La secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, la administradora de la Administración para el Sustento a Menores (ASUME), Waleska Maldonado y el rector interino del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao Delgado, firmaron hoy el acuerdo de servicios para realizar el estudio socioeconómico para la preparación de las nuevas guías mandatorias para computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico.
“Nos complace contar con un grupo de profesionales extremadamente capacitados y comprometidos con el calendario de trabajo que permitirá cumplir con el proceso, según lo requieren las leyes y reglamentos, para presentar unas nuevas guías para computar las pensiones”, aseguró la secretaria de la Familia, quien señaló que las guías vigentes datan del 30 de octubre del 2014.
Según la política pública establecida mediante una orden ejecutiva del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el Estado tiene el deber de promover la realización de acuerdos interagenciales entre la Universidad de Puerto Rico y las agencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva, donde la institución puede ofrecer diversos servicios a través de todos sus recintos y recibir compensación por los mismos. El acuerdo con la UPR establece un costo de $80,000.00 por los servicios con vigencia hasta el 31 de octubre de 2018.
Por su parte, Ferrao Delgado señaló a través de un comunicado de prensa que “este acuerdo colaborativo entre el Departamento de la Familia, ASUME y nuestro Recinto es un gesto ejemplarmente asertivo de la sinergía que debe generarse entre entidades que tiene una enorme influencia en la vida de nuestros ciudadanos”.
“Para nosotros representa, no solo un gran privilegio, sino también una responsabilidad enorme trabajar en este estudio”, añadió el doctor Ferrao Delgado.
“Asimismo, felicito y agradezco a la Facultad de Administración de Empresas, sus profesores y su decana interina, por sus gestiones para concretar esta colaboración. Asumimos este acuerdo con una clara conciencia de las implicaciones fundamentales que el proyecto tiene en la vida de las familias puertorriqueñas, lo mismo en los menores cobijados por el reglamento en cuestión, que en los adultos responsables de ellos”. agregó.
El Artículo 19 de la ley Orgánica de ASUME le requiere que las guías para determinar y modificar las pensiones alimentarias para menores de edad sean revisadas cada cuatro años a partir de la fecha de su aprobación para asegurar que las pensiones alimentarias resultantes de su aplicación sean justas y adecuadas.
Según establece la ley, en cada revisión “se deberá considerar el nivel de desviación en la aplicación del Reglamento; data o información sobre el costo de crianza de un o una menor en Puerto Rico y la inflación económica, con propósito de determinar posibles ajustes a los intervalos o niveles de ingresos de las tablas, a la reserva de ingresos de la persona no custodia y a la pensión mínima establecida”.
“Con este acuerdo cumplimos con las política pública establecida por el Gobernador Ricardo Rosselló para comisionar a los profesionales de la Universidad de Puerto Rico los estudios necesarios para cumplir con las leyes y reglamentos vigentes. A abril de 2018 hay 217,66 casos activos en el sistema de pensiones de ASUME, beneficiando a 225,269 menores. Por su bienestar, buscamos contar con procesos más sencillos y ágiles”, explicó la administradora de ASUME.
