La decisión de la Junta de Control Fiscal (JCF) de rechazar los planes fiscales del Gobierno y certificar los suyos podría terminar en consideración de la jueza Laura Taylor Swain si las partes no llegan a un consenso sobre la implementación de los documentos aprobados, así lo dejaron entrever ambas partes.
La JCF aprobó ayer su plan fiscal para el Gobierno central, que incluye el recorte del 10 % de las pensiones, una reforma laboral, medidas que había rechazado el gobierno de Ricardo Rosselló.
La votación, incluso, contó con el sorpresivo rechazo de Ana Matosantos, y las reservas de otros miembros, como David Skeel, quienes, aunque votaron por el plan con más recortes, hicieron constar en el récord su preocupación.
En la reunión realizada en el Centro de Convenciones en San Juan, la directora ejecutiva del ente creado por la Ley PROMESA, Natalie Jaresko, aseguró que el proceso para la revisión de los planes fiscales junto con el Gobierno había sido uno colaborativo, a la vez que resumió acciones como reuniones con el gobernador Ricardo Rosselló y las sesiones de diálogo llevadas a cabo en San Juan y Nueva York.
Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, defendió el plan fiscal presentado por el Gobierno, a la vez que detalló que el documento presentado ayer por el ente creado por la ley federal extenderá la crisis económica de Puerto Rico.
Portela dijo que, según Promesa, la JCF puede certificar sus planes, pero que el Gobierno decide la política pública.
Además, Portela detalló áreas de desacuerdo del Gobierno con la Junta, como el recorte de las pensiones y el recorte de los beneficios laborales, como días de vacaciones, de enfermedad y el bono de Navidad”.
Asimismo, manifestó que “la fórmula de la Junta no hace distinciones”, entre los diferentes tipos de pensionados, quienes, si son recipientes de $1,000 mensuales, sumando su seguro social, estarán sujetos al recorte.
Carrión y Rosselló, amparados en PROMESA para defender su posición
Mientras transcurría la reunión en el Centro de Convenciones, Rosselló utilizó su cuenta de Twitter para rechazar las medidas. “Nuestra posición es clara: asunto de política pública que no esté alineado con la visión del Gobierno, simplemente, no se ejecutará. Punto”, sentenció.
Por su parte, el presidente de la Junta, José Carrión, hizo lo propio en la conferencia de prensa tras la reunión. Según opinó: “Esperamos que el Gobierno y la Legislatura cumplan con el mandato de la ley”. Carrión admitió que están listos para ir al tribunal si fuera necesario, y que han conversado con sus abogados. Sin embargo, agregó que no quisieran litigar, pues supondría un costo mayor para el país.
Interviene el Arzobispo
Por otro lado, el arzobispo de San Juan, Roberto González, participó en el turno de preguntas, en el que urgió a la Junta, al Gobierno y a los bonistas a dialogar.
Esta semana, el grupo Jubilee USA informó que el arzobispo de San Juan, el líder de la Sociedad Bíblica Evangélica de Puerto Rico y el director ejecutivo de Catholic Charities de la isla habían enviado una carta a la Junta de Control Fiscal en la que hacen sus peticiones para la certificación de los planes fiscales.
También aprueban sus propios planes para la AEE y la AAA
Mientras, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) también presentaron sus planes fiscales durante la primera reunión, de dos que se realizarán para la certificación de los planes.
El director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz, resumió el contenido del plan fiscal de la corporación pública y detalló los retos que enfrentaron tras el huracán María para restablecer el servicio a los abonados.
Ninguna de las versiones presentadas por la AAFAF para las corporaciones públicas fueron aprobadas, y la Junta aprobó sus propias versiones de planes fiscales para la AAA y la AEE. Los votos para ambos planes fueron unánimes.
La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, aseguró que Acueductos podría quedarse sin liquidez y necesitar un préstamo para 2019, mientras que destacó la meta de la JCF de bajar el precio del kilovatio hora a 20 centavos.
Defienden su plan fiscal y aseguran que es por el bien de Puerto Rico
“Las reformas estructurales incluidas en el plan son fundamentales para lograr crecimiento económico durante los seis años del plan y absolutamente esenciales dentro del panorama más a largo plazo de 30 años. Si se implantan, se proyecta que estas reformas estructurales resultarán en un crecimiento anual, real y sostenible, del Producto Nacional Bruto de 1.8 % para el año fiscal 2023, lo que equivaldría a unos $80,000-$90,000 millones adicionales en ingresos para el Gobierno a lo largo de 30 años”, aseguró la Junta.
