El secretario de la gobernación, William Villafañe, renunció luego de que el Departamento de Justicia refirió al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente un informe que detalla su posible comisión de delito luego participar en el polémico chat de WhatsApp, en el que también estuvo el exjuez Rafael Ramos Sáenz.
“A la luz del reciente informe emitido por el Departamento de Justicia, no se desprende que haya cometido ninguna violación a la ley, ni a los cánones éticos que rigen mi profesión como abogado. A esos efectos, me reafirmo en que durante mi carrera profesional, y ejerciendo como funcionario público, siempre he velado por los mejores intereses de Puerto Rico y la transparencia en todo proceso gubernamental”, expresó y agregó que “no empece a esto, el Departamento de Justicia ha relegado a la Oficina del Panel Especial Independiente la correspondiente evaluación de hechos”.
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En expresiones escritas, el licenciado dijo que “en aras de que este asunto no continúe siendo una distracción innecesaria sobre los proyectos que junto al Gobernador he tenido la oportunidad de encaminar, he tomado la iniciativa de salir del cargo que hoy ocupo para continuar mi vida junto a mi familia y los seres que más amo. Ellos han sufrido más que yo esta situación”.
Agradezco profundamente a todos los que me han contactado para expresarme su incomodidad con lo que ha sucedido y su aprecio solidario. También recibo con mayor cariño las manifestaciones públicas que validan el hecho de que no he hecho nada malo y no amerita una dimisión. Esto es solo una batalla.
Más detalles: Al FEI Secretario y subsecretaria de la Gobernación
Asimismo, apuntó seguiré laborando por el bien general de cada puertorriqueño desde otros frentes, conforme al mandato del Pueblo y la política pública del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Agradezco enormemente la confianza que desprendiera el primer mandatario durante este tiempo para ejercer como secretario de la Gobernación”.
Luego de sus declaraciones, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares aceptó la renuncia del secretario de la Gobernación, al tiempo que solicitó la renuncia de la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García Rodríguez; a la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado Claudio; al subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo Muñiz; y a la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz Román.
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De acuerdo a Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, en un informe sellado realizado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, se indica que Ramos Sáenz, mientras fungía como juez municipal y presidente de la Comisión Local Electoral 037 de Moca, pudo haber incurrido en: enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, influencia indebida en la adjudicación y malversación de fondos públicos.
El documento, que no se publicará para evitar interrumpir los procedimientos del OPFEI, detalla que también pudo haber violado el Código Electoral del Siglo XXI. Además, Ramos Sáenz, posiblemente, falló a los Cánones de Ética Judicial, dispuestos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Los demás funcionarios serían investigados por ejercer “influencia indebida”, así como por incumplir las disposiciones del Código Electoral, luego de su activa participación e interacción con el exjuez en materia de su jurisdicción durante las elecciones del 2016.
A su vez, contra García Rodríguez existe causa suficiente para entender que incurrió en perjurio, según la secretaria de Justicia. La subsecretaria, además, trató de intimidar a Vázquez, hecho que fue referido a las autoridades federales.
De la misma forma, el Departamento de Justicia refirió hoy al Tribunal Supremo de Puerto Rico a 15 abogados que, según la pesquisa preliminar, de alguna manera interactuaron en los chat “Coffee Break” y Estructura Gerencial. Siete de los letrados entraron en conversación directamente con el juez, apuntó Vázquez. Sobre este referido, la agencia solicitará al Tribunal Supremo la paralización de los procesos disciplinarios y una orden protectora en lo que culmina la pesquisa de la OPFEI.
“De la investigación se desprende que el exjuez Ramos Sáenz compartió información privilegiada relacionada a su puesto, brindó información sobre casos que acababa de adjudicar, participó de actividades político partidistas. Se comunicó con funcionarios para que lo ayudaran en su nombramiento, publicó información relacionada a su función electoral, entre otros, todo con la finalidad de obtener beneficios personales. En múltiples ocasiones el exjuez se apartó de la norma jurídica y sus actuaciones infringieron estatutos legales criminales. Su participación en los chats ‘Coffee break’ y Estructura Gerencial en conjunto con los participantes de los mismos, que conocían de su cargo y aun así continuaron participando junto con él de asuntos político-partidistas, es altamente reprochable”, manifestó Vázquez.
La pesquisa estuvo a cargo de la Directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y de la fiscal Yanira Liceaga Sánchez.
Durante la investigación, apuntó la secretaria, hubo funcionarios que le faltaron el respeto a las fiscales.
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