El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aceptó la renuncia del secretario de la Gobernación, William Villafañe Ramos, al tiempo que solicitó la renuncia de la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García Rodríguez; a la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio; al subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz; y a la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román.
El primer ejecutivo tomó la determinación luego que el Departamento de Justicia llevó a cabo una investigación preliminar y recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el exjuez Rafael Ramos Sáez.
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El Departamento de Justicia sostuvo que a raíz de la prueba examinada hay información suficiente para entender que estos funcionarios pudieron haber cometido algún delito.
Aunque el primer ejecutivo reconoció que estos funcionarios no han sido acusados oficialmente, la solicitud de la renuncia surge debido a una razón de confianza. En cuanto al secretario de la Gobernación, el primer ejecutivo aceptó la dimisión del licenciado Villafañe Ramos para que pueda atender este asunto.
“Confío en la integridad del licenciado Villafañe Ramos y entiendo que su decisión de renunciar responde a los mejores intereses de Puerto Rico..”, agregó el gobernador
“Hoy el Departamento de Justicia levanta bandera sobre posibles actuaciones irregulares de estas personas cuando todavía no habían sido juramentados como funcionarios públicos. Esperamos que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente pueda evaluar el informe y determinar si debe asignar un Fiscal Especial Independiente para el exjuez Ramos Sáenz y por ende investigar todas las alegaciones que vinculan a estos funcionarios públicos con el fin de aclarar este caso por el bien del Pueblo de Puerto Rico y de las propias personas involucradas”, sostuvo el primer mandatario.
“Como bien he recalcado en mi Administración no hay espacio para las irregularidades ni corrupción. Ese es mi compromiso sin importar la persona implicada. Mi mayor deseo es que este caso sea aclarado”, agregó el gobernador.
De acuerdo a Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, en un informe sellado realizado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, se indica que Ramos Sáenz, mientras fungía como juez municipal y presidente de la Comisión Local Electoral 037 de Moca, pudo haber incurrido en: enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, influencia indebida en la adjudicación y malversación de fondos públicos.
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El documento, que no se publicará para evitar interrumpir los procedimientos del OPFEI, detalla que también pudo haber violado el Código Electoral del Siglo XXI. Además, Ramos Sáenz, posiblemente, falló a los Cánones de Ética Judicial, dispuestos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Los demás funcionarios serían investigados por ejercer “influencia indebida”, así como por incumplir las disposiciones del Código Electoral, luego de su activa participación e interacción con el exjuez en materia de su jurisdicción durante las elecciones del 2016.
A su vez, contra García Rodríguez existe causa suficiente para entender que incurrió en perjurio, según la secretaria de Justicia. La subsecretaria, además, trató de intimidar a Vázquez, hecho que fue referido a las autoridades federales.
De la misma forma, el Departamento de Justicia refirió hoy al Tribunal Supremo de Puerto Rico a 15 abogados que, según la pesquisa preliminar, de alguna manera interactuaron en los chat “Coffee Break” y Estructura Gerencial. Siete de los letrados entraron en conversación directamente con el juez, apuntó Vázquez. Sobre este referido, la agencia solicitará al Tribunal Supremo la paralización de los procesos disciplinarios y una orden protectora en lo que culmina la pesquisa de la OPFEI.
“De la investigación se desprende que el exjuez Ramos Sáenz compartió información privilegiada relacionada a su puesto, brindó información sobre casos que acababa de adjudicar, participó de actividades político partidistas. Se comunicó con funcionarios para que lo ayudaran en su nombramiento, publicó información relacionada a su función electoral, entre otros, todo con la finalidad de obtener beneficios personales. En múltiples ocasiones el exjuez se apartó de la norma jurídica y sus actuaciones infringieron estatutos legales criminales. Su participación en los chats ‘Coffee break’ y Estructura Gerencial en conjunto con los participantes de los mismos, que conocían de su cargo y aun así continuaron participando junto con él de asuntos político-partidistas, es altamente reprochable”, manifestó Vázquez.
La pesquisa estuvo a cargo de la Directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y de la fiscal Yanira Liceaga Sánchez.
Durante la investigación, apuntó la secretaria, hubo funcionarios que le faltaron el respeto a las fiscales.
