La Contraloría detectó irregularidades en las operaciones fiscales del municipio de Cataño relacionadas con las compras, los desembolsos y las mejoras permanentes a las instalaciones municipales.
El informe revela que se consideraron cotizaciones falsas en la adjudicación de 50 órdenes de compra por 266,621 dólares, de enero de 2010 a julio de 2014.
La evidencia indica que se utilizaron cotizaciones falsas para aparentar que se estaba cumpliendo con el requisito de obtener, al menos, tres cotizaciones y así favorecer a varias compañías.
“Estas situaciones se refirieron a la secretaria de Justicia y a la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 19 de octubre de 2017”, indicó la Contraloría.
Sobre el caso, informó que para la adjudicación de la compra de polos y camisetas a la compañía A por 42,403 dólares, se consideraron 13 cotizaciones falsas.
Igualmente, para la construcción de dos canchas de tenis en la urbanización Marina Bahía por 44,580, se consideraron dos cotizaciones falsas.
Además, para la reparación de la subestación del Centro de Gobierno por 37,000 dólares y la compra e instalación de rolling doors en el Centro de Convenciones y en la Biblioteca Municipal, se sometieron varias cotizaciones falsas y otras que se obtuvieron de forma irregular.
“Nuestros auditores identificaron que en algunas situaciones las compañías estaban relacionadas por vínculos familiares. Por ejemplo, en la adjudicación para la compra de rótulos y cruzacalles por 56,857 a favor de la compañía J, se consideraron 19 cotizaciones de la compañía K y 20 de la compañía L. El dueño de la compañía K y su cónyuge, y el dueño de la compañía L, recibieron pagos de la compañía J por concepto de servicios profesionales, rembolsos y bono. Además, los representantes de la compañía J, eran la tía, el padre y el hermano del cónyuge del dueño de la compañía K”, establece la auditoría.
Además, se señala que en la computadora del entonces secretario municipal se hallaron tres documentos relacionados con asuntos político partidistas.
Asimismo, se identificó el uso del correo electrónico y de un dispositivo multifuncional para digitalizar y tramitar documentos electrónicos, para fines privados.
“Esta situación también se refirió a la secretaria de Justicia y a la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 19 de octubre de 2017 para la acción correspondiente”, afirma la agencia.
El informe cubre el período del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014.
