SALEM, Oregon, EE.UU. (AP) — Un grupo de derechos entabló el viernes una demanda de emergencia en una corte federal contra funcionarios de inmigración y de seguridad nacional de Estados Unidos, alegando que le han negado acceso a abogados a inmigrantes detenidos en Oregon.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas transfirió a 123 inmigrantes a principios de junio a la prisión federal de Sheridan, Oregon, debido a que otras instalaciones están saturadas desde que el gobierno del presidente Donald Trump instituyó en abril una política de “cero tolerancia” para las personas que entran de manera ilegal en el país.
La Unión Americana de Libertades Civiles en Oregon interpuso la demanda en Portland a nombre de los detenidos, quienes en su mayoría son originarios de México y países de Centroamérica. Los abogados dicen que se les ha negado acceso significativo a los detenidos, muchos de los cuales escaparon de la violencia en sus países y han pedido asilo en Estados Unidos.
“La Constitución de Estados Unidos protege a todo aquel que esté en suelo estadounidense”, dijo Mat Dos Santos, director jurídico de la ACLU de Oregon. “Tienes derechos fundamentales al debido proceso. No puedes simplemente arrojarlos a la cárcel”.
Entre la gente detenida en la prisión de seguridad media está Luis Javier Sánchez González, cuya familia fue separada en la frontera cuando pidieron asilo en el puerto de entrada, dijo la ACLU.
Él y su pareja, Xóchitl Ramos Valencia, tienen dos hijos: de 1 y 5 años. Ramos dijo que no ha podido hablar con Sánchez desde que fueron separados, y que sus niños están perturbados desde que se llevaron a su padre, aseveró el grupo de derechos.
La portavoz del ICE Carissa Cutrell dijo que no podía hacer comentarios debido a que los procesos están pendientes. No hubo respuesta a una petición de comentarios del Buró de Prisiones.
La demanda señala como acusados a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; al director interino del ICE, Thomas Homan; al secretario de Justicia, Jeff Sessions; y al director interino del Buró de Prisiones, Hugh Hurwitz, entre otros.
Se programó una audiencia sobre la demanda el lunes, dijo Dos Santos.
La demanda pide a la corte que provea a los detenidos acceso a las cuatro salas de visitas de abogados que hay en la cárcel por un mínimo de seis horas al día para recibir asesoría legal. También pide que se ordene la instalación de teléfonos para hacer llamadas directas gratuitas a los abogados y que se permita el acceso de los detenidos a los teléfonos, entre otras cosas.
Los detenidos necesitan asesoría jurídica mientras se preparan para entrevistas con funcionarios del ICE que evaluarán si tienen un grado creíble de temor si son deportados, dice la demanda.
Si no se les provee la asesoría, los detenidos corren el riesgo de ser deportados y de sufrir daños e incluso la muerte como consecuencia de ello, agrega.
