BASE NAVAL DE LA BAHÍA DE GUANTÁNAMO, Cuba — Un nuevo comedor para los guardias del centro de detención de Guantánamo tiene hermosas vistas del Caribe. Se planifica la construcción de nuevos cuarteles a partir del año que viene. Y el Pentágono le pidió al Congreso fondos para una nueva unidad carcelaria de máxima seguridad, pensada para alojar detenidos que probablemente envejezcan allí, algunos tal vez sin haber sido condenados por delito alguno.
El presidente Donald Trump dijo en enero que mantendría la prisión de Guantánamo abierta y permitiría la llegada de más reos, tras lo cual las autoridades militares se abocaron a planificar el futuro de la polémica instalación que el gobierno de Barack Obama intentó cerrar. Funcionarios de la base hablaron de los planes de una manera inusualmente franca al recorrer con un grupo de periodistas la instalación donde todavía hay 40 reos detrás de muros muy altos y alambres de púas en la costa sudoriental de Cuba.
“Tenemos que hacer planes a largo plazo”, declaró el coronel del ejército Stephen Gabavics esta semana. “Tenemos que tener un plan estén o no el resto de sus vidas aquí”.
El Pentágono estaba mejorando la base naval bajo el gobierno de Obama, cuyos esfuerzos por cerrar el centro de detención tropezaron con la oposición del Congreso. Pero esos proyectos, incluido un cuartel de 150 millones de dólares, eran costeados dándose por sentado que el dinero podía ser usado en la base que alberga el centro de detención. Ahora son parte de un esfuerzo más amplio en el que la prisión seguirá funcionando por tiempo indefinido.
“Ahora mi misión es a largo plazo”, dijo el almirante John Ring, comandante de la fuerza de tareas que maneja la cárcel. “Hay todo tipo de estructuras desvencijadas que hay que reemplazar”.
El Pentágono quiere al menos 69 millones de dólares para reemplazar el Campo 7, la unidad de máxima seguridad que aloja a 15 reos considerados “detenidos de alto valor”, que antes estuvieron bajo custodia de la CIA. Ese grupo incluye cinco individuos a ser juzgados por comisiones militares de Guantánamo por planificar o colaborar con los ataques del 11 de septiembre del 2001. Podrían ser condenados a muerte de ser hallados culpables, pero los procesos se están demorando años y cualquier condena conllevaría seguramente apelaciones que también tomarían años.
Las autoridades dicen que el Campo 7 necesita grandes renovaciones pues hay fisuras en las paredes y los cimientos se están hundiendo. Aseguran que no está en condiciones de albergar individuos que probablemente pasen muchos años allí. La nueva unidad, que será conocida como el Campo 8, tendrá puertas lo suficientemente anchas en las celdas como para que puedan pasar sillas de ruedas y camas para enfermos terminales, de modo tal que los reos ancianos puedan ayudarse entre ellos al envejecer.
La Casa Blanca apoya la propuesta, pero no se sabe si el Congreso la aprobará.
“Tenemos responsabilidades hacia los reos que hay aquí, sin importar lo que piensen afuera”, afirmó Gabavics. “Tenemos la responsabilidad de garantizar su seguridad, su atención y su custodia, y lo único que pedimos es que nos den los recursos que necesitamos para poder hacerlo”.
Entre los 40 reos que quedan en Guantánamo hay cinco que el gobierno de Obama dijo podían ser transferidos, pero no lo fueron por trabas burocráticas y diplomáticas. De los restantes, nueve tienen pendientes cargos ante el sistema de comisiones militares y sus procesos están en distintas etapas. Los otros 26 no han sido acusados de nada ni fueron considerados transferibles. Son retenidos indefinidamente invocando lo que Estados Unidos dice son leyes internacionales para tiempos de guerra.
Los militares permitieron una breve visita esta semana al Campo 6, donde están la mayoría de los presos, en momentos en que los reclusos conversaban y se preparaban para las oraciones de la tarde.
El abogado David Remes, que representa a cuatro reos, dijo que estos se aburren y se sienten frustrados. “Nunca hubo un limbo más limbo que esto”, expresó Remes. “Lo único que hacen es esperar, esperar y esperar”.
El centro de detención abrió en enero del 2002, bajo el gobierno de George W. Bush hijo, como una cárcel improvisada para alojar e interrogar a personas sospechosas de estar relacionadas con al-Qaida y el Talibán. El trato de los presos provocó indignación internacional y la Corte Suprema finalmente dictaminó que cualquier persona detenida allí tenía derecho a cuestionar su arresto en tribunales estadounidenses, eliminando uno de los principales argumentos para ser alojados en Guantánamo.
Bush finalmente dijo que al centro de detención debía cerrar y liberó a más de 500 reos. Obama sostuvo que la prisión perjudicaba las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo y era un despilfarro innecesario de dinero, y dispuso su cierre a poco de asumir. Pero el Congreso bloqueó el cierre y aprobó una legislación que impide que los reclusos retenidos allí sean transferidos a suelo estadounidense, ni siquiera para ser sometidos a juicio. Su gobierno transfirió a 242 reos a otros sitios.
Trump permitió la salida de un solo preso hasta ahora: un saudí enviado a su país para que termine de cumplir su condena allí en el marco de un acuerdo extrajudicial.
Las autoridades del centro de detención dijeron que podrían admitir otros 40 reclusos sin necesidad de agregar más personal y unos 200 si llegan más guardias. No hay pedidos de ese tipo del gobierno por ahora, indicó Ring, aunque señaló que le han hecho “algunas preguntas hipotéticas” sobre el tema.
“No esperamos nuevos huéspedes a corto plazo”, manifestó.
