CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los mexicanos están entre los mayores consumidores de refrescos del mundo, así que es comprensible que cuando Coca-Cola y Pepsi anunciaron que detendrían la distribución de bebidas en Ciudad Altamirano, una localidad del sureño estado de Guerrero, cundiera la preocupación entre sus habitantes. El motivo: las extorsiones del crimen organizado.
“Hay que reconocer que el refresco forma parte de la dieta de todos nosotros, entonces imagínate, las dos principales empresas que se dedican a distribuir refresco en toda la región prácticamente se fueron, han cerrado operaciones”, explicó el miércoles Roberto Álvarez, portavoz de seguridad del estado. “¡Tremendo!”
PepsiCo México indicó en un comunicado que su embotellador Grupo Gepp “tomó la difícil decisión de suspender sus operaciones de distribución en Ciudad Altamirano al no estar presentes las condiciones requeridas para la distribución de sus productos”.
“PepsiCo respeta la decisión de Gepp”, agrega la nota.
Álvarez dijo que el gobierno todavía investiga los motivos del cierre pero reconoció que aunque Pepsi no ha aclarado por qué su distribuidor en la zona cerró durante el fin de semana, las autoridades no descartan la posibilidad “de que se trate de presiones que ejercen grupos delictivos (…) obviamente para fines de extorsión, no lo vamos a negar”.
Y esa fue, aparentemente, la razón del cierre de la planta de Coca-Cola en marzo.
Coca-Cola Femsa había informado en enero que sus empleados en Ciudad Altamirano “comenzaron a recibir constantes amenazas del crimen organizado” e incluso habló entonces de un “ataque injustificado” contra uno de sus empleados aunque no aclaró lo sucedido.
La compañía denunció en ese momento que no había ley y prevalecía la impunidad en toda esa zona que durante mucho tiempo estuvo dominada por el cártel de los Caballeros Templarios. Ese grupo, originario del vecino estado de Michoacán, se dividió y su escisión local aparentemente se alió con el cártel de La Familia.
“La lógica más elemental sugiere que en el momento en que la empresa Coca-Cola cierra operaciones, la única que queda es Pepsi Cola, y obviamente se convirtió en blanco de los grupos delictivos”, agregó Álvarez.
Un comerciante de Ciudad Altamirano indicó que los grupos criminales permiten que dos empresas transportistas lleven refrescos de localidades cercanas pero 50% más caros. Las tiendas del municipio solo pueden comprarles a ellos y si intentan introducir ‘clandestinamente’ refrescos de cola comprados en otros lugares, los delincuentes les confiscan el material en los controles que tienen en las carreteras.
El comerciante, que pidió el anonimato por motivos de seguridad, señaló que posiblemente el grupo criminal es el que se lleva parte del exceso de precio cobrado por los transportistas.
Este acoso por parte de los criminales ha generado un ambiente de “desesperación” en la ciudad, agregó el vendedor, porque el cártel les ha estado extorsionando durante años y les exigía pagar cuotas para su ‘protección’, a cada uno una cantidad, según el negocio. Un taxista, por ejemplo, tiene que pagar uno o dos dólares al día para poder salir a trabajar, pero un comerciante, más.
La estructura de extorsión llega a tal nivel que el cártel ha enviado a los comerciantes mensajes diciendo que el próximo año no les pedirían dinero a ellos porque muchos de los productos que ellos venden ya pagan su propia cuota a nivel distribuidor.
