SAN SALVADOR — Caía la noche en la capital de El Salvador, y Ernesto Peña esperaba un bus que nunca llegó. Su jornada laboral, en la que distribuye arroz y aceite de cocina a los vendedores callejeros en el ajetreado barrio de Santa Tecla, había terminado y quería llegar a casa antes del toque de queda informal impuesto por las pandillas que controlan el barrio.
Durante años, Peña y su esposa han ahorrado todo lo que pueden de sus ingresos de 700 dólares mensuales para pagar a los traficantes que los llevarían con su hijo de ocho años a lo que esperan sea un futuro más seguro en Estados Unidos. Pero las desgarradoras imágenes de niños separados de sus padres y enjaulados, publicadas en todos los diarios, han llevado a Peña, de 30 años, a repensar sus planes.
“Siempre hemos pensado en irnos a la USA, pero no hemos recogido el billete”, dijo, mirando nervioso en torno por miedo a que un vigía de la pandilla lo vea hablando con un periodista. “Pero ahora con esto hay que pensarlo”, dijo en alusión a lo que podría ser una cruel recepción si llega a cruzar la frontera.
Las mismas sensaciones de desesperación e impotencia cunden por todo Centroamérica, donde la anarquía, la pobreza endémica y los niveles de violencia similares a los de zonas de guerra no dan señales de disminuir, lo que impulsa a las familias a buscar El Norte a pesar de la “tolerancia cero” decretada por el presidente Donald Trump.
La tasa de muertes violentas en El Salvador sigue siendo la segunda, después de Siria, entre los países del mundo que sufren conflictos armados. La tasa de homicidios fue de 99,7 por cada 100.000 habitantes en 2016 de acuerdo con el estudio global más reciente de la Encuesta de Armas Cortas con sede en Suiza. El número de desplazados en este país de 6,5 millones de habitantes provocados por las batallas entre las pandillas MS-13 y Barrio 18 llegó a 296.000 el año pasado, según el Consejo Noruego de Refugiados.
En la vecina Honduras, uno de los países más pobres y violentos de Latinoamérica, la sensación de inseguridad se ve acentuada por tratarse de una zona de tránsito para la cocaína sudamericana y por las turbulencias políticas que siguieron a la reelección en noviembre del presidente Juan Orlando Hernández entre denuncias de fraude.
En Guatemala _el tercero de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica_ la actividad criminal también aumenta y se suma a la discriminación y abusos que padece la población indígena.
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“Acá ya no se trata de inmigrantes que persiguen el sueño americano”, dijo Sofía Martínez, analista en Guatemala del Grupo Internacional de Crisis y autora de un informe reciente sobre la violencia pandillera centroamericana, “Mafia of the Poor” (la mafia de los pobres).
“Se trata de huir de la pena de muerte”, afirmó.
La represión de la inmigración ilegal decretada por el presidente Donald Trump podría agravar la situación económica y de seguridad en Centroamérica y elevar la migración, dijo Martínez. Meses atrás, Trump puso fin al estatus especial protegido que beneficiaba a 57.000 inmigrantes hondureños y 200.000 salvadoreños, algunos de los cuales viven en Estados Unidos desde hace décadas. Si los deportan, regresarán a países que no están en condiciones de absorberlos ni generan suficiente empleo para darles la oportunidad de trabajar.
La violencia que expulsa a tanta gente de sus hogares se está gestando desde hace décadas.
Las guerras civiles de la época de la Guerra Fría dejaron como legado una debilidad institucional que los delincuentes han sabido aprovechar. Las pandillas surgieron en los barrios bravos de Los Ángeles como forma de autoprotección y crecieron rápidamente cuando decenas de miles de presuntos pandilleros, principalmente salvadoreños, fueron deportados a sus países en la década de 1990. Allí se encontraron con escasas oportunidades para trabajar y marginación por su pasado criminal y su lengua “espanglish”.
