El Tribunal Supremo de Puerto Rico dejó sin efecto la decisión que ordenaba que algunas escuelas —en lista de cierre del Departamento de Educación— se mantuvieran abiertas. Así las cosas, se da paso al cierre de planteles escolares.
Seis de los jueces del Supremo estuvieron de acuerdo en dejar sin efecto la determinación que ordenaba el cierre de un grupo de escuelas, dos estuvieron en contra y uno se inhibió. Los jueces que favorecieron el cierre de las escuelas fueron: Edgardo Rivera García, Rafael Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco, Ángel Colón Pérez, Erick Kolthoff Caraballo y Anabelle Rodríguez. Los jueces disidentes fueron Luis Estrella Martínez y Maité Oronoz. El juez Roberto Feliberti se inhibió. La alineación de los jueces en este caso se alejó de su división partidista.
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Los jueces Martínez Torres, Pabón Charneco y Kolthoff Caraballo se unieron a la opinión de conformidad emitida por el juez asociado Rivera García. Mientras que la juez Rodríguez compartió la opinión del juez Colón Pérez.
Parte de la opinión de Rivera García indica que “no hay duda, de que el cierre de escuelas obedeció a planificar la estructura administrativa del Departamento para maximizar los recursos disponibles y asegurar el buen uso de la propiedad pública. Su propósito respondió al interés público del Departamento de procurar un mejor y más efectivo uso de sus recursos”.
Por su parte Colón Pérez, justificó su posición ya que asegura que en el cierre de escuelas presentado por la actual administración “no están presentes aquellas circunstancias –de privación del derecho constitucional a una educación primaria y secundaria– que ameriten la intervención del Poder Judicial”.
Sin embargo, Estrella, quien tuvo una opinión disidente apoyada por la juez presidenta Oronoz, expresó que “no se trata de otorgarle a los estudiantes o a los padres y madres, ni mucho menos a la Rama Judicial, un poder de veto contra el cierre de escuelas. De lo que se trata es de que el Estado ejerza su facultad dentro de los parámetros constitucionales y legales, y con el sentido común que debe imperar en una sociedad democrática”.
A finales de junio, el Supremo declaró no ha lugar una petición de Educación para paralizar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en Arecibo, pero entró a ver la controversia. Las partes tuvieron cinco días para presentar sus posiciones. En esta ocasión, el máximo foro resolvió dejar sin efecto la orden del tribunal de instancia en un caso que llevaron nueve escuelas de la Región Educativa de Arecibo. La impugnación al cierre de las escuelas la hizo la Asociación de Maestros de Puerto Rico y el municipio de Morovis.
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El caso en Arecibo lo atendió el juez Santiago Cordero Osorio.
Por su parte el Departamento de Educación (DE) emitió unas declaraciones escritas que exponen que “hoy (ayer) el Tribunal Supremo validó la autorización concedida por Ley al Departamento de Educación para consolidar planteles escolares. El proceso de consolidación de planteles no fue uno fácil, pero se hizo siguiendo las guías establecidas y garantizando el derecho a la educación de todos los estudiantes. Esta decisión nos permite continuar con la transformación de nuestro sistema educativo, cuyo norte es ofrecerle mayores beneficios y mejores oportunidades a nuestro estudiantado”.
Mientras que la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, reaccionó en las redes sociales sobre la decisión del Tribunal expresando que, “el Supremo acaba de dar paso al cierre de las escuelas Carlos Alberio, Manuel A. Díaz y Segunda Unidad David Colón Vega de Morovis. Ahora le corresponde al Gobernador dar cara a todas las familias afectadas”.
En otro caso que lleva la Asociación de Maestros contra la Reforma Educativa, el Tribunal Supremo paralizó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre las escuelas chárter. Se espera que los jueces del Supremo analicen el pleito en su fondo.
CDC determina violación de derechos de niños
La Comisión de Derechos Civiles (CDC) concluyó, como parte de un informe, que el proceso llevado a cabo por el Departamento de Educación con relación al cierre de escuelas lesionó el derecho a la educación de los niños y niñas del sistema público.
“Tras realizar cuatro audiencias públicas concluimos que el proceso de cierre de escuelas fue uno desorganizado y sin la participación y orientación de los componentes de las comunidades escolares. Esto es, a los y las estudiantes, a los padres madres y encargados, al personal docente, no docente y administrativo y a la comunidad en general”, señaló la presidenta del organismo público, Georgina Candal Segurola.
La determinación surge el mismo día que la Comisión de Derechos Civiles emitió un informe con señalamientos de fallas en el proceso para cerrar las escuelas.
