En una decisión que podría convertirse en un hito histórico para la libertad de prensa en Puerto Rico, el periódico Metro y la Policía acordaron reunirse este jueves para dialogar sobre la creación de protocolos que eviten ataques de uniformados a periodistas durante la cobertura de manifestaciones.
El cónclave se pautó en una vista en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, después de un interdicto preliminar presentado por el medio, luego de que uno de sus reporteros —quien estaba debidamente identificado con su uniforme y carnet de prensa— fuera golpeado por la espalda por un policía mientras intentaba grabar el arresto de un ciudadano en el área de Río Piedras.
El juez Anthony Cuevas fue quien recomendó las “conversaciones de buena fe”, que comenzarán el jueves, porque consideró que los procesos judiciales podrían demorar, y hay indicios de que las manifestaciones continuarán, como han anunciado distintos grupos ciudadanos.
A pesar de la reunión, el Tribunal continuará con jurisdicción sobre el caso, para mediar o, finalmente, tomar una decisión ante un desacuerdo.
“Hay un efecto de enfriamiento porque temen por su seguridad, porque no hay garantías de que la Policía vaya a respetar sus derechos civiles y la libertad de prensa, y que puedan llevar el libre ejercicio de la democracia”, afirmó el abogado demandante Manuel Sánchez.
Mientras, Gerardo De Jesús, también letrado de Metro, indicó que la petición del medio de comunicación se fundamenta en el derecho a la libertad de prensa contemplado en la Constitución de la isla.
Si se estableciera el protocolo, agregó Sánchez, este no podrá ser restrictivo al ejercicio democrático de los periodistas a reportar.
Por su parte, Iván Ramírez, en representación del Estado, presentó una moción de desestimación porque, a su juicio, el interdicto preliminar no procede, dado a que el periodista agredido tiene los recursos de querellas administrativas y criminales para adelantar sus reclamos. No obstante, la moción no fue atendida por el juez dado a que se concretó la reunión.
Ante el argumento de Ramírez, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) levantó bandera, porque no solo fue un periodista de Metro el afectado, sino muchos más.
José Sagardía, en representación de la organización, leyó parte de los testimonios de reporteros quienes quedaron atrapados entre agentes del orden público y los ciudadanos. “Fue el pueblo quien se afectó”, dijo el abogado de la entidad, porque es quien ordena a través de la Constitución el ejercicio de una prensa libre.
El juez concordó con esta expresión y cuestionó: “¿Cuántas querellas serían necesarias para que se haga algo?”.
Según el abogado de la Policía, no existe un estatuto referente al tratamiento de la prensa por parte de la Uniformada. Más aun, en medio de la vista, Ramírez indicó desconocer si debería referirse al documento como un protocolo o una orden administrativa. Pero, según dijo al salir de sala, la unificación de toda la reglamentación de la Uniformada, “probablemente”, “cubre la situación”.
“Vamos a someter las diferentes órdenes administrativas y protocolos que existen y, probablemente, cumplan”, indicó Ramírez.
Por su parte, Damaris Suárez, presidenta de la ASPPRO cuestionó la buena fe para negociar del secretario de seguridad, Héctor Pesquera, porque este se ausentó a la vista.
