El doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), aseguró hoy que desde el lunes se activó oficialmente el protocolo correspondiente en casos relacionados a violaciones a la Ley 54, luego de que saliera a relucir una demanda en contra del reconocido cabildero y licenciado, Francisco J. Domenech Fernández, cuya firma Politank funge como principal asesora legal del CMCPR.
La licenciada Verónica Ferraiouli, presunta víctima en el caso y esposa de Domenech, también cuenta con un contrato activo con el CMPR, como litigante en el tribunal cuando la institución enfrenta casos.
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“Se activó desde el domingo, oficialmente desde el lunes, el protocolo en el Colegio. Siguiendo todas las instrucciones de la jueza y los abogados del Colegio, el protocolo de protección de la alegada perjudicada está totalmente activo”, puntualizó Ramos, en entrevista con Metro, al tiempo que reiteró que el Colegio “tiene una política firme en contra de cualquier asunto contra las mujeres, el Colegio medico no ampara ninguna situación como esta”.
“Se activó desde el domingo, oficialmente desde el lunes, el protocolo en el Colegio. Siguiendo todas las instrucciones de la jueza y los abogados del Colegio, el protocolo de protección de la alegada perjudicada está totalmente activo”, puntualizó Ramos, en entrevista con Metro, al tiempo que reiteró que el Colegio “tiene una política firme en contra de cualquier asunto contra las mujeres, el Colegio medico no ampara ninguna situación como esta”.
La demanda en contra de Domenech fue radicada el 1 de abril en el Tribunal de Primera Instancia del Centro Judicial de Bayamón. El licenciado, además, se encontraba dirigiendo la campaña de Ramos por la reelección a la presidencia del Colegio, que celebrará elecciones el próximo 22 de abril, aunque el médico aseguró que, tras la denuncia, Domenech ha quedado fuera de su equipo de trabajo en la contienda electoral.
“El licenciado ya no es parte de la campaña de este candidato a presidente del Colegio”, afirmó.
“En su situación personal, como amigos que son, deseo que puedan solucionar la situación, por el bienestar de la familia y sobre todo de sus hijas”, añadió Ramos.
Sin embargo, tras la demanda no quedó claro el estatus actual del contrato que mantiene la firma Politank con el Colegio. Ramos aseguró que el Colegio cumple “cabalmente” con una orden de la jueza emitida al Colegio, por tratarse de una organización en la que ambas partes de la demanda están involucrados, aunque dijo que hay “ciertos detalles” de la orden sobre los cuales no puede hablar, por mordaza “en protección a las víctimas”.
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“Los abogados dan unas instrucciones, hay cosas que no son enteramente de mi discreción”, dijo Ramos.
“La jueza emite unas órdenes a favor de la persona perjudicada, hacia organizaciones donde puedan estar las dos personas. […] El protocolo es exactamente sobre la protección de la alegada perjudicada. Hay unas instrucciones que emite la juez que incluye ciertas protecciones para las víctimas”, explicó.
Una fuente anónima consultada por Metro explicó que, por tratarse de un contrato de servicios, el Colegio tiene la potestad de cancelar dicho contrato “sin ningún tipo de consecuencia legal”. Hay una clausulas de separabilidad inmediata. Al ser contratista es de fácil remoción”,dijo la fuente.
El nombre tanto de Domenech como el de Ferraiouli han estado recientemente el lente del ojo público, luego de que fueran denunciadas alegadas jugosas ganancias económicas por parte de ambos como parte de sus servicios al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.
Metro supo que la jueza keila Diaz Morales le otorgó una fianza de $5,000 en cada cargo y fijó la vista preliminar para el próximo 24 de abril. Este diario intentó contactar ayer al abogado vía llamada telefónica y por mensaje de texto, pero este no respondió para ofrecer su versión de los hechos.
“Ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal, empleó violencia física contra la señora Verónica Ferraioli Hornedo, persona con quien sostiene una relación conyugal, en la cual han procreado 2 hijas”, lee la demanda.
“Le rompió el teléfono celular marca IPhone color blanco, luego intentó amarrarle las manos hacia atrás con unos amarres plásticos color negros, le arrancó el brasier con violencia y la agredió con los puños en el estómago, mientras le decía ‘dime la verdad’”, prosigue el documento.
