El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y su homólogo en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, demandaron hoy en el Tribunal Federal a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el propósito de que la corte declare que el ente federal sobrepasó los poderes otorgados por PROMESA y usurpó ilegalmente el poder de la Asamblea Legislativa al implementar su presupuesto y hacer recortes en el gobierno central porque no se derogó la Ley 80 de despido injustificado.
Asimismo, solicitan al Tribunal Federal un injuction para que no se implemente el presupuesto de la Junta y sí el que la Legislatura aprobó el 30 de junio pasado que fue firmado por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevárez. El presupuesto de la Junta, que es de $8,757 millones, es mayor por casi $40 millones, al aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes que es de $8,708 millones.
“Aún cuando la JSF es la evidencia más contundente de que Puerto Rico es una colonia, eso no le da el derecho de querer usurpar los poderes conferidos a la Asamblea Legislativa, no tan sólo por quienes decidieron democráticamente elegir a sus representantes y senadores, sino por el sistema republicano de gobierno que dispone el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Mientras ellos responden a sus intereses, nosotros no claudicamos y velamos por los de Puerto Rico”, opinó Rivera Schatz.
Por su parte, el presidente cameral recalcó que “tal como hemos dicho anteriormente, el proceso de reafirmar el sistema democrático de gobierno que tenemos en Puerto Rico, donde los votos cuentan y la voz del pueblo, expresada libre y democráticamente en las urnas, se tiene que respetar, se traslada ahora al Tribunal Federal. La política pública la avala el pueblo de Puerto Rico, a través de los oficiales electos en la Asamblea Legislativa, no una Junta de Supervisión, la más burda expresión del poder del imperio sobre la colonia. La Legislatura está para servir al pueblo, para velar por sus intereses y para ser su voz. Esta premisa es la piedra angular de todo gobierno democrático y nosotros defenderemos este principio en todo foro”.
Sobre la demanda
En la demanda Rivera Schatz y Méndez Núñez indican que el propio Tribunal Federal estableció que el Congreso “no le otorgó a la JSF el poder de suplantar, eludir o reemplazar a los líderes electos de Puerto Rico al igual que a las personas designadas en el ejercicio de sus funciones gerenciales, siempre que la JSF considere que tal cambio es conveniente”.
Se desprende de la demanda que la JSF “se excedió en su autoridad al intentar obligar a la Cámara de Representantes y al Senado a aprobar un proyecto de ley que derogaría retroactivamente la Ley 80 como condición para aprobar el presupuesto. Sin embargo, como establece la sección 205 de la Ley PROMESA sobre la recomendación de política pública, Rivera Schatz radicó por petición de la JSF el Proyecto del Senado 1011, a través del cual, entre otras cosas, se proponía derogar la Ley 80. Sin embargo, según la demanda, esta sugerencia de la Junta “no tiene ninguna relación con ‘lograr responsabilidad y acceso a los mercados capitales’ “lo que es uno de los propósitos del Congreso con la aprobación de PROMESA.
Destacan su gestión
A pesar de “la naturaleza no vinculante de esta recomendación” el Senado accedió a la petición de la JSF aprobando el Proyecto del Senado 1011 de forma prospectiva y no retroactiva como propuso el ente federal. Por su parte, la Cámara de Representantes, aprobó otra versión del Proyecto senatorial que también derogó la Ley 80 pero al Senado no concurrir con las enmiendas se provocó un comité de conferencia y posteriormente se determinó que la Ley 80 no sería derogada. Ante esta determinación, la JSF, excedió su autoridad bajo PROMESA y rehusó certificar el presupuesto aprobado por la legislatura.
“Contrario a lo que la JSF cree, el Congreso no determinó que la Legislatura fuera un sello de goma de la JSF por lo que la Junta no puede eludir los límites de su autoridad impuestos por el Congreso a través de tácticas de mano dura”, reza la demanda en la cual se explica que el Congreso no eliminó la forma republicana de gobierno cuando aprobó PROMESA en el 2016.
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