El periódico Metro radicó un recurso legal mediante el cual solicita un interdicto para que un Tribunal de Justicia ordene a la Policía cumplir con su deber de proteger el derecho al ejercicio de la libre prensa. Alguien que no haya vivido en el Puerto Rico de la última década y que se tope con una noticia como esta se cuestionaría por qué es necesario que un tribunal ordene a la Policía hacer su trabajo, sobre todo cuando se trata de uno de los derechos más fundamentales de la vida en una sociedad democrática y que está protegido por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pues es sencillo, cuando hay una falta de cultura general en un cuerpo de ley y orden sobre la importancia de proteger el derecho del pueblo a estar informado libremente, ocurren incidentes como el que da pie al inicio de la acción legal por parte de Metro.
Las manifestaciones del Primero de Mayo fueron el marco en el que policías agredieron a periodistas en funciones, en uno de los casos por la espalda, o le restringieron la libertad de movimiento poniendo en riesgo su integridad física; pero la vista judicial de ayer con la ausencia del más alto mando de la Uniformada refuerza la falta de conciencia generalizada en ese cuerpo sobre el ejercicio vital de proteger la libertad de prensa en Puerto Rico. Si los jefes de la Policía no le dan importancia a un reclamo tan serio como el de garantizar la libertad de prensa en Puerto Rico, y pretenden verlo como el caso de una manzana podrida, un incidente aislado o, simplemente, gajes del oficio periodístico, ¿qué mensaje les transmiten a todos los que les siguen en su línea de mando, hasta el policía que mañana se topará con la prensa documentando otra manifestación?
Parte de la prensa que acudió a la vista de ayer nos preguntó qué se busca con el recurso. Muchos cargaron la pregunta con el escepticismo de que esta historia de agresión a periodistas por parte de quienes se suponen velen por los derechos en Puerto Rico ya la han visto antes sin ninguna consecuencia. Buscamos que, en este punto de nuestra historia, haya una defensa clara y contundente del acceso a la información que se llevará al pueblo. Que no quede el más mínimo espacio para que mañana un policía piense que puede agredir a los periodistas en funciones o a ciudadanos ejerciendo su derecho a la libertad de prensa sin que haya consecuencias.
Nos abrimos al diálogo en búsqueda de guías claras, que hoy no existen, para asegurar que la Policía no violente, sino que proteja el derecho a informar en Puerto Rico. Mas esos protocolos no pueden quedarse en letra muerta en algún archivo gubernamental. Es urgente fomentar en la Policía una cultura organizacional de respeto a un derecho que es de todos.
Tanto la prensa como la Policía están al servicio del pueblo. Todo ciudadano debería poder confiar plenamente en las autoridades de ley y orden.
Si tomamos como escenario lo sucedido el Primero de Mayo, la Policía debió tener presente en sus cálculos operativos que, al igual que protegía la propiedad privada, era su deber proteger la libertad constitucional de prensa. En este proceso, no hay un reclamo por daños contra el Estado, más bien buscamos claridad y certeza de que podremos seguir ejerciendo nuestro trabajo cada día sin que la integridad física de nuestros periodistas esté en riesgo por actuaciones indebidas de miembros de la Policía. ¿Qué mejor foro que los tribunales para enfatizar la claridad de la letra de nuestra Constitución?
