Un joven camina de un lado a otro en la intersección de Nemesio Canales, uno de los complejos de vivienda pública en San Juan. De repente, levanta su cabeza y un fuerte silbido se hace eco a través de la cuadra, por encima del sonido del cantar de los gallos.
“Ese es el sonido de los celadores cuando ven a los policías”, dijo el teniente Ferdinando Acosta del Negociado de la Policía de San Juan. El narcotráfico ha convertido a los celadores en algo normal en los residenciales públicos en San Juan.
En los años noventa, la situación en Nemesio Canales era tan violenta que tuvieron que instalar casetas de vigilancia en la entrada. Aunque en las últimas décadas se ha visto una merma en la criminalidad, recientemente muchos otros vecindarios en la capital de Puerto Rico y otras áreas de la isla se han convertido en el escenario de innumerables homicidios.
Al 29 de abril, en los primeros cuatro meses de 2018, habían ocurrido en Puerto Rico 227 asesinatos, 14 más en comparación con el mismo periodo del año pasado y, de estos, más de 90 están relacionados con la violencia del narcotráfico. Pero quienes se supone que luchan contra el crimen están dejando la Policía. En solo cinco años, Puerto Rico ha perdido casi una cuarta parte de su fuerza policíaca. De 17,000 oficiales, más de 4,000 han dejado sus empleos. Muchos oficiales que han permanecido en sus puestos no están contentos, dicen, debido a bajos salarios y pobres beneficios.
Mientras tanto, el crimen va en aumento en la isla, recién azotada por dos huracanes.
“Tenemos un problema de drogas, casi el 50 por ciento de los asesinatos en Puerto Rico están relacionados con las drogas”, dijo el teniente Acosta.
El 8 de abril, tres hombres fueron acribillados en Manatí, un pueblo a 24 millas al oeste de San Juan. Uno de ellos, Manuel Pizarro, estaba en bajo probatoria federal en Florida y, desde que salió de prisión, estuvo en Puerto Rico por ocho meses.
“El área del incidente es un punto de drogas conocido y, de lo que sabemos de la investigación, pensamos que Pizarro vino a reclamar su territorio”, explicó el teniente Acosta. “Eso incitó una guerra por drogas, con el resultado de que él y otros dos individuos resultaron muertos”.
Este asesinato múltiple es uno de cinco en la isla desde que comenzó el año. El conteo de múltiples asesinatos para el año pasado fue cinco, en el lapso de 12 meses.
“Es un indicador del aumento en la violencia en el país”, dijo Lina M. Torres Rivera, criminóloga y profesora en la Universidad del Sagrado Corazón. “La tendencia ha sido un aumento en asesinatos en áreas metropolitanas, tales como San Juan, seguido por Caguas y la parte sur de Ponce”.
De acuerdo con el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Puerto Rico, es difícil prevenir este tipo de asesinatos y una mayor presencia de policías no hubiese hecho una gran diferencia.
“¿Sería justo decir que una mayor presencia policiaca hubiese prevenido los asesinatos? No”, dijo Héctor Pesquera, secretario del DSP. “Cuando tuvimos 17,000 oficiales en 2012, tuvimos 1,600 asesinatos ese año. Eso no tiene nada que ver”.
Torres Rivera dijo que, aunque la política criminal no es un asunto solo de la Policía, la desmoralización del cuerpo exacerba la situación.
“Pasas tiempo trabajando, arriesgas tu vida par de veces todos los días y el Gobierno no te da ni las gracias por tu servicio”, dijo Edward Atanacio, un oficial de la Policía de San Juan. “Tengo casi 20 años de servicio y estoy muy deprimido, muy frustrado. Mis compañeros están muy molestos y yo también”.
Uno de las principales controversias para los oficiales de la Policía es el retraso en el pago de las horas extra trabajadas. Por meses, después del huracán María, el turno promedio de un oficial policiaco variaba entre 12 a 16 horas. Muchos oficiales eran, ellos mismos, víctimas del huracán. Algunos perdieron sus vehículos y sus uniformes, y otros fueron desplazados por la tormenta, teniendo que vivir en refugios con sus familias y, a la misma vez, reportándose a trabajar.
