El gobernador Ricardo Rosselló Nevares fue emplazado por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes para que implemente el presupuesto que firmó hoy y que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado sábado.
Los legisladores del PPD Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Jesús Santa Rodríguez y Jesús Manuel Ortiz afirmaron que “una vez más queda evidenciada la obstinación del gobernador en poner todo el peso y los sacrificios en la clase trabajadora”, debido a su compromiso con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Por más que trate de disimularlo, Rosselló demostró que está con la Junta y no con la gente. Lo que debe hacer el Gobernador es completar el trámite procesal y convertir en ley el presupuesto que aprobaron los funcionarios electos del país e instruya a sus jefes de gabinete para que lo implementen”, expresó Hernández Montañez.
Agregó que “este es momento de luchar de frente a la Junta de Supervisión Fiscal y no de una forma simbólica como él mismo dijo haber firmado este presupuesto”.
El portavoz del PPD en la Cámara catalogó como una mentira al pueblo la firma simbólica del presupuesto por parte del gobernador Rosselló Nevares, acción que denota que no tiene verdaderas intenciones de defender los servicios esenciales de salud, educación y seguridad, volviendo a colocar el peso de la crisis sobre los hombros de la gente.
Hernández Montañez prevé que, de igual forma, será la JSF la que lo lleve al tribunal por incumplimiento al plan fiscal certificado.
“Por un lado invocan la Constitución para el pago de la deuda, pero no así para proteger los servicios esenciales; no la utilizan para defender el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes; para pagar es buena, pero para proteger el acceso a mejores servicios de salud no; tampoco es buena para garantizar la seguridad de nuestra gente, nuestras calles y propiedades”, argumentó.
Mientras, el su correligionario Jesús Manuel Ortiz manifestó que “los tres presupuestos, el certificado por la Junta, el radicado hace unas semanas por el Gobernador tras su acuerdo con (José B.) Carrión y el aprobado por la Asamblea Legislativa, representan un duro golpe a la ciudadanía, ya que ninguno protege los servicios esenciales que necesita la población”.
“Ninguno de los presupuestos que se están discutiendo destina lo necesario para seguridad pública, salud ni educación, trastocando así la calidad de vida de todos los puertorriqueños”, reiteró.
Ortiz agregó que más allá de tratar de confundir al país con controversias técnicas, “el Gobernador tiene la obligación de proteger los servicios esenciales de la gente como el equipo para la policía y bomberos, las terapias de los niños de educación especial, la nómina de empleados que ofrecen servicios en el Departamento de Salud”.
Lamentó que “ese no ha sido el norte del gobierno en el proceso presupuestario ni al momento de llegar a acuerdos con la Junta”.
El representante Jesús Santa dijo, en tanto, que el gobernador Rosselló Nevares no debe asumir la defensa del país como un acto simbólico.
“Su responsabilidad, según juramentó el 2 de enero de 2017, es defender los mejores intereses de nuestro país y nuestra gente”, subrayó el portavoz del PPD en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Santa advirtió que el mandatario “no puede seguir negociando con la Junta a espaldas del pueblo, para luego venir a pedir votos de confianza a la Legislatura; o defiende a la Junta o defiende al país”.
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