El gobernador Ricardo Rosselló confirmó ayer que las agencias públicas permitirán a sus trabajadores escoger si desean o no pertenecer a una unión, federación o sindicato, y si desean o no seguir pagando la cuota que requiere esa matrícula, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Janus versus AFSCME.
“Es un ejercicio de empoderamiento al trabajador, tú le estás diciendo ahora al trabajador con la nueva decisión, ‘tú escoges si quieres pagar o si no quieres estar unionado’, así de sencillo”, afirmó el gobernador en expresiones a la prensa. “Se le va a permitir por supuesto a los trabajadores que bajo el derecho, ahora, puedan tener esa decisión y el secretario (del Trabajo) Saavedra estará trabajando sobre ello”, sostuvo.
Por su parte, el secretario del Trabajo, Carlos Saavedra expresó que “iniciamos conversaciones con la Secretaria del Departamento de Justicia y esperamos tener una guía, la próxima semana, con los mecanismos y los pasos a seguir para implementar la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declara inconstitucional el descuento de cargos por servicios a los empleados públicos que no estén afiliados a una unión. La determinación del Supremo federal en el caso Janus v. AFSCME (American Federation of State) deja claro que el Estado no puede seguir deduciendo el cargo automáticamente a los empleados desafiliados sin su consentimiento. Esa guía hará que el proceso en cada agencia sea uniforme”.
Las declaraciones del gobernador y Saavedra surgen luego de que Metro revelara que en Puerto Rico está a punto de emitirse un fallo a favor de un empleado que impugnó su afiliación compulsoria a la Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), a raíz de la decisión del Supremo.
Ese fallo establece en la opinión de mayoría que “ni un arancel de agencia ni ningún otro pago al sindicato pueden deducirse del salario de un no miembro, ni se puede hacer ningún otro intento para cobrar dicho pago, a menos que el empleado acepte afirmativamente un pago”.
Reynaldo Cruz, un operador de planta de la AAA con 26 años en la corporación pública, es representado por la misma fundación que llevó el caso que acaba de sentar un nuevo precedente en Estados Unidos. El funcionario lleva un pleito desde octubre de 2017 contra la AAA, la UIA y el Gobernador pidiendo que se declare inconstitucional que le cobren cuota del sindicato y que lo obliguen a formar parte de este.
El presidente ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza, indicó que, en relación con la solicitud que hizo el empleado afiliado a la UIA para que se le dejara de descontar la cuota de la unión, “la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realizó un minucioso análisis de este caso y concluyó que los descuentos se estaban haciendo conforme a las disposiciones aplicables del convenio y de las leyes aplicables en ese momento”. Díaz Atienza no confirmó ni descartó que la AAA se allane en el tribunal tras la decisión del Supremo.
“La AAA y sus abogados se encuentran evaluando el caso en cuestión a la luz de la nueva opinión legal del Tribunal Supremo Federal y las expresiones del gobernador. Una vez el análisis haya concluido, podremos emitir una opinión”, apuntó en declaraciones a Metro.
Metro se comunicó en varias ocasiones con el presidente de la UIA, Pedro Irene Maymí, para obtener una reacción al caso que pesa en contra de la unión en Puerto Rico, pero no ha respondido.
Jaime L. Sanabria Montañez, profesor de Derecho Laboral en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y abogado laboral en la práctica privada, analiza los hechos:
¿De qué manera la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos aplica en Puerto Rico?
–Precisamente en el punto que tiene que ver con el cobro de cuota a empleados que no son parte de esa unión. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional –porque entiende que violaba la libertad de expresión y la Primera Enmienda– el hecho de que personas que no son parte de una unión estén aportando dinero a fines que pueden considerarse a lo mejor políticos, sin esas personas estar de acuerdo con ello. Si algo puede pasar en Puerto Rico es que las personas son empleados de una corporación pública o de una agencia que aporten a las cuotas de unionados porque la ley así lo requiere, pues pueden entonces ejercer su derecho a que no se les descuente o paguen cuotas para esos fines.
¿Cómo ve la posición del gobernador Ricardo Rosselló en el pleito legal que lleva el empleado Reynaldo Cruz en contra del Primer Ejecutivo, la AAA y la UIA?
–Creo que el gobernador no tiene muchas alternativas, va a tener que decirle al Tribunal que tanto la Ley 130 como la Ley 45 en la medida que obliguen a un empleado no unionado a pagar una cuota, son leyes que son inconstitucionales. No creo que tengan muchas alternativas para argumentar ante el Tribunal algo distinto. Van a tener que reconocer que las leyes actuales que aplican a las uniones en el sector público son inconstitucionales ya que no son consistentes con ese precedente que acaba de decidir el Tribunal Supremo.
Antes de la decisión del Supremo, ¿se discutía este asunto en la Academia?
–Sí, este asunto definitivamente se discutía. De hecho, antes de que el Tribunal Supremo (federal) resolviese este asunto, existían en Estados Unidos 28 jurisdicciones que tenían lo que se conoce Right-to-work laws, que lo que hacían era precisamente prohibir que se cobraran este tipo de cuotas a los empleados que no eran parte de la unión, así que esto siempre ha sido objeto de discusión, si un empleado que decide no ser parte de una unión debe pagar o no las cuotas.
¿Esta decisión es un golpe fatal para el movimiento sindicalista en Puerto Rico o se trata de una oportunidad?
–Esto es una oportunidad para que el movimiento sindical de Puerto Rico se fortalezca, porque si bien van a recibir muchas uniones un impacto económico directo al no poder cobrar estas cuotas, lo que va a ocurrir es que el movimiento sindical debe concentrar sus esfuerzos en educar a las personas que no son parte de las uniones para ver de qué manera logran afiliarlas, ser parte de la unión. Si le sumas eso a la crisis económica que hay en Puerto Rico, la derogación de derechos de muchos estatutos laborales, el efecto dominó que esto va a tener es que creo que puede aumentar la afiliación a las uniones y solidificar el movimiento sindical, que en Puerto Rico desde hace muchos años está fragmentada.
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