Amparados en la Ley Federal Promesa, la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó –entrada la noche del sábado– el presupuesto de la isla, cargado de recortes previstos por los miembros del organismo durante la certificación del nuevo Plan Fiscal el pasado viernes.
Así las cosas, con un total de asignaciones del Fondo General que ascienden a $8,757,524 millones, el ente creado por el Congreso pone fin a la pugna entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Asamblea Legislativa por la derogación de la Ley de Indemnización por Despido Injustificado (Ley 80).
Ante la imposición de partidas por la JCF, el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa –también el pasado viernes– quedó desplazado. Los legisladores de Puerto Rico, luego de un intenso debate, dieron luz verde a un presupuesto que totalizaba los $8,709,000 millones del Fondo General.
$8,757,524 – millones es el presupuesto que la Junta de Control Fiscal aprobó el sábado para las tres ramas del Gobierno de Puerto Rico y que se supone entró en vigor ayer
“El presupuesto aprobado es razonable y en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado y los objetivos y metas que en él se delinean”, sostuvo en declaraciones escritas José Carrión, presidente de la JCF. El líder del organismo agregó: “El curso ha sido trazado y, aunque será un reto, todos debemos trabajar juntos para mantener ese rumbo hacia un Puerto Rico más fuerte y con mejores oportunidades para su gente lo más pronto posible”.
De esta forma, la versión de la JCF presenta medidas de austeridad en áreas medulares del Gobierno, por la falta del presunto crecimiento económico que hubiese provocado la eliminación de la Ley 80, proyectado en un .03 % según Carrión.
La propia Legislatura, por ejemplo, recibió un recorte de un 20%, para quedarse con un presupuesto de $111.2 millones. En las Resoluciones Conjuntas que avalaron los legisladores este número era de $134.8 millones. La rama Judicial, que tendrá un recorte de 10%, quedó en el documento de la JCF con $293.2 millones, contrario a los $306.9 que fueron aprobados por los represetantes y senadores. Por su parte, la rama Ejecutiva experimentó, como mencionó Carrión la semana pasada, una merma de 14%. A Educación, por ejemplo, la JCF le redujo más de $58 millones en comparación con lo asignado por la Legislatura.
El presupuesto de la JCF, por el contrario, no fue recortado, y asciende a unos $64.750 millones.
Análisis
Por: John Mudd – Abogado experto en quiebras
¿Podría prevalecer una demanda contra la JCF por el presupuesto?
Para el abogado experto en quiebras John Mudd, el Gobierno de la isla tiene pocas oportunidades de impugnar en los Tribunales el presupuesto certificado por la Junta de Control Fiscal, porque el Tribunal Federal –según la Ley Promesa– no tiene jurisdicción para revisar las certificaciones del ente congresional.
La administración de la isla, continuó, puede alegar en corte que hay violaciones a la Constitución local. Empero, para Mudd no hay distanciamientos con la Constitución federal que cobija a la JCF y que está por encima de las leyes locales.
Además, si se encontrara a nivel federal que la Ley Promesa y la JCF son inconstitucionales, se levantaría la quiebra de Puerto Rico, y las cuentas del Gobierno podrían ser embargadas, dijo.
Finalmente, indicó que es importante observar si el gobernador Ricardo Rosselló retará el presupuesto. De no hacerlo, habría que ver si la Legislatura tiene la capacidad para demandar.
