El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó hoy que el Gobierno de Puerto Rico acudirá a los tribunales para defender el presupuesto aprobado en la Asamblea Legislativa.
Aunque el primer mandatario advirtió en entrevista radial (Radio Isla) que los procesos judiciales representan un impacto económico para el Gobierno, precisó que bajo este escenario no quedaron más opciones tras no lograr un acuerdo con el ente federal.
“Consistentes a lo que hemos establecido hoy solicitaremos al tribunal que clarifique que todos los componentes de política pública y administración que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha colocado en el Plan Fiscal y el Presupuesto, son meramente recomendaciones tal como lo establece la Ley federal PROMESA”, expresó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.
De igual forma, Rosselló Nevares añadió que “solicitaremos una sentencia declaratoria y un interdicto sobre los intentos de la Junta de usurpar el poder del Gobierno local a gobernar home rule, pues el presupuesto de la JSF incluye unos componentes de control y de política pública administrativa que van por encima de sus poderes”.
El gobernador indicó que firmó el proyecto que aprobó la Asamblea Legislativa a la vez que requirió al tribunal clarificación sobre cuál presupuesto se debe implementar en ley.
“El acuerdo alcanzado con la Junta hubiera asegurado mucho de lo que hoy sometemos a un tribunal con los costos e incertidumbres que crea un pleito judicial. Nuestro norte siempre será defender a los más vulnerables en todos los foros”, concluyó el gobernador.
Por su parte, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz lo felicitó por la determinación. “Hay que ponerle freno a las pretensiones Napoleónicas de la Junta de Control Fiscal. Tenemos y debemos defender al pueblo de Puerto Rico. Eso es lo correcto señor Gobernador. Lo felicito. Ese presupuesto que se defenderá en el Tribunal, incluye todos los recursos económicos que nuestro gobierno necesita. Ese presupuesto incluye los fondos para el bono de navidad y las licencias de vacaciones de los empleados públicos, los municipios, los departamentos de Seguridad, Educación, Familia, Salud y todo lo demás”, expresó el líder de la Cámara alta.
Del mismo modo, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, avaló en la mañana de hoy la decisión del gobernador.
“Partimos del principio básico de que en toda democracia quien rige los destinos del pueblo son los oficiales electos, funcionarios públicos del pueblo, trabajando para el pueblo. Las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal, particularmente, la de imponer un presupuesto operacional al gobierno, en donde establece ciertas reducciones en diferentes partidas de gastos y elimina otras totalmente, como la del Bono de Navidad a los empleados públicos, no es otra cosa que la imposición de política pública a través del control de la cartera de gastos. Eso únicamente lo pueden hacer los funcionarios que nuestro pueblo seleccionó, libre y democráticamente, en las urnas”, sostuvo.
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