El Senado de Puerto Rico pospuso para mañana la aprobación de una versión enmendada del proyecto cameral para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que además del permiso para realizar las transacciones de venta y concesión de los activos de la corporación, incluye disposiciones para en el futuro establecer una nueva política pública energética.
Metro supo que aunque la pieza 1481 de la Cámara de Representantes está en el calendario de la sesión ordinaria, no será considerada por el pleno de legisladores ante el corto tiempo que durarán los trabajos de esta tarde, pues el gobernador Ricardo Rosselló presentará el proyecto de presupuesto a las 5:15 p.m.
De acuerdo al informe de la Comisión Especial de Energía del alto cuerpo, el Proyecto de la Cámara 1481 no incluyó una política pública energética, ni un nuevo marco regulatorio, hecho que provocó preocupación entre varios sectores. Por tanto, el Senado dispuso que luego de aprobarse el proyecto que viabilizará la venta y concesión de los activos de la AEE, en un plazo de 180 días debe avalarse una nueva política energética y un marco que regule la industria.
Según el informe de la comisión, la política pública energética debe estar dirigida al desarrollo de un sistema resiliente, confiable, eficiente, con tarifas justas, con fuentes de energía que no contribuyan a incrementar los efectos del cambio climático y la implementación de un mercado energético.
Por otra parte, el marco regulatorio es necesario para “obtener los resultados deseados en términos de modernizar nuestro sistema eléctrico, incorporar mayor generación con fuentes renovables y reducir el costo de los consumidores”.
Asimismo, la medida del Senado propone que para asegurar “la transparencia y pureza del proceso, es un requisito que la Asamblea Legislativa apruebe toda transacción de venta de los activos de la corporación pública.
Mientras, el Senado dará una intervención prominente a la Comisión de Energía, asunto que ha sido altamente debatido, pues Rosselló quitó toda injerencia de dicho ente en el proyecto que presentó ante la Legislatura.
“Según hemos examinado, en todas las jurisdicciones del mundo en las que se ha realizado un proceso de reforma del sistema energético de manera responsable, el ente regulador existente ha intervenido en el mismo”, señala el informe.
De esta forma, las transacciones de la AEE tendrán que contar con una certificación de Cumplimiento de la Comisión de Energía para poder ser aprobadas.
De acuerdo al plan de reorganización número 8, establecido en la Ley para el Nuevo Gobierno, la Comisión de Energía pertenece a la Junta Reguladora de Servicio Público, fucionada con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor y la Administración de Energía.
