En votación final parcial, la Cámara de Representantes aprobó una medida del presidente cameral, Carlos Méndez Núñez, que busca garantizar la liquidez y la solvencia de los cuerpos legislativos.
El Proyecto 1594 dispone que los intereses de los depósitos de fondos públicos asignados a la rama legislativa sean depositados por las autoridades competentes para sufragar proyectos especiales de la Cámara, el Senado, la Oficina de Servicios Legislativos, Superintendencia del Capitolio, Oficina del Contralor y de los demás organismos adscritos de la asamblea legislativa.
Además, se confirmó el Proyecto 1608, que enmienda la Ley para Facultar a la AEE a Conceder Créditos en la Facturación Mensual de Consumo de Energía a Hoteles y Paradores, para aclarar los parámetros sobre qué áreas de un hotel van a ser beneficiarias del crédito concedido, y para proveer un remedio a las hospederías que fueron intervenidas y perdieron el crédito energético, respectivamente.
Con relación al presupuesto recomendado para el gobierno, el pleno confirmó dos medidas de administración: el Proyecto 1658, que adopta la Ley para Implementar el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2018-2019.
Esto, para establecer las normas de implementación de las asignaciones presupuestarias con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen las ramas ejecutiva, judicial y legislativa para este nuevo presupuesto que comienza el 1 de julio de 2018.
Y la Resolución Conjunta de la Cámara 366, para fijar el presupuesto de gastos de las dependencias, divisiones y subdivisiones del gobierno no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto General.
Aparte, se dio paso al Proyecto del Senado 811, cuyo propósito es establecer la forma en la que tanto la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) podrán facturar a sus abonados durante los períodos en los que no hayan provisto los servicios de agua y luz en situaciones de emergencia.
La pieza, que crea la Ley de Facturación Justa, Razonable y Transparente de los Servicios Públicos surge tras no existir un marco legal que regule la respuesta en cuanto a facturación de ambas corporaciones públicas y cobro en situaciones de emergencia.
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