Si el Gobierno desea confrontar a la Junta de Control Fiscal (JCF) y generar cambios a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa), debe operar con el presupuesto que aprobó la Asamblea Legislativa la semana pasada, no el que certificó el organismo federal, opinó el licenciado Phillip Escoriaza.
En definitiva, continuó el abogado y analista político, esta acción culminaría en los tribunales, pues Promesa es clara en la responsabilidad de la JCF de imponer un presupuesto. No obstante, los litigios podrían establecer precedentes para conflictos futuros.
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“Si el Gobierno quiere seguir forzando la crisis, que siga su propio curso, desembolsando los fondos del presupuesto y así una disputa que gane atención en los Estados Unidos. Esto podría mejorar o eliminar estatutos de Promesa”, mencionó Escoriaza.
Esta semana, la JCF aprobó su propio presupuesto, desplazando las partidas avaladas en la Asamblea Legislativa. El organismo federal declaró que las asignaciones aprobadas por el Gobierno local no cumplen con el Plan Fiscal certificado, pues nunca se derogó la Ley de Indemnización por Despidos Injustificados. La eliminación del estatuto fue un requisito de la Junta para dar luz verde al presupuesto de la administración de turno.
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