Por: Luis J. Valentín Ortiz/ Centro de periodismo investigativo
Este artículo se publica como parte de una colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo.
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Todavía no se cumple un año desde el inicio del proceso de quiebra de Puerto Rico y el gasto en servicios profesionales, con cargo a la chequera del Gobierno, suma hasta el momento casi $135 millones, según las facturas más recientes sometidas para la consideración del Tribunal Federal.
Para el periodo que comprende desde el 1.o de octubre al 31 de enero, los bufetes y firmas de consultoría que trabajan en los casos de quiebra bajo el Título III de PROMESA han presentado facturas que sobrepasan los $57 millones. La suma no incluye a algunos bufetes y firmas que todavía no han facturado su segundo periodo, como los abogados de la Junta de Control Fiscal (JCF), Proskauer Rose y O’Neill & Borges, y los consultores del Gobierno, Deloitte.
Esto se añade a los más de $77 millones de la cuenta de los primeros cinco meses de la quiebra del ELA, del 3 de mayo hasta el 30 de septiembre del pasado año.
Los casi $135 millones en solo nueve meses de facturación superan el presupuesto anual de agencias, tales como el Departamento de Recursos Naturales ($49.3 millones), la Compañía de Turismo ($99 millones) y el Departamento de Agricultura ($50.4 millones), entre otras entidades públicas. También sobrepasa el costo de aumentar el salario de maestros y policías por $1,500 anuales, que no sobrepasará los $60 millones, según estimados del Gobierno.
Mientras algunos jefes de agencia, como Julia Keleher o Héctor Pesquera, cobran unos $250,000 por año, o el recién nombrado director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Walter Higgins, quien cobra $450,000, hay abogados y asesores que, en tan solo nueve meses, excedieron el millón de dólares en trabajo facturado, con tarifas por hora que van desde $700 hasta $1,500. Muchas de estas tarifas aumentan automáticamente cada año, según los términos de sus respectivas contrataciones.
A manera de ejemplo, la cuenta de John Rapisardi, uno de los principales abogados del Gobierno, y quien trabaja con el bufete O’Melveny & Myers, asciende a casi $2 millones, a razón de $1,147.50 la hora. También está el caso de Luc A. Despins, James Bliss y Alex Bongartz, todos abogados del bufete Paul Hastings y quienes representan al Comité de Acreedores No Asegurados. Los tres han facturado $1.5 millones, $1.7 millones y $1.4 millones, respectivamente.
Que no quepa duda: el gasto hasta el momento en nueve meses de la quiebra de Puerto Rico es excesivo y así lo han reconocido la jueza a cargo del proceso, Laura Taylor Swain, el Gobierno, la JCF y figuras congresionales como el representante Rob Bishop (R-Utah). Ya casi alcanza el costo del caso de Detroit, que duró casi un año y medio. La reestructuración de la deuda de la ciudad de Michigan —la más costosa en el mercado de bonos municipales hasta el momento— sumó alrededor de $180 millones en gastos similares durante el proceso bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal.
Pasajes a Nueva York, Los Ángeles, Denver, Washington, Londres, Budapest…
A la compensación por horas trabajadas se suman los gastos incurridos que se reembolsan siempre y cuando sean “razonables y necesarios”, según Brady Williamson, el encargado de examinar las facturas relacionadas con los casos de quiebra bajo el Título III. Los pasajes de avión y tren de estos profesionales son reembolsables cuando el viaje esté relacionado con los casos de quiebra de Puerto Rico. Luego de la facturación inicial bajo este renglón, el examinador estableció que se reembolsará el costo equivalente a la tarifa más económica al momento de la reservación.
Pero el costo en pasajes depende en gran parte del lugar desde y el tiempo con anterioridad que se compran.
La mayoría de los abogados y asesores viajan desde Nueva York, Chicago, Washington, D.C., Philadelphia y Boston. A pesar de la cantidad de rutas comerciales entre estas ciudades y Puerto Rico, los reembolsos por concepto de tarifas aéreas desde estos lugares a veces superan los $1,000 por ida y vuelta.
Otros abogados y asesores que trabajan en los casos de Título III de Puerto Rico vienen de sitios más lejos. Este es el caso, por ejemplo, de Andrea Grunwald de FTI Consulting, quienes asesoran al comité que representa a los retirados en los casos de quiebra.
Grunwald trabaja desde Londres. Viajó en septiembre del año pasado a Nueva York para participar de una sesión de mediación entre acreedores, el Gobierno y la JCF. El pasaje costó $5,940.50. Luego, en noviembre, Grunwald volvió a viajar a la Gran Manzana y esta vez el pasaje costó $10,104.88. A principios de febrero, Grunwald viajó de Londres a Puerto Rico para reunirse con sus clientes y su regreso fue a la ciudad de Budapest. El total de ese pasaje sumó $5,287.72. Según la factura de FTI, la firma redujo los gastos en pasajes al equivalente de clase económica o la tarifa más baja en ese momento para cumplir con las guías que estableció Williamson.
Otro ejemplo es el de Kenneth Klee, socio fundador del bufete Klee, Tuchin, Bogdanoff & Stern, quienes asesoran a Bettina Whyte, que representa los intereses de Cofina en la batalla de a quién le pertenece una tajada del IVU. Klee vive en Los Ángeles. Esto significa que desde ahí viaja, y en ocasiones lo acompaña su esposa, según las facturas. Aunque viaja en primera clase y cubre el gasto de su esposa, factura por la tarifa más baja, pero que sea reembolsable. A finales de octubre, este pasaje era de $1,587 la ida y $1,587 la vuelta. A finales de noviembre, facturó $3,721.51 por el viaje. ¿La estadía por una noche de hotel el 28 de noviembre? A $1,122.31 en el hotel Ritz Carlton de Central Park.
