La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, solicitó al director Ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla Ruiz, su intervención urgente ante el cierre de escuelas en el país.
“El cierre y la consolidación de escuelas públicas informado en los pasados días por la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, ha creado una conmoción en el país, especialmente en los padres, madres y encargados de los estudiantes matriculados en las escuelas identificadas por la agencia. La alteración y liquidación de escuelas públicas, como si se tratara de fábricas con mercancías a mover o desechar, y no como lo que son, centros educativos cuyos ocupantes son niños menores de edad y padres bajo el nivel de pobreza, a nuestro juicio, amerita la intervención urgente de la Comisión de Derechos Civiles”, expresó Aida Díaz.
La Dra. Díaz explicó que padres de alrededor de la isla se han reunido y convocado a diversas actividades y la AMPR como representante exclusivo del magisterio ha sido invitada a participar de las mismas.
“La información constante que se recopila de estas actividades es similar: los padres no fueron consultados, ni participaron de ninguna reunión sobre el posible cierre de las escuelas de sus hijos; estudiantes que a mitad de semestre el Departamento de Educación les ha removido sus maestros sin considerar los proyectos en desarrollo, ni el vínculo emocional creado entre sus hijos y los maestros; segunda y tercera ocasión en que estudiantes les cierran sus escuelas, obligándolos una vez más al difícil proceso de ajuste; comunidades aisladas, sin transportación, exigiéndoles moverse a escuelas de difícil acceso; cierre de escuelas equipadas tecnológicamente a consolidarse con otras sin equipo; escuelas especializadas identificadas como receptoras poniendo en riesgo su organización; y así por el estilo. En fin, dolor, sufrimiento, angustia, incertidumbre, frustración y en especial, la frase constante que se escucha es: como padre, mis derechos y los de mis hijos, parecen que para Educación y el Gobierno, no cuentan”, resaltó Díaz.
La sindicalista aseguró que tanto ella como el personal de la unión que representa se encuentran recopilando información de las situaciones que les llegan a su atención.
“Entendemos que hay que hacer un detente a estos cierres y consolidaciones para revisar y validar la información que recopiló Educación para tomar su decisión. Además, hay que analizar el impacto sobre los niños, los padres y sus comunidades. No menos importante, evaluar si Educación y el Gobierno están cometiendo violaciones a los derechos civiles”, dijo Díaz.
La totalidad de las escuelas que serán impactadas de una forma u otra por la decisión de la secretaria de Educación son 659, lo que significa que son más de la mitad de las escuelas del país y se perjudicarán más de la mitad de la población estudiantil. Colocamos en perspectiva ese número, porque las 283 escuelas solo son las que cerrarán y por consiguiente causarán un impacto en las receptoras.
