumentar de los $57 que actualmente cuesta el crédito subgraduado a $157 para el año fiscal 2019. El Plan fiscal entregado propone un aumento en la matrícula de $115 para el año fiscal 2019 que comienza el 1ro de julio. También piden un aumento de matrícula en cada año fiscal.
La Junta también pidió más aumentos en la matrícula para los estudiantes graduados. “La Junta cree que se deben implementar aumentos sustanciales en la matrícula de los programas de doctorado, juris doctor, doctor en odontología y doctor en medicina. Estos aumentos propuestos deben incluirse en el Plan Propuesto programa por programa”, se indicó en la carta, en la que además solicitan aumentos anuales en ese renglón.
El documento de cinco páginas indica que el plan fiscal de la UPR solo puede asumir las transferencias que se especifican en el plan fiscal del Gobierno Central. Además, pide una proyección de la baja en la población estudiantil proporcional a los estimados de baja poblacional contenidos en el plan fiscal del Gobierno Central y un detalle de las cuentas de la UPR así como el desglose del uso que se le va a dar a esos fondos.
De igual forma, la JCF pide reducciones en las exenciones de matrícula “que se basan en factores no relacionados con la necesidad financiera”. En la carta se pide la eliminación de todas las exenciones, menos las de honor y veteranos.
Consolidación de campus
La Junta pidió que el plan enmendado incluya el impacto fiscal que causaría la reducción de la población, así como un plan de implementación que incluya una mejor utilización de las instalaciones existentes, eliminación de programas académicos redundantes o ineficaces, un enfoque de servicios compartidos y “mayores ahorros generados por la reducción de puestos de confianza, transitorios y temporales mediante la eliminación de más puestos en los campus regionales”.
La JCF también pidió “ahorros específicos asociados con los servicios de apoyo compartido, incluida una reducción de más del 50% del personal no docente ubicado en los campus regionales para el año fiscal 2023”.
De otro lado, también se pidió un detalle del aumento en las cuotas propuestos por la UPR y un ahorro de un 9% por concepto de reducción del gasto a través de la consolidación del campus.
Sobre las pensiones, pidió que incluya más cambios, la congelación de las acumulaciones de beneficios, que todos los empleados estén inscritos en planes de contribución definida con segregación cuentas autodirigidas; no reducir las pensiones menores de $1,000, entre otros. Con dichas medidas la Junta espera reducir los costos anuales de las pensiones en un 11%.