“Primero eran unos muchachos que se peleaban ente ellos, se agarraban a cinchazos, ahora tienen armas y son los balazos”, dijo Carmen Sigüenza, de 52 años, quien envió a sus dos hijos, ahora veinteañeros, a vivir en Estados Unidos para que no los reclutaran las pandillas. Ella y su esposo han pensado muchas veces en reunirse con ellos, pero la represión de Trump le da miedo.
“Si estuviera joven no lo pensaría dos veces porque a los jóvenes los molestan y a los viejos casi no”, dijo.
La implacable represión policial ha exacerbado la matanza, sin abordar los males sociales subyacentes que provocan la expansión de las pandillas. En 2002, Honduras bautizó la operación represiva con un término ahora adoptado por Trump: “Tolerancia Cero”. Tras el encarcelamiento de miles de pandilleros, sus estructuras de conducción se volvieron más complejas y la extorsión proliferó detrás de los barrotes.
Tanto en zonas rurales como urbanas, la amenaza de la violencia es omnipresente a pesar de que las tasas de homicidios en los tres países han disminuido. Para entrar en ciertos barrios de San Salvador hay que sobornar a los vigías. El año pasado, 35 conductores y pasajeros de autobuses fueron asesinados, y los que pudieron evitar la bala lo hicieron al son de 19 millones de dólares, según la asociación salvadoreña de transportistas públicos.
La sensación de impotencia es uno de los motivos del aumento de las familias con niños pequeños que tratan de entrar a Estados Unidos, a pesar de que la inmigración no autorizada en general está en su nivel más bajo en casi dos décadas.
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Tras la juramentación de Trump, el número de centroamericanos que cruzaban México para llegar a Estados Unidos disminuyó bruscamente ante los temores de que la retórica trumpiana se tradujera en más abusos y deportaciones, combinada con la represión acentuada que comenzó durante el gobierno de Barack Obama.
Pero el llamado “efecto Trump” parece estar desvaneciéndose a medida que la economía estadounidense se acerca al pleno empleo y las redes criminales que llevan a los inmigrantes al otro lado de la frontera se adaptan a las circunstancias. Hasta ahora, el número de capturas en la frontera con México ha aumentado mes a mes y en mayo alcanzó 40.344, muy lejos de los niveles récord de 2000, pero el triple del año pasado.
Al mismo tiempo, el número de familias que entra ilegalmente a Estados Unidos por la frontera suroeste se sextuplicó en mayo a 9.485, comparado con el mismo mes del año pasado. Desde octubre han llegado más de 57.000, principalmente de Guatemala seguida de Honduras.
Más de 2.300 menores han sido separados de sus padres desde abril, cuando el gobierno de Trump lanzó la política de “tolerancia cero” de juzgar penalmente a los inmigrantes no autorizados y separarlos de sus hijos. El miércoles, Trump se retractó bruscamente y firmó un decreto para detener esa práctica.
Por ahora, el alboroto periodístico y la indignación internacional probablemente disuadirán a más centroamericanos de dirigirse a El Norte, dijo Andrew Seele, presidente del Instituto de Políticas de Migración con sede en Washington.
“Es una respuesta frontal, pero probablemente muy eficaz”, dijo.
Pero en el largo plazo, y en la medida que el derramamiento de sangre y la pobreza siguen definiendo la vida de la gente, la generación de una nueva oleada es solo cuestión de tiempo, dijo Seele.
El miércoles, Cecilia Tojín, de 18 años, estaba entre los 250 migrantes deportados que arribaron a Ciudad de Guatemala en dos vuelos chárter pagados por los contribuyentes estadounidenses. La habían detenido el 14 de mayo en Arizona luego de un viaje de dos meses, sufriendo hambre y frío en el desierto de Sonora del norte de México.
A pesar de las penurias, dice que está dispuesta a intentarlo otra vez. Los 8.000 dólares que obtuvo hipotecando la casa de sus padres para pagar a los coyotes le dan derecho a un intento más.
“No tengo miedo”, dijo entre lágrimas. “Tengo otra oportunidad para intentarlo, lo voy a hacer, me voy a volver a ir”.
