El plan fiscal revisado del Gobierno central que se entregó a la Junta de Control Fiscal (JCF) no incluye cambios a los asuntos catalogados como de política pública, entre los que están el recorte de pensiones y la jornada laboral, así lo confirmó el gobernador Ricardo Rosselló durante una mesa redonda con la prensa.
El mandatario expuso que la decisión se basa en lo que expone la Ley PROMESA, que, según dijo, establece lo que puede o no hacer la JCF. Sin embargo, el documento contendrá el requerimiento de trabajo a los beneficiarios del PAN y crédito por trabajo.
“Alerta seria” peticiones de la JCF
“Nosotros entendemos que tenemos una posición fuerte en derecho para defender las pensiones”, comentó Rosselló a preguntas de Metro sobre si considera que la JCF aprobará el plan fiscal que no incluye todos los cambios que el ente federal le solicitó la semana pasada mediante varias misivas. Este agregó que, en caso de que la Junta aprobara su versión, defendería su postura.
“Mi ruta preferencial es llegar a soluciones”, expuso a preguntas de la prensa. Además, agregó que la JCF se va por encima de los poderes que le da PROMESA en la carta en la que solicita los cambios a los planes fiscales.
El funcionario catalogó la misiva y la petición como una “alerta seria”. “Ya estamos llegando a un punto donde se van a tomar decisiones”, añadió Rosselló, quien lamentó el tranque con el grupo, con el que, según dijo, se habían adelantado trabajos en otras áreas. Asimismo, comentó que, en el escenario de que la Junta apruebe su propio plan fiscal, el Gobierno no lo ejecutaría.
Por su parte, el representante del Gobierno ante la JCF, Christian Sobrino, expuso que están alineados en varios aspectos técnicos. “Mediante la implementación de reformas estructurales y medidas fiscales, el Gobierno logrará un superávit anual de $1.400 para el año fiscal 2023”, indica el nuevo plan revisado.
Mientras, la partida de ayuda federal se estimó en $49,700 millones, para un total de $65,400 millones al sumarle la partida de los seguros.
Cambios aceptados
El mandatario declaró que identificaron 48 peticiones en la carta de la JCF, que catalogaron como asuntos técnicos, de política pública y económicos.
“Muchos de los cambios y revisiones iban a la base económica, 13 de los 48 puntos. El Disaster Recovery fue ajustado del 12.5 % al 12 %”, dijo el primer ejecutivo sobre las peticiones que atendieron. Además, se redujo el estimado de ingresos por concepto de seguros privados de $21,900 a $15,800.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela, agregó que ese dinero que se reduce va a compañías multinacionales y, aunque se desembolsa, no se queda en la isla.
El Producto Nacional Bruto proyecta un decrecimiento de -12 % para este año fiscal 2018 y un crecimiento de un 6.7 % para el siguiente año fiscal 2019, precisó el gobernador. El plan revisado en marzo indicaba que se esperaba una baja en el Producto Nacional Bruto de -10.6 % para el año fiscal 2018, seguida por un aumento de 7.3 % para el año fiscal 2019.
Mientras, el plan de enero contenía un decrecimiento económico de 11.2% para el año fiscal 2018, mientras que para el año fiscal 2019 registraba un incremento de un 7 %.
El plan fiscal mantiene la reducción de subsidios en $397 millones para el año fiscal 2023. Por otro lado, el impacto proyectado en la reforma del sistema de salud en este plan es mayor, ya que el documento anterior perfilaba un impacto de $795 millones para el año fiscal 2023, mientras que este incluye un recorte de $841 millones, lo que supone un aumento en el corte de $46 millones. Los recortes en Salud, Educación y en el Departamento de Corrección se mantienen iguales que el plan anterior.
Proponen reforma contributiva “neutral”
En torno la Reforma Contributiva, Sobrino sostuvo que no tendrá un impacto en los ingresos del Gobierno, ya que identificaron medidas para mejorar los recaudos. Ahora bien, fue enfático en que no habrá un aumento en las contribuciones para mantenerla neutral. Entre las medidas mencionadas se encuentran atajar la evasión contributiva.
Según el documento de 211 páginas, se espera que, para el año fiscal 2023, el impacto de estas medidas sea de $522 millones.
El documento mantiene la reducción gradual hasta la eliminación del Business to Business, y la reducción del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) en los alimentos preparados de un 11.5 % a un 7 %.
Costosa partida de abogados y asesores en Título III
En la reunión con la prensa también se detalló que, en los seis años que comprende el plan fiscal, la partida para costos de abogados, asesores de Título III y la JCF asciende a $1,400 millones.
Sarah Vázquez colaboró en esta historia
